La directora gerente del
Fondo Monetario Internacional (FMI) ha advertido, en una sesión de la ONU, de
una posible ola de bancarrotas en bancos “débiles”
por la crisis de la covid-19, señalando la “necesidad de medidas fiscales para
construir un puente sobre el parón” de la actividad económica, destacando que
la contracción de la economía global será más grave del 3 % estimado
inicialmente por el organismo.
GLOBAL:
El Fondo Monetario
Internacional ha alabado todas las acciones acometidas por los grandes bancos
centrales comprando activos por valor de alrededor de, nada menos, que 4
billones de dólares para “reducir masivamente la presión en los mercados
financieros”: Ha asegurado que el mundo financiero “aún no está fuera de
peligro, ya que Las condiciones financieras siguen dependiendo de desarrollos
económicos y sanitarios inciertos y los países se enfrentan ahora a la
perspectiva de un aumento de bancarrotas que podría afectar a los bancos,
particularmente a los bancos con colchones de capital débiles”.
De nuevo, el FMI ha
subrayado “la necesidad de medidas fiscales para seguir construyendo un puente
sobre el parón económico, y especialmente para ayudar a los trabajadores de las
pequeñas y medianas empresas.
Por otro lado, el Banco
Mundial ha resaltado en un informe que los grandes impactados económicamente
por la pandemia pueden ser los países de renta media y baja, que parten de una
situación notablemente más frágil, ya que han recibido un golpe devastador.
“El alcance y la
velocidad en la que la pandemia de la covid-19 y los confinamientos que han
asolado a los pobres de todo el mundo no tiene precedentes en tiempos
modernos”. Según las cifras del Banco Mundial, solo en este año “60 millones de
personas podrían caer por debajo del umbral de la pobreza extrema. Y estas
estimaciones podrían crecer aún más, con la reapertura de las economías
avanzadas como principal determinante”.
Señala el Banco Mundial,
que “los países emergentes y en vías de desarrollo con sistemas sanitarios
débiles, fuertemente dependientes del comercio mundial, el turismo o las
remesas, así como aquellos que necesitan de las exportaciones de materias
primas, será particularmente golpeados. Y se transmitirán a través de varios
canales: bajos niveles de inversión e innovación, erosión del capital humano de
los desempleados y repliegue del comercio mundial y de las cadenas
trasnacionales de valor. Estos efectos bien pueden disminuir el crecimiento
potencial y la productividad del factor trabajo”.
Sin antes de la crisis
las entradas de las remesas de los emigrantes fluían con normalidad, mejorando
la calidad de vida de las familias de los emigrados, la parálisis de los mercados
laborales de los países ricos ha frenado en seco la tendencia: sin trabajo o
con uno peor remunerado es difícil poder enviar dinero de vuelta a casa. En
paralelo, y con los inversores apretando el botón del pánico, las salidas de
capitales de estos mercados, por mucho los más volátiles, se han convertido en
una constante en las últimas semanas.
Según los economistas del
Banco Mundial, “la recesión prolongará una década de crecimiento decepcionante
en los emergentes, con un daño especialmente severo en aquellas economías que
sufran crisis financieras y en los países exportadores de energía”.
Las consecuencias son
particularmente graves para los emergentes que dependen de las exportaciones de
petróleo, para los que el Banco Mundial señala que “incluso si los precios del
petróleo repuntasen a medida que la demanda mundial se recupera, el reciente
desplome es un recordatorio de la urgencia de los países exportadoras de poner
en marcha reformas que diversifiquen sus economías”.
JAPON:
La economía de Japón se contrajo
un 0,9% en el primer trimestre del año con respecto a los tres meses
anteriores. El Covid ha agravado un escenario que ya de por sí era preocupante
para la tercera economía mundial. La actividad se había contraído en 2019 a
causa de la entrada en vigor de una subida del IVA postergada hasta
en dos ocasiones; los daños causados por los tifones Faxai y Habigis; y la
onda expansiva de la guerra comercial entre China y Estados Unidos.
La situación previa a la
pandemia, ya había llevado al primer ministro Shinzo Abe a presentar un
programa inicial de estímulos por valor de 13,2 billones de yenes (casi
110.000 millones de euros), un 1,9% del PIB, en diciembre del año pasado.
El consumo privado, que
representa más de la mitad de la economía japonesa, perdió un 0,7% en marzo a
pesar de que el gobierno no decretó el estado de emergencia (confinamientos y
cierres de negocios) hasta finales de mes. Y los meses de abril y mayo, seguro
que han sido peores, por lo que se estima una caída intertrimestral del 12%
para el siguiente periodo.
Las exportaciones, otro
de los pilares del país nipón y que representan hasta el 16% de su PIB, también
retrocedieron un 6% en los tres primeros meses del año, a consecuencia de las
alteraciones en las cadenas de producción globales y los obstáculos al comercio
internacional. Se trata del peor dato para el sector desde 2011, año del
fatídico tsunami que provocó el desastre nuclear de Fukushima.
Por todo ello, el
Ejecutivo japonés ha puesto en marcha un paquete de estímulos. El
Plan movilizará casi un billón de euros (casi el 20% de su PIB).
Por otro lado, el Banco
de Japón ha anunciado que va a “adquirir tanta deuda pública como sea necesario con
el objetivo de mantener bajo control los costes de financiación del país”.
ESTADOS UNIDOS:
En un principio se había
anunciado que la tasa de paro estadounidense, sorprendentemente, había caído en
mayo al 13,3% (se esperaba, como máximo, un 20%). Sin embargo, posteriormente, la
Oficina de Estadísticas Laborales anunció que se había producido “un error importante” señalando que la
tasa de desempleo probablemente debería ser mayor: “si no se hubiera producido
este error de clasificación incorrecta, la tasa de desempleo general habría
sido aproximadamente 3 puntos porcentuales más alta que la reportada (un
16,3%)".
Por algunos analistas, no
se descarta que el presidente Trump, o alguien de su equipo, puedan haber
manipulado para mejorar los datos, ya la mayoría de los especialistas esperaban
una tasa de desempleo cercana al 20 por ciento en mayo.
Otros analistas, señalan
como muy poco probable la manipulación, ya que la Oficina de Estadísticas
cuenta con 2.400 empleados de carrera de enorme integridad.
EUROZONA:
Si bien la economía de la
eurozona parece haber tocado fondo, la presidenta del BCE, Christine Lagarde,
la ha definido como “una contracción sin precedentes” en Europa. Y es que el
FMI prevé que el Producto Interior Bruto (PIB) de la zona euro caiga este 2020
un 8,7%. La recuperación empezará en el segundo tramo del año, pero llevará al
menos dos años recuperar los niveles anteriores al inicio de la pandemia. Las
previsiones de la institución apuntan a que los países de la moneda única
crecerán el año que viene el 5,2%, y en 2022 lo harán el 3,3%.
Lagarde explicó que “los
indicadores apuntan hacia una contracción aguda de la economía de la zona euro,
con un deterioro rápido del mercado laboral. La pandemia del coronavirus y las
medidas de contención necesarias han afectado gravemente a los sectores
industrial y servicios, haciendo estragos en la capacidad productiva de la
economía de la zona euro y en la demanda doméstica. Todo ello acompañado de una
gran incertidumbre.
El grado de contracción y
de recuperación dependerán de forma crucial de la efectividad de las medidas de
contención, del éxito de las políticas para mitigar el impacto adverso en los
ingresos y el empleo y la medida en la que la capacidad de suministro y la
demanda doméstica queden afectados de forma permanente”.
Por otro lado, respecto a
los precios, según la oficina estadística Eurostat, la subida de precios, en el
conjunto de la zona euro, bajó al 0,1% en el mes de mayo, en especial a causa
de los bajos precios de la energía. El BCE prevé que este año la tasa de
inflación se sitúe en el 0,3%; en 2021, en el 0,8%, y en 2022, en el 1,3%.
La realidad, es que el
aumento de la preocupación por la creciente amenaza de deflación de la zona
euro, justifica la decisión de la institución presidida por Christine Lagarde
de aumentar la potencia de sus medidas de estímulo.
El propio Gobernador del
Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha resaltado textualmente que “los
riesgos deflacionarios han aumentado y esa es una de las razones por las que el
BCE está tomando las medidas que está tomando, para garantizar que el riesgo no
se materialice”.
Y es que existe el riesgo
de que la pandemia pueda llevar a la zona euro a una espiral de caída de
precios similar a la depresión, y arrastre también a los salarios si no se
contrarresta el golpe a la economía. El gobernador del Banco de España ha
señalado, que “cuando la incertidumbre es muy alta, por ejemplo, cuando existe
el riesgo de baja inflación o incluso deflación, la respuesta de la política
monetaria debe ser aún más contundente e incluso más rápida. No tiene sentido
dudar hasta el último minuto. Cuanto antes se intervenga mejor”.
El Gobernador, Hernández
de Cos, apuntó que “la demanda seguirá siendo débil en los próximos meses,
incluso cuando se levanten las medidas de confinamiento. Es probable que los
consumidores se mantengan cautelosos y sigan ahorrando mientras se preocupan
por perder sus empleos o la amenaza de un nuevo brote de coronavirus”. Llegó a
citar una alta correlación entre paro y ahorro en España.
En este contexto de
ralentización, riesgo e incertidumbre, el BCE ha aumentado su programa de
compra de bonos pandémicos en 600.000 millones de euros hasta los 1,35
billones de euros, y lo alargó, al menos, hasta junio de 2021. Esas compras tratarán
de absorber las enormes cargas de deuda que los Gobiernos están acumulando.
El BCE ha sacado más
artillería de la esperada, ya que la zona euro se halla en el peor trimestre
que haya registrado cualquier serie histórica desde el nacimiento del proyecto
europeo. La economía de los países de la moneda única se habrá desplomado
un 13% entre abril y junio. Y eso que, por ahora, parece que lo peor ha pasado
(no se sabe si habrá rebrotes, ni cuando vayamos a disponer de una vacuna).
Debido al coste de la crisis
sanitaria, la factura de las prestaciones de desempleo o las ayudas a sus
empresas, Bruselas prevé, de momento, que la deuda suba del 84,1% al 102,7% del
PIB en el conjunto de la zona euro.
El Programa de Compras de
Emergencia Pandémica (PEPP, por sus siglas en inglés), nació dotado con 750.000
millones de euros, de los que, durante la hibernación económica, se emplearon
234.665 millones (el 31% del total). Ello motivó que se agotara el programa
rápidamente, por lo que BCE ha vuelto a anunciar su ampliación en 600.000 euros
más.
Por tanto, el programa de
compra de deuda dispone en estos momentos de 1,35 billones de euros. Se irán
empleado hasta “al menos” junio de 2021 o, en cualquier caso, cuando el Consejo
de Gobierno del BCE juzgue que la pandemia ha acabado. A partir de
entonces, y al menos hasta finales de 2022, los vencimientos de la deuda se
seguirán reinvirtiendo. Todo se ha defendido por Lagarde por “la necesidad de apoyar
la economía durante la reapertura gradual y proteger la estabilidad de precios
a medio y largo plazo”, cuando la zona euro bordea la deflación.
Ante un desplome del PIB
del 8.7% en 2020 (que tardará dos años en remontar) y una inflación que a
finales de este año estará en el 0,3%, el BCE apuesta por otra oleada expansiva
hasta haber apuntalado de nuevo la economía europea. Además de incrementar la
potencia del PEPP, el BCE decidió seguir con el programa de compra de activos
(APP, por sus siglas en inglés), de 120.000 millones de euros, y mantener los
tipos de interés intactos.
En la rueda de prensa
posterior a la reunión del Consejo de Gobierno del BCE, Christine Lagarde
indicó que el órgano rector del banco central no había discutido la posibilidad
de adquirir en sus programas 'bonos basura', aunque señaló que la institución seguirá
observando la evolución de la situación y adoptando las medidas que considere
apropiadas y proporcionadas.
En relación a la
situación en la economía germana, el Gobierno de coalición de ese país ha
acordado impulsar un programa de gasto público de 130.000 millones de euros.,
con el que hacer frente a las consecuencias del coronavirus.
Las medidas, que serán
aplicadas este año y el próximo, incluyen ayudas a las familias, una reducción
del impuesto sobre el valor añadido y varios miles de millones en ayudas a las
empresas. El Gobierno concederá una prima única de 300 euros por hijo, que se
pagará junto con el subsidio familiar.
El plan anunciado se
añade a los 156.00 millones de otro conjunto de medidas aprobado en marzo, al
inicio de la pandemia. Su alcance es mayor de lo avanzado en los últimos días.
Del 1 de julio al 31 de
diciembre de 2020, el tipo normal del IVA se reducirá del 19% al 16%; y el
reducido pasa del 7% al 5%. También se libera a ciudadanos y empresas de la
carga de los costes de la electricidad.
También destaca una ayuda
para los municipios, que recibirán miles de millones de euros en ayudas del
Gobierno.
Los líderes de la
coalición también acordaron un apoyo adicional de miles de millones para las
industrias que se han visto particularmente afectadas por la crisis. Según un
documento de resolución, se prevé una “ayuda puente” de un máximo de 25.000
millones de euros.
Otros 50.000 millones de
euros se destinarán a inversiones en tecnologías de futuro, incluida la
promoción de automóviles eléctricos y más estaciones de carga. También se
promoverá la tecnología del hidrógeno y la inteligencia artificial. Las
pérdidas en los ingresos de los impuestos de las empresas locales deben ser
compensadas por el Gobierno federal y los länder.
En relación a la economía
francesa, el Instituto Nacional de Estadísticas (Insee) ha señalado que el
PIB francés podría caer este segundo trimestre del año hasta un 20% para acabar
2020 con una caída probablemente mayor al 8% proyectado por el Gobierno.
Apunta el Instituto que
“haciendo la hipótesis que en el mes de junio la economía francesa salve el
tercio de la diferencia que la separa todavía de su nivel antes de la crisis,
el PIB trimestral podría disminuir alrededor de 20% en el segundo trimestre de
2020, tras un primer trimestre en el que registró un primer descenso de -5,8%”.
Subraya la institución,
que “una vuelta a la normalidad parece poco realista a corto plazo. Por lo que
el PIB francés cerrará el año con una caída de al menos 8%. Y ese es un valor
que todavía podría caer más, ya que el impacto global de la crisis sanitaria en
2020 será ciertamente superior, y la reactivación económica en Francia y en el
mundo continuará siendo, en el mejor de los casos, progresiva en el segundo
semestre del año”.
Se apoya ese pesimismo,
en que a pesar de los “masivos apoyos monetarios y presupuestarios, las razones
para que la economía no vuelva a la normalidad en bastantes meses son numerosas:
la fuerte perturbación de las cadenas de valor internacionales, el posible peso
en la productividad que supondrá la imposición de nuevos protocolos sanitarios
o la destrucción de empleo. De acuerdo con sus estimaciones, la disminución de
la actividad respecto a la normal fue del 35% en abril de media, del 25% en
mayo y será del 14% en junio”.
Nuestro país, como
segunda economía receptora, podría captar unos 140.000 millones de euros del
Plan aprobado por la Comisión Europea frente a la pandemia, cifrado en 750.000
millones de euros. El Plan ha sido bautizado simbólicamente como Next
Generation EU (La UE de la próxima generación).
Una importantísima
novedad, es que las ayudas contra la crisis se materializaran mayoritariamente
a base de subsidios y no solo de préstamos. La presidenta de la Comisión,
Ursula von der Leyen, se reivindica así ante un Parlamento Europeo que la
acusaba de falta de ambición. Pero abre una dura batalla entre los Estados
miembros, con Países Bajos al frente de los que se niegan a un trasvase
financiero.
La presidenta está
convencida de que la escena política, social y económica se puede volver aún
más apocalíptica sin una intervención financiera masiva que evite el
resquebrajamiento definitivo de una Unión Europea.
“Lo que empezó como un virus
tan diminuto que no se ve, se ha convertido en una crisis tan grande que no se
puede ignorar. Nuestro modelo sin parangón, construido durante 70 años, se
enfrenta a un desafío como nunca antes en la historia de nuestra Unión”. La
frase, revela una realidad que, desde luego, no puede estar mejor reflejada.
Bruselas calcula que el
gasto sanitario adicional en los países de la UE ascenderá, al menos, a 70.000
millones de euros. Y que las necesidades de financiación, como consecuencia de
mayor gasto público y menos ingresos, se dispararán en 1,7 billones, hasta
alcanzar los 5,4 billones. Además, en el sector privado, la Comisión cree que
las empresas de más de 20 empleados sufrirán pérdidas por valor de 720.000
millones de euros, como mínimo, hasta final de año.
Von der Leyen quiere
superar el tremendo batacazo “con un concepto nuevo, un salto adelante”. La
Comisión Europea propone elevar temporalmente el techo de los recursos propios
de la Unión hasta el 2% de la Renta Nacional Bruta. Y utilizar el margen
disponible entre el gasto real, que rara vez llega al 1% de la RNB, y el nuevo
techo, para lanzar la mayor emisión de deuda conjunta en la historia de la UE.
El margen adicional, de
más de 100.000 millones de euros, se utilizaría en forma de avales de los
Estados para la emisión de deuda conjunta. El objetivo es captar 750.000
millones de euros para financiar la recuperación en los próximos años. De esta
cantidad, 500.000 millones de euros corresponden a subsidios a fondo perdido, y
250.000 millones a préstamos.
Bruselas propondrá a los
países amortizar esa cantidad y devolver los intereses con un conjunto de
impuestos propios: la tasa al carbono en frontera (que estima que podría
generar entre 5.000 y 14.000 millones), los derechos de emisión (unos 10.000
millones), la tasa digital (1.300 millones) o un impuesto a las grandes
corporaciones (10.000 millones).
El plan llevará a la
Unión Europea a endeudarse masivamente en los mercados financieros por primera
vez en 60 años. Y, sobre todo, por primera vez en la historia de la Comunidad
Europea, se transferirá una parte de esos recursos en forma de subsidios a
fondo perdido.
Los subsidios tendrán una
asignación por país en un reparto que colocaría a España, unos 77.000 millones
de euros, como el país más beneficiado por detrás de Italia. Y los préstamos
serían sin cuotas, pero con salvaguardas para garantizar que llegan a los
países más necesitados. De esa partida, a España le podrían corresponder unos
63.000 millones.
El plan cuenta con la bendición
por adelantado de la canciller alemana, Angela Merkel, y del presidente
francés, Emmanuel Macron, que ya adelantaron la semana pasada su disposición a
apoyar un plan de subsidios de hasta medio billón de euros.
El plan, sin embargo,
tiene todavía por delante un largo y espinoso camino, entre otras cosas, porque
está vinculado al nuevo Marco Financiero Plurianual (2021-2027), que la
Comisión también ha revisado. Von der Leyen propone ahora un presupuesto de 1,1
billones de euros, muy por encima de lo que desean los llamados socios
“frugales”, es decir, Países Bajos, Suecia, Austria y Dinamarca. Estos países
también se resisten a que la ayuda se canalice a través de subsidios y reclaman
que sean siempre préstamos reembolsables.
Pero Bruselas tiene varias
bazas para convencer a los cuatro frugales. La primera, que serían los más
perjudicados por la ruptura de un mercado interior que, según la Comisión, les
reporta una riqueza de unos 1.500 euros per cápita, el doble que a Italia (763
euros) y casi el triple que a España (589 euros). El plan presupuestario les
ofrece, además, mantener los cheques de rebaja en su contribución anual a las arcas
de la Unión, una prebenda que se quería suprimir después del Brexit. Y Bruselas
vincula los desembolsos del Fondo de Recuperación a una condicionalidad ligada
a los planes nacionales de reforma, para garantizar que el gasto redundará en
beneficio de la competitividad y la modernización de los países auxiliados.
El proyecto de Von der
Leyen ha recibido, en cambio, los parabienes del Parlamento Europeo, con un
respaldo mayoritario de derecha a izquierda. “Ha vuelto la solidaridad
europea”, según el líder del grupo Popular, Manfred Weber. E Iratxe García,
cabeza del grupo Socialista, ha descrito el plan como “ambicioso, europeísta y
en la dirección de lo que habíamos reclamado”.
Von der Leyen plantea un
diseño del fondo de recuperación con tres grandes pilares. El primero, un Fondo
de Resistencia y Recuperación para sufragar reformas e inversiones vinculadas
al mecanismo de vigilancia del Semestre Europeo, que contará con 560.000
millones de euros (310.000 millones en ayudas y 250.000 en préstamos). A ese
instrumento se le añade un complemento al fondo de cohesión (llamado React-EU)
de 55.000 millones de euros, disponible este mismo año y que tendrá en cuenta
sobre todo el impacto de la crisis.
El segundo pilar se
centra en el reinicio de la actividad económica a través del estímulo de la
inversión privada. Esta parte consta de dos fondos: un Instrumento de Apoyo a
la Solvencia para respaldar a empresas en apuros por la pandemia que estará
operativo en 2020 y al que se inyectarán 31.000 millones de euros para poder
movilizar más de 300.000 millones; y un Fondo de Inversión Estratégica, con
15.000 millones de euros que deben permitir llegar a 150.000 para incrementar
la fortaleza y la autonomía estratégica de las cadenas de valor. Además, la
Comisión actualizará el programa InvestEU para más que duplicar su capacidad.
El tercer pilar, llamado EU4Health, iría a fines sanitarios y de protección
civil y tendría un presupuesto de 9.400 millones de euros.
Además, la Comisión
propone añadir 55 000
millones de euros a los actuales programas de política de cohesión para
ser usados por las regiones lo antes posible, a partir de ahora mismo y durante
los próximos dos años, en las regiones donde de la gravedad de los efectos
socioeconómicos de la crisis, incluido el nivel de desempleo juvenil, está
siendo más acuciante. La propuesta de Von der Leyen añade 40.000 millones de euros adicionales al Fondo
de Transición energética Justa y otros 15.000 millones para el Fondo de Desarrollo Rural, que se
añadirían al presupuesto de este año.
El resto del presupuesto
comunitario para los próximos siete años lo mantiene en los niveles que se
habían quedado las negociaciones en febrero, es decir, dentro de los 1,1 billones de euros para los próximos siete
años, de modo que por ahora los países no deberán aportar
más dinero de lo previsto y el fondo de recuperación permanece aparte, como una
excepción única que no crea precedentes.
Para pagar la parte del
fondo que no va a ser devuelta, la Comisión propone que los Gobiernos le
habiliten para establecer nuevos
impuestos con los que recaudar ingresos nuevos que no necesitarían
tampoco del auxilio de los países miembros. La presidenta ha dicho que no
quiere que sean impuestos individuales, es decir, que no los paguen los
ciudadanos en persona, sino que pretende explorar nuevos territorios fiscales
como los impuestos al carbono, a
la aviación, a las grandes digitales, o al uso de plástico. En 30 años,
que es el periodo de amortización que se ha previsto, la Comisión espera haber
liquidado esta operación, que no pretende ser permanente sino todo lo
contrario.
ESPAÑA:
Los precios cayeron un 1%
en mayo por el descenso de los carburantes, en el mayor retroceso de la tasa
anual del índice de precios de consumo (IPC) desde hace cuatro años en mitad de
la pandemia del COVID-19.
Según el indicador
adelantado del IPC publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la
tasa de variación anual recorta tres décimas más la de abril, del -0,7 %, y
refleja el descenso de los precios de los carburantes y combustibles mientras
siguen al alza los alimentos.
El Instituto Nacional de
Estadística (INE) recuerda que, a raíz de la situación generada por el COVID, en
el cálculo de la variación de precios se han creado dos grupos especiales:
Uno que incluye los productos
de alimentación, bebidas, tabaco, limpieza y artículos no duraderos para el
hogar, productos farmacéuticos, comida para animales y artículos para el
cuidado personal. Los precios de este grupo subieron el 2,8 % en mayo frente al
mismo mes del año pasado, tres décimas menos que en el mes de abril.
En detalle, en
alimentación y bebidas no alcohólicas la subida en mayo es del 3,5 %, frente al
4 % de abril; con un incremento del 5,4 % para los frescos, también por debajo
de la tasa de abril, y del 2,3 % en envasados.
El otro grupo contiene
los servicios de alquiler de vivienda y garaje, la distribución de agua,
alcantarillado, recogida de basuras, gastos comunitarios, electricidad, gas,
gasóleo para calefacción, servicios de telefonía, música y televisión en
streaming, seguros, comisiones bancarias y servicios funerarios. En estos
servicios, los precios caen un 4,2 %, dos décimas por encima de la registrada
en abril.
En la evolución mensual,
los productos incluidos en el grupo especial bienes COVID-19 han aumentado sus
precios en mayo un 0,1 %; mientras que los servicios caen un 0,2 %.
El INE explica que la
recogida de precios se ha realizado de nuevo íntegramente por medios
telemáticos y que parte de la cesta de productos del IPC han tenido que ser
estimados, ya que continúan sin estar disponible para su adquisición por los
hogares.
Así, para el cálculo del
IPC del mes de mayo se han tenido que estimar el 18,6 % de los precios, lo que
se corresponde con un 21 % de la ponderación del índice.
Con este desplome de tres
décimas, el IPC interanual encadena cuatro meses de retrocesos y suma dos meses
en tasas negativas.
Estadística destaca el
comportamiento de los precios de los alimentos, cuya tasa anual pasa del 4% en
abril al 3,5% en mayo.
Aparte del grave
problema, dado su peso en el PIB español, del turismo, preocupa la negativa
evolución de la industria. El cierre de Nissan en Barcelona dejará a unos 3.000
trabajadores en la calle. El fabricante de aluminio Alcoa despedirá a 534 en su
planta de San Cibrao (Lugo) después de vender las de A Coruña y Avilés.
Continental se deshará de su planta de Rubí (Barcelona), con una plantilla de
760 personas. Ninguno de esos anuncios está vinculado a la crisis del
coronavirus, sino al imparable empequeñecimiento que sufre la industria en
España. Antes llegaron los cierres de Vestas en León, de Siemens Gamesa
(Miranda de Ebro), de La Naval (Sestao) y de otras muchas compañías que pasaron
más desapercibidas.
La Comisión Europea fijó
un objetivo para que la industria pesara un 20% este año en el PIB, pero
España, según los datos del Ministerio de Industria, lejos de acercarse, se
aleja con apenas un 16% (incluida la generación de energía) en 2018.
La encuesta de población
activa (EPA) certifica una pérdida de 132.000 trabajadores en el sector durante
la última década. Pese a no estar tras los efectos de esa destrucción, la
covid-19 sí amenaza con hacer estragos en el mercado y acelerar el proceso de
desaparición de actividad industrial, por lo que la Unión Europea ha doblado su
apuesta con una nueva estrategia para un sector que es imprescindible para el
futuro.
Nadie sabe si el actual
proceso responde a una tercera oleada de deslocalizaciones, como ocurrió a
principios de los años noventa tras la entrada en el Mercado Único Europeo, o a
principios de este siglo, fruto de la ampliación de la Unión Europea. Pero,
entre otros factores, el cierre de Alcoa se explica por la competencia
asiática, y Nissan prevé trasladar a otras instalaciones su producción de
Cataluña.
Para destacados
analistas, la industria española cuenta con todos los elementos formales de una
política industrial si no fuera por dos problemas: “tendría que dedicar
recursos en cuantía suficiente y no tiene un verdadero ecosistema de innovación
entre negocios industriales y entre sector público y sector privado. Eso sucede
porque España no tiene conciencia clara de que es un país industrial y no ha
fomentado esa cultura. El País Vasco sí lo ha hecho”.
Pero la realidad es muy
dura: tras los servicios y el turismo (cero llegadas de visitantes extranjeros
en abril) la producción industrial española se desplomó un 33,6% en el cuarto
mes del año respecto al mismo periodo de un año antes. La cifra suena gruesa
por sí sola, pero lo es mucho más cuando se pone en contexto: es el descenso
interanual más acusado desde el inicio de la serie que elabora el Instituto
Nacional de Estadística (INE), en 1976. Y revela un problema de calado en la
cuarta economía del euro: con el sector terciario parado desde el día cero de
la pandemia y las manufacturas a medio gas (siendo generosos), el campo y,
sobre todo, los programas públicos de sostenimiento del empleo y del tejido
empresarial han quedado durante semanas como los únicos resortes.
El dato es consecuencia
directa de la crisis sanitaria y de la paralización casi total del sector
industrial durante la primera quincena de abril. España, un país en el que la
actividad manufacturera no ha dejado de perder fuelle en las últimas décadas,
se suma así al resto de grandes socios europeos, en los que la industria tiene
un peso mayor y donde los confinamientos han provocado descensos igualmente
profundos.
Sin embargo, frente a las
voces más pesimistas, la actividad está regresando a la nueva normalidad a una
velocidad mayor de la prevista, aunque el sector industrial lo tiene más
difícil que el resto en el retorno a la actividad: con la industria automotriz
en riesgo desde mucho antes de la pandemia, las dudas son máximas.
La producción industrial
encadena ya dos meses seguidos en tasas negativas tras la caída del 10,2% de
marzo, un mes en el que el estado de alarma hizo mella en la segunda quincena
pero que apenas afectó en sus primeros compases. Abril es, en cambio, un mes
íntegramente afectado por las medidas de restricción social que han provocado
el cierre de las fábricas no esenciales. La electricidad, uno de los mejores
indicadores adelantados de la actividad industrial, ya se había hundido desde
el inicio del estado de alarma.
En términos
intermensuales (respecto a marzo, y ya corregida por los efectos estacionales y
de calendario), la producción industrial general también experimentó un
retroceso de dos dígitos, en este caso del 21,8%, frente a la caída del 13,2%.
El INE subraya que la declaración del estado de alarma y la entrada en vigor
del permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta
ajena que no prestaban servicios esenciales han provocado una paralización casi
total de la mayor parte del tejido productivo industrial durante la primera
parte de abril y una posterior reincorporación paulatina y escalonada de la
actividad.
El hundimiento de la
industria automotriz, por mucho, el principal en el entramado manufacturero
español, es el más importante y el que hace saltar todas las alarmas ante lo
que puede estar por venir en un momento en el que el cerrojazo de Nissan en
Barcelona ha puesto en jaque a todo el sector. Con las cadenas globales de
valor sufriendo también los rigores de la crisis sanitaria, el desplome de ese
segmento llegó hasta el 92% interanual en abril. También se vio especialmente
afectado el sector de confección, cuero, calzado y muebles, que sufrió una
merma del 70%. Y los alimentos, pese al buen momento que están viviendo en los
lineales de los supermercados (no salir de casa o salir menos implica
necesariamente una sustitución del gasto en bares y restaurantes por el consumo
en el hogar) también bajó, aunque muy ligeramente: 7,3% frente al repunte del
3,6% registrado el mes anterior. En pleno auge del gasto sanitario, los productos
de farmacia han sido los que mejor han capeado el temporal: cerraron el cuarto
mes del año prácticamente planos, con un mínimo descenso del 0,4%.
Por comunidades autónomas
los descensos también son generalizados: ninguna se escapa. Con todo, los
mayores desplomes interanuales en abril se registraron en Galicia, Aragón,
Castilla y León, Navarra y el País Vasco: todas ellas sufrieron retrocesos
superiores al 40% respecto a abril de 2019. En el lado contrario, Murcia
(-15%), Extremadura (-23%), Canarias (-24%), Madrid (-26%) y Andalucía (-27%),
todas ellas con una evolución claramente mejor que la media nacional.
El Gobierno acepta
alargar los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) más allá del 30
de junio. La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha
abierto la puerta a la posibilidad de aplazarlos en aquellos sectores que lo
necesiten.
Sin embargo, en el pasado
mes de mayo, subió la afiliación a la Seguridad Social en casi 190.000
cotizantes entre el final de abril y el de mayo. Y en ese mismo periodo habrían
salido de los ERTE 387.815 afectados, según los datos de los Ministerios de
Seguridad Social y de Trabajo. Pero el impacto de la pandemia todavía es muy
evidente: el paro aún sube (26.573 el mes pasado); desde el 12 de marzo se
han esfumado unos 760.000 puestos de trabajo y hay tres millones de
afectados por regulaciones temporales de empleo.
Ha aumentado la
afiliación al campo, que en los diferentes regímenes de cotización contó con
unos 45.000 afiliados más. La construcción incluso mostró más vigor pues
aumentó en unos 57.000 la cifra de cotizantes. Y tras ellas la hostelería, que
ganó unos 30.000 ocupados.
Respecto al paro
registrado, el aumento de 26.573 personas puede parecer paradójico al comparar
estos datos con los de empleo. En cambio, no tienen por qué tener un
comportamiento exactamente contrario como se ha visto el mes pasado. En este
caso, un elemento que puede haber sido decisivo es uno meramente administrativo
provocado por la pandemia: el cierre de las Oficinas de Empleo. Durante los
meses de marzo y abril cayó el empleo en esos 950.000 afiliados, para muchos de
estos trabajadores fue muy difícil apuntarse como demandantes de empleo porque
no tenían una oficina a la que acudir y los teléfonos y las páginas web estaban
saturadas. Además, con el estado de alarma, los plazos administrativos estaban
suspendidos para que los ciudadanos no se vieran perjudicados. Todo esto puede
suponer que haya un retraso entre el momento en que se perdió el empleo y la
inscripción del parado en la oficina pública.
MERCADOS:
El mensaje emitido por
los mercados desde mediados de mayo destierra en gran medida el temor a que a
la crisis sanitaria y económica se añada un descalabro financiero que postergue
la recuperación. Sin estar, como se dice en mercado, out of the woods,
la percepción sí es de clara mejoría.
Sorprende que, con la
situación descrita, las Bolsas hayan encontrado nuevos estímulos para acelerar
su escalada. El Ibex ha sumado un 4,04% hasta 7.872,60 puntos, su nivel más
alto en tres meses. Con esta subida, el selectivo español se ha revalorizado un
10,94% en su mejor semana desde 2008.
Detrás de este resurgir
del optimismo sobresalen los nuevos estímulos billonarios lanzados
para paliar los efectos de la crisis. Europa ha acaparado todo el protagonismo
en las últimas fechas.
Santander y BBVA se
colaron entre los cinco mejores valores del Ibex. Los estímulos adicionales del
BCE, sumados a los propuestos en el fondo europeo de reconstrucción, suponen
una inyección de confianza para los sectores cíclicos. Además de fomentar una
recuperación económica más rápida, podrían ayudar a contener el temido repunte
en la morosidad.
La crisis desatada por el
coronavirus ha convertido a las aerolíneas en uno de los sectores más
castigados, y entre sus consecuencias figura también la de la exclusión
de Lufthansa del índice selectivo alemán, el Dax. El derrumbe bursátil de
la aerolínea alemana, a pesar del aire otorgado por los 9.000 millones
recibidos de ayudas públicas, sacará a Lufthansa del Dax después de más de 30
años. Sus títulos se han revalorizado hoy un 5,5%.
En todo caso, se debe
extremar la prudencia, ya que cunde le especulación en el mercado
Por lo que se refiere al
mercado de divisas, el euro se ha llegado a acercar a los 1,14 dólares, al
borde ya de sus máximos anuales, fruto de la mayor racha de subidas desde 2004.
En relación al petróleo,
el barril de Brent ronda los 42 dólares, y el barril tipo West Texas, de
referencia en EEUU, supera los 39 dólares.
La magnitud de esta
crisis se puede medir por muchas variables macroeconómicas, pero una buena
forma de saber cómo está afectando a los ciudadanos y a las familias es conocer
las peticiones de moratoria en los créditos. Hasta el 31 de mayo, las entidades
financieras españolas han concedido 787.921 moratorias hipotecarias y
no hipotecarias (al consumo) a los afectados por la crisis del coronavirus,
con un saldo vivo pendiente de amortización de casi 33.000 millones, según los
datos publicados por el Banco de España.
Por otro lado, el tipo de
interés del bono a 10 años se ha situado a la fecha en el 0,56% y la prima de
riesgo en 83 puntos básicos. Un nivel que tenía el 27 de febrero. Lo que aleja
el riesgo de no poder pagar la deuda, con la consiguiente quiebra: la mejora es
drástica en la prima de riesgo de España. A la caída en el interés exigido
al bono español se suman las ventas de deuda alemana provocadas por la menor
aversión al riesgo. Las tasas negativas en el bund alemán se repliegan al
0,40%.
El resultado es una caída
en la prima de riesgo hasta el entorno de la barrera de los 100 puntos
básicos. Una barrera de la que no baja desde finales de marzo. En menos de dos
semanas, desde el cierre previo a la propuesta de Alemania y Francia de un
fondo europeo de ayuda, la prima de riesgo de España acumula un descenso
superior a los 30 puntos básicos. El pasado 15 de mayo cotizaba en 137
puntos.
La firma Goldman Sachs ha
pronosticado una caída en la prima de riesgo de España hasta los 90 puntos
básicos.
EMPRESAS:
Según ha informado en un
comunicado, Renault recurrirá a los despidos para asumir la actual
situación económica. Recortará 4.600 empleos en Francia y otros 10.000 en el
resto del mundo en un plan que persigue una agresiva reducción de su capacidad
de producción. El grupo, que ha pedido un crédito de 5.000 millones al Gobierno
francés para resolver sus problemas de liquidez después de que en 2019 entrará
en números rojos por primera vez en una década, ha asegurado que sus planes no
afectarán a España. “No reduciremos capacidad de producción en España”, ha
dicho la consejera delegada de Renault, Clotilde Delbos.
El objetivo principal de
Renault se basa en recortar sus costes anuales en 2.000 millones de euros, para
lo que invertirá en torno a 1.200 millones de euros. El grupo prevé reducir su
capacidad de producción de los cuatro millones de vehículos posibles actuales a
3,3 millones en 2024. “Si no lo hacemos nos vamos a encontrar rápidamente con problemas”,
ha defendido el presidente del grupo, Jean-Dominique Senard.
Se suspenden los
proyectos de ampliación de Marruecos y Rumania y se analizará cómo reducir
exposición en Rusia. Los futuros proyectos de coches eléctricos se quedarán en
Francia, en sendos centros de excelencia ubicados en Douai y Mauberge. Se
reconvertirá la planta de Dieppe, mientras que en el centro de Flins, al oeste
de París, se plantea un centro de economía circular y se hará una revisión
estratégica de las instalaciones de Fonderie de Bretagne.
