Hace alrededor de cinco
años que hizo acto de presencia la
desconfianza en la escena financiera mundial. A principios de agosto comenzó el
crédit crunch y la crisis más grave
desde la Gran Depresión.
Ha transcurrido
bastante tiempo, y al comienzo del sexto año siguen dominando los mismos
rasgos: desaceleración global sincronizada, dudas sobre la viabilidad de la
eurozona, incertidumbre creciente, y una economía española frustrada y
deprimida.
A todo ello hay que
añadir, quizá, lo más grave: la impotencia e inoperancia política para abordar
las exigencias más urgentes, con el consiguiente deterioro y desafección de los
ciudadanos.
EUROZONA:
Aunque la catástrofe
del euro se trate de un desenlace poco probable en el escenario actual, no
puede descartarse, ya que se ve propiciada por la pasividad dominante en todas
las instancias comunitarias. Las continuas declaraciones de personalidades
políticas y expertos, principalmente alemanes, acerca de la refundación de la
eurozona, basándola en un núcleo mucho más selectivo de economías, han
alimentado esos temores.
Frente al desconcierto
dominante en la eurozona desde hace meses y a la incapacidad de las autoridades
comunitarias y nacionales para gestionar la crisis de deuda pública, los
directivos de las empresas ha elaborado posibles escenarios de ruptura del
euro: el valor de los activos, el potencial de generación de resultados o la
simple evolución de los tipos de interés están seriamente condicionados por las
probabilidades asignadas a esa contingencia de reversibilidad o fragmentación
de la moneda única.
En numerosas ocasiones
se nos pregunta a los economistas respecto a las consecuencias posibles de la fractura
de la eurozona. La realidad es que no somos brujos y, desafortunadamente, no
disponemos de esa capacidad de predicción. La realidad es que aunque solo fuera
una economía la que quedara fuera del euro, las convulsiones serían de
suficiente envergadura como para que el valor de numerosas empresas registrara
caídas importantes. La capacidad operativa, fundamentalmente comercial y
financiera, de las empresas más internacionalizadas quedaría seriamente
limitada, al menos a corto plazo.
Las consecuencias
serían mucho mayores si se desencadenasen los abandonos de economías como la
italiana o la española: aparición del riesgo de cambio al pasar a distintas
monedas; fuerte devaluación de las monedas domésticas recuperadas; posibles impagos o moratorias de deudas
públicas y privadas; limitaciones sobre la movilidad internacional de los
capitales… etc.
En general, daños y deterioro
en las condiciones de vida de los ciudadanos, que, en el mejor de los
escenarios, tardarían muchos años en recuperarse.
La realidad es que
dependiendo de a quién preguntemos, la probabilidad de resquebrajamiento del
euro es grande o, por el contrario, muy reducida, pero nadie puede descartar
por completo la salida de la eurozona de uno o más países.
La Unión Europea se
enfrenta en los próximos meses a decisiones vitales que definirán el futuro de
la unión monetaria y de todo el proyecto europeo: un nuevo rescate para
España —y quizás para Italia— en el que el BCE y el Fondo Europeo de
Estabilidad Financiera (FEEF) se aliarían para comprar deuda soberana;
otra ronda de recortes del Gobierno de Mariano Rajoy para asegurar el
cumplimiento del sacrosanto objetivo de déficit del 6,3% para este año; la
enésima reestructuración del sector financiero español, ahora con la
posibilidad de liquidar entidades insolventes y la creación de un banco malo;
un empujón definitivo a reformas de las instituciones europeas tan importantes
como la unión bancaria, fiscal y política; y, como siempre, el problema de
Grecia sobrevolando todos los demás.
La troika (Comisión,
BCE y Fondo Monetario Internacional) deberá presentar a finales de septiembre o
principios de octubre el informe que servirá como base para que los líderes
decidan si rompen la baraja y expulsan de hecho a Atenas del proyecto europeo. Esta decisión para la mayoría de analistas es la más
urgente.
España deberá hacer
malabarismos para poner en marcha el rescate de su banca de hasta 100.000
millones de euros y, al mismo tiempo, anunciar que pide otra ayuda de
miles de millones de euros de para
calmar las tensiones que amenazan con empujar al país a la bancarrota.
Es la hora de las
decisiones europeas. La tradicional desidia o incapacidad de sus líderes para
tomar decisiones radicales ya no es posible.
En la eurozona ya hay siete
países en recesión (caídas del PIB), Francia continua estancada, y la desaceleración económica de Alemania, con
un débil crecimiento de 0,3 por ciento del producto germano, muestran una
situación económica en el Viejo Continente muy complicada.
El Producto Interior
Bruto (PIB) de la economía de la Eurozona retrocedió un 0,2 por ciento en el
segundo trimestre de este año, según datos publicados por Eurostat (oficina de estadísticas europea), y los
pronósticos para el tercer trimestre no arrojan la ansiada luz al final del
túnel.
En tasa interanual, el
Producto Interior Bruto (PIB) de la
Eurozona cayó de manera más marcada, hasta el 0,4 por ciento.
El retroceso de la
economía europea se debe, según esas estimaciones, a que países como España,
Italia, Portugal, Grecia y Chipre suman dos o más trimestres consecutivos a la
baja. A nivel de la Unión Europea, de los 27 países miembros, siete se
encuentran en recesión, mientras que seis de ellos –Reino Unido, Portugal,
Chipre, Italia, España y República Checa– empeoraron sus expectativas por
tercer trimestre consecutivo. Algunos economistas advierten incluso que el
crecimiento económico podría caer aún más en el transcurso del año, ya que no
se vislumbra el final de la desaceleración.
Francia evita a duras
penas caer en recesión (ha registrado el tercer trimestre de estancamiento
económico), principalmente, como consecuencia del retroceso del consumo de los
hogares (un 0,2 por ciento) y al empeoramiento de su balanza comercial (las
importaciones crecieron un 1,8 por ciento frente a la subida del 0,2 por ciento
de sus exportaciones).
La locomotora alemana ha
reducido fuertemente su ritmo de crecimiento (en el segundo trimestre del año ha
sido del 0,3 por ciento). Su economía consiguió hacer frente a la crisis que
atenaza a gran parte de la Eurozona, gracias a impulsos procedentes del
comercio con países externos a la Zona Euro y del consumo interno alemán, que
compensaron una caída en las inversiones de sectores claves como el de la
maquinaria pesada.
Además, otros datos
señalan que no son, precisamente, buenas las perspectivas alemanas. Se espera
un aumento del PIB en el tercer trimestre de tan sólo un 0,1 por ciento.
Muy negativa ha sido la
evolución de la economía portuguesa, ya que se ha contraído un 3,3 por ciento
interanual en el segundo trimestre del año. Se trata de los peores resultados
trimestrales registrados desde 2009. Estas
malas cifras han venido motivadas por una fuerte caída del consumo en la
economía lusa, ya que en sólo tres años, el consumo ha descendido hasta el
nivel que se encontraba en el año 1999.
Lisboa ha implantado
todas las reformas exigidas por Bruselas y, la realidad es que tiene que hacer
frente al crecimiento de su tasa de paro que ha alcanzado una cifra record del
15 % durante el pasado mes de junio.
Por otro lado, frente a
los problemas de las primas de riesgo española
e italiana, el presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, a principios de
septiembre, defendió la competencia actual del Banco Central Europeo para
comprar cierto tipo de deuda soberana en los mercados secundarios, lo que le
permitiría actuar de inmediato para aliviar la presión sobre las altas primas
de riesgo.
"Las intervenciones en el mercado secundario a
tres años no contravienen a los tratados europeos", según señaló en
una reunión a puerta cerrada de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios
del Parlamento Europeo (los mercados secundarios son aquellos en los que
inversores, privados y públicos, negocian con los bonos ya emitidos por el
Tesoro).
Ahora bien, Draghi apostilló
que los países ayudados tendrán que cumplir más exigencias: "una nueva intervención en el mercado de deuda
estará ligada a más condiciones".
Habrá que ver que
resulta finalmente, de la decisión que adopte la institución que preside Draghi
en la primera quincena de septiembre.
ESPAÑA:
Según el Instituto
Nacional de Estadística (INE), las políticas de austeridad del Gobierno
y el desplome del consumo de los hogares han agravado la crisis, ya que el
producto interior bruto (PIB) descendió un 0,4% en el segundo trimestre (una
décima más negativa que en el trimestre anterior). Se trata del cuarto
trimestre consecutivo en cifras negativas,
y además, el Gobierno ha reconocido “que no espera que volvamos a una
senda de leve crecimiento hasta los primeros trimestres de 2013”.
Los datos de
contabilidad nacional publicados señalan que la demanda interna española tiene una
influencia negativa muy grande sobre la producción española. El consumo de los
hogares ha caído un 1% en tasa trimestral (supone uno de los mayores problemas
de la crisis, tras varios trimestres de fuertes caídas). La elevada tasa de
paro (casi un 25%), el miedo y las dificultades para conseguir créditos bancarios
han retraído fuertemente el consumo de los españoles.
También están pasando
factura los recortes llevados a cabo por el Gobierno para cumplir con las
exigencias de déficit público de Europa: el gasto de las Administraciones
Públicas cayó un 0,7% y enlaza su quinto trimestre consecutivo negativo. Las
inversiones descendieron otro 3%. Según FEDEA (Fundación de Estudios de
Economía Aplicada), “la demanda interna cada vez contribuye menos al crecimiento,
tanto la privada como la pública, por la caída del consumo de los hogares y la
consolidación fiscal a la que está siendo obligado el Gobierno”, advirtiendo
que durante la segunda mitad de este 2012 va a ser peor.
En total, la demanda
nacional restó al crecimiento 3,9 puntos en el segundo trimestre (siete décimas
más negativa que en el trimestre anterior). En compensación, las exportaciones
lograron salir del parón del primer trimestre, y han vuelto a convertirse en la
única fuente de crecimiento en el PIB entre los meses de abril y junio, ya que
han registrado una subida del 1,6%, con lo que mantienen su aportación al PIB
trimestral en la misma cuantía que en el trimestre pasado (2,6 puntos).
Por otro lado, respecto
a las cuentas públicas, El déficit del Estado en los primeros siete meses del
año ascendió a 48.517 millones de euros, lo que representa el 4,62% del PIB. De
este modo, la Administración central agota ya el margen del 4,5% que había
acordado con la UE para 2012. Hacienda restó importancia a esta desviación,
justificada por las transferencias a otras Administraciones, y aseguró que se
cumplirá la meta pactada con Bruselas.
El IVA sigue sin
remontar y la recaudación cayó el 9,2% (un -8,7% ajustadas las devoluciones).
En junio la reducción fue del 10%, por lo que el Gobierno ha afirmado que se
está "amortiguando" el descenso en los ingresos y que la previsión
oficial de caída del 3,3% se cumplirá. La recaudación por impuestos especiales
también cedió un 5,9% por el menor consumo de labores de tabaco (-7,2%) e
hidrocarburos (-6,6%).
En el lado de los
gastos, entre enero y julio subieron un 20,9%. El mayor avance se produjo en
los gastos financieros, con una subida del 115,9% hasta los 20.032 millones,
provocada por la mala evolución de los tipos de interés.
En otro orden, el crecimiento del desempleo y el
consiguiente incremento de parados con derecho a prestaciones, tanto
contributivas como no contributivas, sigue introduciendo presión a las
deterioradas cuentas de la Seguridad Social. Hasta julio registraron un
superávit de 2.375,15 millones de euros, lo que representa un descenso del
32,3% con respecto al mismo periodo de 2011, según los datos hechos públicos
por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Este saldo positivo fue
el resultado de unos ingresos que alcanzaron los 72.651 millones de euros, con
un aumento del 1,71% respecto al año pasado, frente a unos gastos de 70.275,86
millones, que crecieron el 3,47%.
Este recorte del
superávit habría sido superior de no ser por las mayores transferencias del
Estado. A 31 de julio, la Seguridad Social había recibido el 82,44% del total
de las aportaciones contempladas en los Presupuestos. Sin la inyección del
Estado, el resultado presupuestario del sistema en los siete primeros meses
sería de 1.046,59 millones de euros, un 70,1% inferior respecto al mismo
periodo de 2011.
Especialmente
preocupante, han sido los datos publicados por el Banco de España
correspondientes a Junio (cuando el Gobierno solicitó un préstamo de hasta
100.000 millones de euros a los socios europeos) que señalan que la tasa de préstamos morosos
o de difícil recuperación alcanzó en esa fecha el 9,42% del total, el
equivalente a 164.360 millones de euros. La entrada de España en su segunda
recesión en tres años, y el persistente deterioro del mercado laboral es la
causa de que el deterioro de los créditos vaya más allá de su cartera
inmobiliaria, que en cualquiera de los casos sigue siendo el responsable de las
dos terceras partes de su morosidad.
Tal vez no sea
políticamente incorrecto afirmarlo, pero salvo intenciones inconfesables
–perdón por la afirmación-, es inexplicable que continuemos sin conocer con el
detalle preciso la verdadera situación del sistema bancario español en su
conjunto.
De forma que lo que era
un “goteo” de familias y empresas retirando sus depósitos de la banca
española, en los últimos meses se ha convertido en una “riada”, como
consecuencia de las dudas crecientes sobre el futuro de la economía y del
sistema financiero.
Según datos del propio
BCE, los depósitos dentro de la categoría otros sectores residentes (integra
a todos, excepto al Estado central y a las propias entidades bancarias) retiraron
durante el mes de julio pasado 74.228 millones de euros de los bancos españoles
(el 4,69% del total). Se trata de la mayor pérdida habida desde septiembre del
año 1997.
Tanto el Ministerio de
Economía como el Banco de España relativizaron la importancia de la
caída, considerándola “estacional”.
La avalancha de
retiradas ha hecho caer el volumen total de dinero ingresado en los bancos españoles
hasta 2,336 billones de euros (59.800 millones menos que hace un mes).
Según un portavoz
del Banco de España, las familias y empresas solo han sacado un tercio de
los 74.200 millones retirados, y en gran parte por motivos estacionales. “En
julio muchas empresas pagan sus impuestos”, dijo el portavoz, y “muchas
familias retiran el dinero que tenían ahorrado para las vacaciones”.
Esta disminución de los
depósitos supone igualmente un riesgo para el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), (la
garantía prevista para los depositantes en
caso de insolvencias).
De la misma forma, las
dudas sobre España y la desconfianza en su banca, tanto desde el exterior del
país como entre las propias entidades, ha convertido al Banco Central Europeo
en la única vía de financiación para el sector. Además, la dependencia de los
bancos y cajas a la ventanilla de liquidez del organismo presidido por Mario
Draghi no ha parado de aumentar desde el pasado septiembre y, en julio, el
dinero prestado desde Fráncfort a la banca española ha marcado un nuevo
récord con 375.549 millones de euros. Además, la parte de estos fondos que
se han solicitado a corto plazo aumenta considerablemente con un repunte del
54% hasta los 69.300 millones (24.400 millones de euros más).
Según los datos
publicados por el Banco de España, la banca española aumentó en julio un 11%
(38.343 millones) su apelación al crédito del BCE con respecto a junio. Frente
al mismo mes de 2011, la media mensual de julio supone multiplicar por siete la
de hace un año, lo que se explica por el fuerte aumento de la desconfianza en
el sistema financiero español. En este sentido, el dato también recoge el
efecto que tuvo entre los inversores la decisión del Gobierno de solicitar el
rescate europeo para la banca a principios de junio.
Otro signo que pone en
evidencia las mayores dudas que pesan sobre la banca española es que el sector
acaparó el 50% del total de la financiación al eurosistema. Con este dato, España
se mantiene al frente de los otros países del euro, como país que más dinero
tiene pendiente de devolver al BCE. Solo las entidades italianas se acercan,
con 283.300 millones.
España acapara el 33%
del total de la financiación bruta, lo que en cualquier caso está por encima
del peso del país en el conjunto del eurosistema, que ronda el 12%.
La abundante liquidez
de la que goza el sector financiero es una consecuencia de la barra libre que
el BCE puso en marcha entre diciembre y febrero. Con estas operaciones
extraordinarias, Draghi inundó el sistema con un billón de euros de dinero
barato a devolver en tres años. Se trata
de fondos que permanecen en los balances
en las entidades (tienen pendiente de devolver 1,08 billones a largo plazo). Las
españolas tienen una cifra de 332.847 millones de euros.
El dinero, en gran
medida, se ha destinado a comprar deuda pública de los países en los que
residen los bancos, sobre todo en el caso de los socios del sur del euro como
España, Italia y Portugal, que pagan unos intereses mayores de lo que les
cuesta a las entidades pedirlo en la ventanilla del BCE. Mientras el instituto
emisor les cobra un 0,75% desde julio por los créditos, la banca puede obtener
unos rendimientos que, solo en el caso español, ya se van al 2,6% en las letras
a tres meses del Tesoro.
Además, las entidades
españolas tampoco se fían unas de otras. Según los últimos datos sobre la
balanza de pagos publicados por el Banco de España, la fuga de capitales desde
España al exterior aumentó en mayo tras el estallido de la crisis de Bankia. Y
no solo por los movimientos de los inversores extranjeros, ya que también los
propios bancos españoles optaron por invertir su liquidez en otros mercados
interbancarios.
Con este panorama, el
Gobierno aprobó la tercera reforma financiera de la legislatura y la quinta
desde el comienzo de la crisis. El Real Decreto Ley de Reestructuración y
Resolución de Entidades de Crédito no es otra reforma más, sino que pretende
ser la llave maestra que abre la puerta al rescate del sector bancario español
y sienta las bases de su futuro. Con ese objetivo, el texto ha tenido que
incorporar las exigencias plasmadas en el Memorándum de Entendimiento (MoU, por
sus siglas en inglés) que Bruselas impuso a España como condición para acceder
al crédito de 100.000 millones de euros del fondo de rescate.
Se prevén tres niveles
de intervención: el primer nivel está pensado únicamente para entidades
con problemas puntuales y solucionables; el segundo se aplicará a aquellas que
sean viables, pero que necesiten recapitalizarse con recursos que puedan
devolver; mientras que el tercero constituirá un tratamiento definitivo cuando
no existan visos de viabilidad a medio o largo plazo. Un tratamiento que
incluye, entre otras medidas, la venta del negocio y la separación de los
activos buenos y de los dañados a través de la figura del “banco malo”.
Otra de las finalidades
pretendidas es conseguir dinamizar al mercado inmobiliario, propiciando bajadas
de precios de los inmuebles que hasta ahora las entidades acumulan en sus
balances.
En definitiva, la reforma aprobada está dirigida a recuperar
la confianza de los mercados financieros en España y en su sistema bancario. Se
trata de un aspecto imprescindible para que nuestro país pueda rebajar hasta un
coste razonable la factura que está pagando por financiarse en los mercados (la
prima de riesgo).
Con el Real Decreto se
dota al FROB, como el vehículo a través del cual se inyectará el capital, con
una capacidad de endeudamiento de 120.000 millones de euros, que incluye los
100.000 del rescate europeo, más el endeudamiento del propio FROB, que tendrá
su dotación en los Presupuestos del Estado.
Por otro lado, el Fondo
de Garantía de Depósitos se limitará a garantizar las cuentas a la vista y las
imposiciones a plazo en entidades de crédito hasta 100.000 euros por
cliente.
Respecto al desempleo,
el mayor problema de la economía española, el número de parados registrados en
las oficinas de los servicios públicos de empleo se situó al finalizar agosto
en 4.625.634 personas, tras subir en el mes en 38.179 desempleados, con un
aumento porcentual del 0,83%. De esta forma se ha acabado con la racha de
descensos que llevaba registrando el paro en los últimos cuatro meses.
Aún así, la subida de
agosto, mes en el que suele aumentar el desempleo por el fin de la campaña de
verano, es menos pronunciada que la registrada hace un año, cuando el paro
aumentó en 51.185 personas, mientras que en 2009, en un contexto de recesión
económica semejante al actual, se registró un incremento de 84.985
desempleados. El incremento del paro en el mes de agosto es el menor registrado
desde el año 2006, cuando aumentó en 28.693 personas, y se sitúa por debajo de
la media de los últimos diez años. Desde agosto de 2011, el desempleo se ha
incrementado en 494.707 personas, un 11,98%.
La
temporalidad del empleo español crece: por cada 94 contratos que se firman por
tiempo determinado, solo se rubrican seis indefinidos
El supuesto efecto que
la reforma laboral iba a tener para reducir la temporalidad del empleo no
parece estar surtiendo efecto. De los 1,02 millones de contratos de agosto (el
3,7% menos que en 2011), solo 91.200 eran indefinidos. Esta modalidad de un año
para otro ha bajado el 6,54%, mientras que los acuerdos temporales caían el
3,54%. De hecho, solo en un mes, los indefinidos bajan el 32%, frente al 23% de
bajada de los que tienen fecha de finalización. La temporalidad del empleo
español crece: por cada 94 contratos que se firman por tiempo determinado, solo
se rubrican seis indefinidos.
La Seguridad Social
registró un descenso medio de 136.762 afiliados respecto a julio, con lo que se
sitúa en un total de 16.895.977 ocupados al finalizar el mes, informó este
martes el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Este dato es sumamente
preocupante, ya que si bien hasta el momento no ha habido problemas con el pago
de las pensiones, está disminuyendo el número de cotizantes por pensionista.
El eventual rescate,
suave o duro, parece inminente, y sólo está por ver qué condiciones comporta:
fuentes del Gobierno admiten que el gasto en pensiones, lo único considerado
intocable hasta ahora, ya no lo es; y que los impuestos podrían volver a subir
en breve, para tratar de cerrar el déficit en una cifra equivalente al 6,3% del
PIB.
MERCADOS:
Las grandes empresas
españolas han cerrado el peor semestre desde que comenzó la crisis y uno de los
más negativos de su historia.
Sin contar con las
pérdidas de Bankia, que no cotizó en el primer semestre del 2011, el beneficio
neto de los grupos españoles se ha desplomado un 46,5%, hasta 12.358 millones.
Con Bankia, el desplome sería del 65,75%.
La debilidad del
negocio en España, las provisiones de la banca y la caída del consumo han
perjudicado a las cuentas de las empresas cotizadas. El desplome del beneficio
semestral es el peor desde el pinchazo de la burbuja puntocom en 2002, cuando
Telefónica y otras compañías se anotaron provisiones multimillonarias para
sanear sus balances.
En relación a la Prima
de Riesgo, tras la tregua de los primeros días de agosto -llegó a caer a 458
puntos- ha finalizado el pasado mes en 552. La desconfianza sobre España, y la
situación sobre su economía, el sector financiero y las comunidades autónomas
vuelven a ser temas candentes.
Bankia presentó los
resultados del primer semestre del año, que arrojan unas pérdidas de 4.448
millones de euros. Esta cifra obliga al FROB a inyectar dinero en la entidad,
antes de que lleguen incluso los fondos de Bruselas, con el fin de garantizar
su solvencia.
Respecto al mercado de
trabajo, se ha sabido que la negociación
colectiva sigue bajo mínimos a tenor de los convenios registrados hasta finales
de julio. Según el recuento del Ministerio de Empleo, el número de acuerdos en
los siete primeros meses del año entre trabajadores y empresarios (1.209) se
mantiene en el nivel más bajo desde 1981, inicio de la serie estadística.
La moderación salarial
se ha impuesto, ya que el incremento medio de los sueldos ha sido del 0,47% (el
nivel bajo de toda la serie estadística).
Los nuevos convenios de
empresa recogen una subida salarial por debajo del objetivo fijado por
sindicatos y patronal, en su pacto salarial (0,5% en 2013). En aquel acuerdo
entre CEOE, CC OO y UGT (que también minimizó el uso de las cláusulas de
garantía, tan denostadas por el Banco Central Europeo), los representantes de
los trabajadores aceptaron menores salarios reales (una pérdida de poder
adquisitivo) para permitir a empresas en crisis que no optaran por despidos.
Firmado el pacto llegó
la reforma laboral, que trastocó las condiciones del mercado de trabajo y
congeló la negociación colectiva. La reforma laboral facilita el despido
barato, da la opción al empresario de descolgarse de los convenios para bajar
sueldos, consagra la supremacía de los convenios de empresa sobre el resto y
limita a un año la prórroga para llegar a un acuerdo cuando el convenio caduca.
Todo ello redunda en un mayor poder en la negociación a los empresarios, de
forma que puedan rebajar los sueldos en la situación de crisis actual.
Ahora bien, las subidas
de precios por IVA, Tasas, etc. unidas a la moderación salarial suponen una
gran pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores.
El BCE ha pedido “recortes
adicionales en los costes laborales unitarios”. En España han bajado desde el
año 2010 a un ritmo del 2,5% anual. Ahora bien, “rebajar los sueldos tiende a
incrementar la competitividad, pero también puede dañar el crecimiento
económico al deprimir el consumo”, como textualmente ha advertido la OIT (Organización
Internacional del Trabajo).
EMPRESAS:
El miedo a la subida
del IVA ha provocado la carrera por la compra de turismos y todoterrenos
durante la última semana de agosto. Sin embargo se acrecientan los temores del
sector al mantenimiento de las caídas en sus ventas superado el efecto
señalado.
Desde luego en épocas
de apretarse el cinturón, los banqueros no están predicando con el ejemplo: según
el diario Expansión los consejeros ejecutivos de las grandes entidades
financieras españolas atesoran más de 380 millones en sus fondos de pensiones
para cuando decidan jubilarse.
Más del 80% de esa
cantidad está concentrada en los directivos de Grupo Santander. Alfredo Sáenz, consejero delegado de
esta entidad, suma más de 87 millones, convirtiéndose así en el banquero con la
mayor pensión en España, mejor incluso que la de su presidente, Emilio Botín, que acumula 25 millones.
Francisco González, presidente de BBVA, es el segundo del ranking,
con más de 79 millones. Varias de las pensiones de los banqueros españoles
están muy por encima de la media de 25 millones de sus homólogos británicos.
Los directivos del Ibex reciben 16 millones en fondos de pensiones. La mitad de las grandes cotizadas españolas cuentan con planes de ahorro millonarios para asegurar la jubilación de sus presidentes y consejeros delegados, que pueden llegar a cobrar hasta diez veces su salario anual al cumplir los 65 años.
Los directivos del Ibex reciben 16 millones en fondos de pensiones. La mitad de las grandes cotizadas españolas cuentan con planes de ahorro millonarios para asegurar la jubilación de sus presidentes y consejeros delegados, que pueden llegar a cobrar hasta diez veces su salario anual al cumplir los 65 años.