viernes, 17 de abril de 2009

Las diez cosas que no debe hacer una empresa en tiempo de crisis

El CEF (Centro de Estudios Financieros), la escuela de negocios especializada en temas económicos y financieros, ha publicado un decálogo de consejos dirigidos a las empresas españolas para afrontar la actual situación de crisis. Con este decálogo, que tiene el título de “Las diez cosas que no debe hacer una empresa en tiempos de crisis”, el CEF pretende puntualizar aquellos errores que en materia económica deben evitar las empresas en momentos de recesión.
Este decálogo es la segunda parte del que ya publicara el CEF el pasado mes de diciembre y que, con el título de “Las diez cosas que no hay que hacer en tiempos de crisis” estuvo dirigido al consumidor final. Nuevamente ha sido Juan José Pintado, profesor de Finanzas del CEF, el responsable de este trabajo, en cuya redacción han participado también diversos profesores y expertos económicos del CEF.
Estos diez consejos están dirigidos a las empresas de nuestro país y contienen una serie de recomendaciones que las compañías deben tener en cuenta. Se trata de diez “alertas” que están agrupadas en diversas categorías dentro de la economía, financiación y liquidez de la empresa. “El panorama y las expectativas económicas han empeorado drásticamente de forma muy acelerada. En estos momentos en los que proliferan las amenazas y retos para las empresas, debemos destacar que los aspectos de mayor gravedad tienen que ver con la liquidez y las diversas necesidades de financiación”. Señala el profesor Pintado.

“Las diez cosas que no debe hacer una empresa en tiempo de crisis”:

1. Negar el impacto de la crisis: incluso en el caso de empresas que aparentemente todavía no se han visto afectadas por la crisis, los vasos comunicantes de la economía acabarán provocando la ramificación del impacto. Por lo tanto, aunque sólo sea en aspectos parciales, la crisis acabará afectando a casi todas las compañías del país.

2. No extremar la cautela: la previsión de la tesorería a corto y medio plazo es vital para el funcionamiento de la empresa en las circunstancias en las que nos encontramos. Las empresas no deben descuidar ni sus ingresos, ni sus gastos. Es importante seguir muy de cerca la evolución del mercado y de las ventas.

3. Descuidar la comunicación: en momentos de crisis es especialmente necesario gestionar adecuadamente las comunicaciones con el entorno: clientes, proveedores, Administración, empleados y stackeholders. El silencio total puede ser tan negativo como una indiscriminada emisión de información. Hay que administrar los mensajes tanto internos como externos, manteniendo informados de aquellos acontecimientos que afecten a la organización, así como de las medidas que se están llevando a cabo en relación a los mismos. Sólo así podremos neutralizar los efectos negativos de rumores e informaciones inexactas.

4. No ponderar los costes e ingresos para cada escenario: es importante estimar situaciones de “Máximo y mínimo riesgo”, a fin de prever las posibles actuaciones de contingencia en cada una de ellas. Se han de diseñar distintas categorías de posibles acciones, replanteando los objetivos para intentar minimizar las posibles consecuencias negativas de la crisis.

5. “Pasar” de los presupuestos y del endeudamiento: en función de la flexibilización de la que se dispone, es preciso ajustar los gastos en la cuenta de resultados prevista de la empresa, y lograr su estricto cumplimiento. La existencia de pérdidas, en particular en el caso de las multinacionales, aumenta el peligro de cierre empresarial. Hay que centrar gran parte de los esfuerzos en conseguir la financiación o refinanciación necesaria para alcanzar el equilibrio financiero de la empresa. Sobre todo para las PYMES, la financiación del circulante, la del “día a día”, es fundamental.

6. Descuidar la delegación de decisiones: la incertidumbre reinante motiva que algunas decisiones anteriormente delegadas o automatizadas, deban de ser examinadas y, quizás, recentralizadas de nuevo. No se trata de eliminar las delegaciones que se concedieron cuando la situación era favorable –lo que no significa su no supervisión-, sino de replantearse para una empresa en crisis la conveniencia de centralizar algunas de ellas.

7. Continuar “sin más” los proyectos e inversiones en curso: puesto que nos encontramos en un escenario diferente, se debe revisar la validez de las estimaciones realizadas antes del periodo de crisis. Es preciso reconsiderar los proyectos en marcha o previstos, manteniendo en el congelador aquellos que no vayan a mejorar a corto plazo los resultados o la facturación.

8. Desatender a los posibles cambios del mercado: la situación reinante y el empeoramiento de las expectativas provocan un acelerado y continuo cambio en las pautas de comportamiento de los agentes que intervienen en el mercado. Lo que obliga a estar permanentemente vigilantes a las variaciones habidas en las ventas, y las reacciones de las empresas competidoras. Cuanto más rápida sea la respuesta de la empresa frente a los cambios del mercado, mejor se podrán planificar las estrategias que permitan restablecer el negocio.

9. Sobre reaccionar: la crisis es una situación delicada, por lo que no se deben tomar decisiones apresuradas. Se debe imponer la templanza. Tan desaconsejable es la reducción masiva de personal, como lanzarse a hacer contrataciones indiscriminadamente.

10. No prever los posibles escenarios una vez superada la crisis: existe un después de la crisis y hay que pensar en él. El empresario ha de imaginar cómo puede quedar el sector, y replantearse la búsqueda de nuevos mercados y productos para cuando termine la crisis.

martes, 7 de abril de 2009

G-20 ¿Acierto o fracaso?

La última cumbre del G-20 me ha dejado un fuerte “sabor agridulce”.

Es evidente que los líderes mundiales están obligados a generar mensajes que fomenten buenas expectativas. No hay que restar importancia a muchos acuerdos que se han decidido –algunos quizá históricos- pero la verdad, es que medidas a corto plazo para afrontar la crisis en estos momentos, no se ha adoptado ni tan siquiera una.
Un objetivo del presidente Obama era que Europa adoptase un papel más claro y enérgico en el campo de los incentivos fiscales. Es decir, aquellos que, de manera inmediata, son necesarios para reanimar a la demanda en la economía. Pues bien, no ha habido ningún acuerdo en ese sentido. Es indudable, que sin arreglar -¿si es posible?- los problemas del sistema financiero, no puede funcionar correctamente la economía real, pero no es menos cierto que, con la que está cayendo, también hay que adoptar a corto plazo, soluciones que ayuden a la recuperación económica. Salvo que se confíe que sea el mercado el que por sí sólo lo va solucionar.
Lo más destacado de la cumbre del G-20 de primeros de abril es que ha tratado de alumbrar un nuevo sistema financiero. La cumbre, que ha tenido un enorme repercusión mediática, tiene sus luces y sombras.
Entre las medidas más importantes, destaca la preocupación de los mandatarios de las economías ricas y emergentes asistentes, por la extensión de la crisis financiera a áreas como Europa oriental, América Latina o el sudeste asiático, que hace unos pocos meses aún crecían a buen ritmo. A estas economías emergentes se concederán préstamos en base al multimillonario paquete aprobado, que suma 1,1 billones de dólares (820.000 millones de euros).
No se ha aprobado una segunda ronda de incentivos públicos para reactivar las economías del G-20 y, singularmente, la de los países avanzados, como el que se acordó en la pasada cumbre de Washington. Se trataba de un asunto prioritario en la agenda del presidente Obama, respaldado por el primer ministro japonés, Taro Aso, y por el británico Gordon Brown. Se ha dado a entender que no se cierra la puerta a nuevos estímulos fiscales en 2010, tal y como pide el Fondo Monetario Internacional. "El FMI analizará las medidas y elaborará un informe para la próxima reunión. Y, si es necesario, cada país hará lo necesario para recuperar su economía". La decisión sobre nuevos planes fiscales en el G-20 queda postergada así a septiembre, en Nueva York, donde se celebrará la tercera cumbre al máximo nivel. Es decir que ¡si es necesario! En septiembre lo pensarán… ¡realmente es increíble!
Se acordó publicar una lista negra de paraísos fiscales y un arsenal de posibles sanciones para el caso de que no acepten intercambiar información. Se obligará a los grandes fondos de alto riesgo (hedge funds) a registrarse e informar sobre sus operaciones a los supervisores de cada país. Y al fijar los sueldos de los ejecutivos del sector deberán seguirse códigos de buenas prácticas para evitar una recompensa por decisiones arriesgadas. Si el supervisor comprueba que no se han seguido esas guías, podrá obligar a las entidades a reservar más capital para hacer frente a las consecuencias.
Entre las normas que se han de elaborar, deberán incluirse requerimientos de capital más amplios, la extensión de provisiones anticíclicas como las establecidas por el Banco de España o la obligación de incluir en los balances bancarios una parte de las deudas que se titulizan. También se exigirá el registro de las agencias de calificación de riesgos, que estarán sometidas a supervisión. Hay un compromiso de evitar "conflictos de intereses", aunque no se prohíbe por ahora que estas agencias puedan asesorar a entidades financieras sobre la emisión de títulos que luego ellas mismas han de calificar.
Un gran protagonista ha sido el Fondo Monetario Internacional (FMI), que aunque venía jugando en los últimos años un papel marginal, ha recuperado una posición decisiva en la solución de la crisis actual, que se extiende a toda velocidad a los países en desarrollo, castigados por la retirada de capitales desde las economías avanzadas. Los gobiernos del G-20 decidieron triplicar la capacidad de préstamo del Fondo, con una inyección de 500.000 millones de dólares (370.000 millones de euros). Casi la mitad se captarán de forma inmediata, vía créditos de Japón (100.000 millones de dólares ya concedidos), la UE (otros 100.000 millones) y China (40.000 millones). El resto de aportaciones se decidirá en la próxima asamblea del Fondo, prevista para finales de este mes.
Igualmente, el G-20 aprobó una emisión extraordinaria de derechos especiales de giro (DEG), -el activo de reserva del FMI-, por valor de 250.000 millones de dólares (185.000 millones de euros). La emisión se repartirá entre los países en función de sus cuotas en el Fondo: los emergentes captarán unos 80.000 millones de dólares, mientras los pobres recibirán 20.000 millones, en una operación que supone, en suma, la creación artificial de divisas internacionales.
La cumbre completó su paquete de financiación a las economías pobres con la decisión de aumentar en 100.000 millones de dólares la capacidad de préstamo del Banco Mundial y el compromiso de facilitar que fluyan otros 250.000 millones en préstamos a la exportación, una de las actividades más comprometidas en estos países por el estrangulamiento del crédito.
Finalmente, tras bastantes resistencias por parte de los países emergentes, se decidió que fuera la propia OCDE la que publicara una lista de las plazas financieras que se escudan en el secreto bancario para no facilitar información a otros países. Esta lista debía ser aceptada por todo el G-20. Además, se concedió a los países emergentes unos meses de prórroga (hasta finales de 2009) para que eviten el uso abusivo del secreto bancario en sus plazas financieras (Macao o Hong Kong en territorio chino) y se ajusten a los estándares internacionales. Rápidamente la lista ha sido publicada por la OCDE, con tres categorías distintas según el grado de opacidad de estas plazas financieras. Los países que no colaboran con las autoridades fiscales ni se han comprometido a adoptar las normas internacionales en la materia son Uruguay, Costa Rica, Malasia y Filipinas.
Tras esta lista negra, hay dos listas grises, las de países que se han comprometido a cooperar, pero que por ahora apenas lo hacen. En una de ellas se señala a los considerados paraísos fiscales, 30 jurisdicciones entre las que se incluye a Andorra, Gibraltar, Liechtenstein, Barbados, Liberia, Bahamas, Bahrein, Belize, Bermudas, Islas Caimán, Mónaco, Panamá y Holanda. Por separado se señala a otros ocho centros financieros no cooperativos que no son propiamente paraísos fiscales: Austria, Bélgica, Brunei, Chile, Guatemala, Luxemburgo, Singapur y Suiza.
El acuerdo del G-20 remite a un conjunto de sanciones que los asistentes se comprometen a poner en marcha, si estas plazas financieras no reconsideran de forma urgente su rechazo a intercambiar información.
Entre esas medidas, se incluye la obligación de que las empresas y entidades financieras informen de que tienen operaciones con estos paraísos fiscales, la aplicación de impuestos para penalizar cualquier tipo de intercambio con estos países o que los organismos multilaterales y los programas de ayuda bilateral tengan en cuenta si hay un uso abusivo del secreto bancario al tomar decisiones sobre dónde invertir. La realidad, es que parece muy complicado que estas amenazas se conviertan en decisiones este mismo año.
En el comunicado del G-20 se aumentan las competencias del Foro de Estabilidad Financiera, rebautizado como Consejo, para coordinar nuevas normas de regulación, mucho más estrictas, sobre el sector financiero.
Sin embargo no se dice nada de las negociaciones para liberalizar el comercio, tras el fracaso de la Ronda de Doha celebrada en Washington hace cinco meses. El comunicado final retoma la apuesta, aunque evita esta vez fijar un plazo. La seriedad del intento podrá medirse en la próxima cumbre del G-7, el club de los países más ricos, que están citados en verano en la isla italiana de Cerdeña.

miércoles, 18 de marzo de 2009

Consecuencias del impago del préstamo hipotecario: ¿Perdere la vivienda?

¿Qué le puede ocurrir si deja de pagar su préstamo hipotecario?

En España el deudor responde con la totalidad de sus bienes presentes y futuros, por lo que si el acreedor con la ejecución y venta del bien hipotecado no obtiene el importe total correspondiente a la deuda pendiente de pago –lo más probable dada la situación y previsible evolución del precio de la viviendas-, el deudor continuará obligado a satisfacer la cantidad restante más los correspondientes intereses.

Es decir, que aparte de perder la cantidad que pagó al comprar el inmueble y la vivienda, seguirá respondiendo del resto de la deuda con el patrimonio futuro que tuviera durante toda su vida.

Algunos particulares se han planteado la posibilidad de declararse “en quiebra”. Una posibilidad dentro del llamado “Concurso de Acreedores”.

La verdad, es qué, en absoluto, es una solución recomendable. Como consecuencia, básicamente, de dos importantísimas consecuencias, que se deben conocer al respecto.

Una característica fundamental del Derecho español en esta materia, es que se trata de un “Sistema de obligación universal”. Como he señalado, el deudor, “responde con sus bienes presentes y futuros”.

Si un particular promueve como deudor el llamado Concurso de Acreedores, tras el correspondiente procedimiento legal puede el Juez dictar el Convenio que contemplará una de las dos situaciones siguientes:

a) Situación de “iliquidez”: no puede pagar el deudor que se declara en “suspensión de pagos”, por lo que se acuerda un retraso en los pagos, estableciéndose un nuevo “plan de pagos futuro”, donde cabría, incluso si se ha llegado al acuerdo con los acreedores, una posible “quita” de parte de la deuda”.

b) Situación de “insolvencia”: es la “quiebra” del deudor, donde se decide “la ejecución de los bienes”, fijándose, como determina la Ley, un orden de prelación de los créditos para el cobro. En el caso del crédito hipotecario, tiene “privilegio” o prevalencia, incluso podría no entrar en el orden anterior.

Ejecutados los bienes del deudor (uno de ellos la vivienda que adquirió en parte con un préstamo hipotecario) si por su venta o subasta se obtiene una cantidad inferior a las deuda, seguirá debiendo el “insolvente” durante toda su vida –“se responde con los bienes presentes y futuros”- el principal de la deuda que reste, más los correspondientes intereses.

Veamos el ejemplo de un particular que obtuvo un préstamo hipotecario de 300.000 euros, del que ha pagado sólo 50.000 euros, y que se declara “insolvente”. Una vez ejecutada (vendida o subastada) la vivienda en cuestión, si, como consecuencia de de la situación del mercado, pongamos que se vende la vivienda por 200.000 euros, seguirá debiendo al banco 50.000 euros más los correspondientes intereses.
Cómo verá, aparte de perder la cantidad que pagó al comprar el inmueble y la vivienda, continuará respondiendo del resto de la deuda con el patrimonio futuro durante toda su vida hasta que amortice su deuda.

Si el deudor a lo largo de su vida, viniese a “mejor fortuna”, responderá en ese momento de la totalidad de sus deudas.

Las pérdidas son, exactamente, las mismas que habría sufrido en caso de no declararse insolvente, y el banco hubiese ejecutado, directamente, la hipoteca sobre la vivienda. Desde luego, le deseo que usted no se encuentre en esa dramática situación. Si fuera así, por encima de todo, procure atender al pago de sus cuotas del préstamo.

lunes, 16 de marzo de 2009

¿Nacionalización bancaria? ¡Quién lo iba a decir!

¡Vivir para ver! ¿Quién nos iba a decir, hace nada de tiempo, que en todo el mundo se iba a hablar abiertamente de la nacionalización bancaria? Estamos viviendo un momento muy difícil, pero sin duda histórico.

Hasta los más recalcitrantes defensores de la pura ortodoxia liberal, se muestran divididos sobre esta medida. Dentro de las opiniones más cualificadas a nivel mundial, sorprende los que están postulando la nacionalización total de la banca en Estados Unidos e Inglaterra. ¡Dos de las plazas financieras de mayor importancia del planeta tierra! Igual ocurre en la mayoría de las restantes… como consecuencia que las medidas adoptadas hasta ahora, de momento, no han tenido demasiado éxito.

Son minoría, los que dentro de una actitud bastante difusa (no se sabe realmente que quieren hacer) se declaran favorables a seguir suministrando ingentes cantidad de dinero a las entidades bancarias, pero sin entrar en sus órganos de decisión y, ni tan siquiera en el control de las mismas.

La realidad, es que es imposible conocer la cantidad de dinero que ya se les ha entregado a nivel mundial. Sumando las cifras que en cada Estado aparecen en los medios de comunicación, se supera ampliamente la cifra de 500.000 millones de euros. Y prestigiosos economistas, como el nobel Paul Krugman, señalan que la cosa no ha hecho nada más que comenzar, y qué se precisará incrementar la cifra por encima de cantidades que empiecen con “b”.

Lo que sí está claro, es que se trataría de una nacionalización temporal. Hasta Alan Greespan, ex presidente de la Reserva federal –y acérrimo defensor del libre mercado- ha declarado “tal vez sea necesario nacionalizar temporalmente algunos bancos para facilitar una restructuración rápida y ordenada”.

Escándalos como el de la seguradora estadounidense AIG, la mayor del mundo, que tras recibir ayudas del Gobierno por valor de más de 138.000 millones de euros para evitar su quiebra, ha repartido 128 millones a sus directivos, crean una alarma y malestar social enorme. Y es difícil, por no decir imposible, que aspectos tan vergonzosos como este, no ocurran si los Estados no participan en la gestión –mientras dure la nacionalización- de las entidades bancarias.

En España, coinciden bancos y cajas de ahorros en evitar que el Estado entre en su capital y en los consejos de administración. Algunos de ellos, no rechazarían la inyección de capital, pero temen perder autonomía en la gestión. Las cajas, que son la mitad del sistema financiero, ya están controladas por los gobiernos municipales y autonómicos, por lo que la entrada del Estado sería un tercer contrapoder que complicaría el equilibrio interno. Los bancos, celosos de su independencia, temen que se les obligue a dar créditos.

La versión oficial del Gobierno, según el vicepresidente y ministro de Economía, Pedro Solbes, es que las ayudas a las entidades con problemas de solvencia se debe hacer a través de los Fondos de Garantía de Depósitos (FGD). “Sugiriendo” ¡qué manía de no hablar claro! que algunas entidades no solventes "deberán dejar de ser jugadores". Hay que interpretar que quiso decir, que serán vendidas o fusionadas por intervención del Banco de España para evitar que generen más "distorsiones" en el sector.

Ahora bien, la banca acumula en el Fondo de Garantía de Depósitos 7.241 millones. Es una cantidad, realmente, escasa en el caso de que la crisis (de morosidad) comience a afectar a más entidades, por lo que el Estado debería aportar más dinero.

En contraposición a esta postura, otros miembros del Gobierno, como el ministro de Industria, Miguel Sebastián, reclaman inyecciones preventivas y obligatorias de dinero público a las entidades para reforzarlas y así evitar males mayores. En este caso, se postula que el Estado lleve a cabo un control de las entidades. Es decir, que se siente en los Consejos de Administración.

Una última reflexión, en este caso a nivel global, ¿es una solución el Estado bancario?, y no menos importante ¿existe dinero suficiente para acometer la total nacionalización?

viernes, 13 de marzo de 2009

La deflación: ¿una amenaza o una realidad?

¿Qué es la deflación?

Se trata de un proceso de caídas continuas en los precios, en un contexto de recesión (disminución del Producto Interior Bruto o producción obtenida en la economía), y además, todo ello, acompañado de unos tipos de interés muy bajos (próximos a cero). Se conforma, un negro panorama, que se conoce como Depresión.

¿Por qué es malo entrar en una “espiral” de bajadas de precios?

El ciudadano medio no entiende por qué es malo que bajen los precios. ¿Cómo es posible? Con lo bueno que sería para la gran mayoría de las economías domésticas, las de casa, que tal cosa suceda.
Pues bien, los economistas diferencian entre desaceleración cuando el PIB crece menos que en periodos anteriores; estancamiento si se mantiene estable; recesión cuando disminuye al menos durante dos trimestres consecutivos y, finalmente, lo peor es la depresión, donde no solamente disminuye la producción y el empleo existentes, sino que se entra en una continua caída de los precios –deflación- donde los ciudadanos compramos aún menos, esperando que bajen más los precios, por la desconfianza en el futuro o por disminución de los ingresos. Aumenta el ahorro, aunque esté cayendo la renta de las familias. La espiral descrita plantea una situación de la que los economistas no tienen muy claro cómo salir.
Se desencadena un círculo vicioso y perverso sobre todo para el comercio. Con los precios bajando, la demanda cae porque el consumidor no compra ante las expectativas de que todavía bajen más los precios. Y si las empresas y comerciantes no venden, además de aumentar el despido, se verán obligados a bajar más los precios (siempre y cuando puedan cubrir sus costes).
No es suficiente con que existan bajadas de los precios –que ya las hay de hecho-, y probablemente en la zona euro se produzcan tasas de caídas (en términos interanuales) durante los meses de mayo, junio y julio. Una situación similar, probablemente, se produzca en España entre mayo y septiembre. La evolución de los precios en febrero apunta a ese descenso, con la tasa interanual de inflación registrada del 0,7%, la más baja de los últimos 40 años (de agosto a enero el IPC ha sido del - 0,8%).

¿Es posible luchar contra la deflación?

Hay que partir del hecho, de que la deflación se produce como consecuencia de una insuficiencia de la demanda en la economía, por lo que se deben acometer políticas para incrementar el consumo.
La deflación tiene peor terapia que la inflación. Ya que de un lado, la política monetaria en manos de los Bancos Centrales no sirve para nada (los tipos de interés han agotado su recorrido a la baja, estando muy próximos a cero). ¡Se ha agotado la munición!
A los Gobiernos sólo les queda la política fiscal, es decir, el déficit público, incrementando la inversión pública. No son posibles bajadas de impuestos, ya que ¡perdón por el tecnicismo! se entra en llamada “trampa de la liquidez”: básicamente que los agentes a los que sobra dinero lo acumulan más sin destinarlo al consumo (esto lo demostró Keynes y Robertson).
La realidad es que Japón a finales del siglo pasado estuvo diez años en esa situación de la que no es fácil salir. Quizá, ahora, esté de nuevo en el mismo delicado trance.
El pavor a la deflación explica la acelerada carrera por generar una liquidez de proporciones galácticas mantenida en EE UU. La amenaza de deflación es la variable que amenaza al panorama económico. El riesgo existe, pero hay que pensar en cuál es la probabilidad de ocurrencia, y en las condiciones que habrían de darse para que sus efectos se amplifiquen de forma catastrófica.
Una situación real de deflación -espiral de caída de precios- requiere, sobre todo, que las expectativas de todos los agentes económicos y mercados sea de que los precios van a seguir bajando de forma indefinida o durante un plazo indeterminado. Ello motiva que se aplacen las decisiones de consumo. Algo como lo que está ocurriendo en el mercado de la vivienda en España.
El pésimo estado de ánimo es el que frena el crecimiento, ocasionando unas consecuencias económicas devastadoras. Aunque no debe descartarse esa situación sin más, para la mayoría de los analistas en Europa, la probabilidad de que se desencadene una espiral deflacionista es baja. Ahora bien, debemos recordar cuándo, en los inicios de la crisis financiera, se decía que Europa iba a quedar aislada de sus efectos.
Va a depender, en gran medida, de la evolución del crédito. Si las autoridades no consiguen dirigir la exorbitante liquidez proporcionada por los bancos centrales hacia los créditos a empresas y particulares, el consiguiente retroceso de la demanda agregada (consumo e inversión) terminará desencadenando una espiral deflacionaria.

martes, 10 de marzo de 2009

¡No tienen ni idea!

John K. Galbraith decía que hay dos clases de expertos en economía: “los que no tenemos ni idea y los que no saben ni eso”.

La semana pasada, el presidente del Banco Central Euopeo, Jean-Claude Trichet, dibujaba un negro panorama económico para la Unión Europea, empeorando sus previsiones sobre el crecimiento económico para este año. Auguraba una contracción –caída del PIB- de entre el 2,2% y el 3,2% para 2009, y para el siguiente señalaba que el PIB podría presentar un crecimiento negativo del 0,7%, o positivo, también del 0,7%.

Hay que observar que la diferencia para este año en la previsión es de nada menos que de un punto. Y para 2010, ¡lo mismo!: igual estamos en recesión que en crecimiento. Es decir, que puede ser cualquier cosa…

¡Vamos, que no tienen ni idea!

Cómo quizá, alguien les ha criticado acusándoles de pesimistas, esta semana el responsable de política monetaria de la eurozona durante la conferencia del G-10 organizada por el Banco Internacional de Pagos (BIS) en Basilea (Suiza), ha dejado caer que “la economía mundial pueda estar cerca de alcanzar un punto de inflexión, puesto que existen una serie de indicios que apuntan a una recuperación. Identificamos algunos elementos en la economía global [...], que son expansivos”.

Convendría que hubiese señalado cuáles eran esos elementos expansivos… sobre todo en un momento de incertidumbre total como el que estamos sufriendo.

No obstante, Trichet, en una “sesuda reflexión”, aseguró que es fundamental que vuelva la confianza para que la actividad se reactive. ¡Qué descubrimiento!

Añadió que hay muchos elementos positivos que los inversores y los mercados financieros están desestimando, tales como la caída de los precios de las materias primas, los paquetes de estímulo fiscal, los recortes de tipos de interés y los acuerdos de los gobiernos de no dejar caer a las instituciones financieras. Si los están desestimando: ¿no será que valen para poco?

En fin…, si piensan que con la mera formulación de declaraciones y "salir en la foto", se va a salir de la crisis… ¡Vamos listos! Si se trata de decir cualquier cosa, es mejor que estén callados. Con declaraciones tan dispares, lo único que consiguen es generar aún mayor ansiedad y desconcierto entre los agentes económicos.

viernes, 6 de marzo de 2009

La discusión de las indemnizaciones por desempleo: una falacia vergonzante.


Cada mañana podemos comprobar las largas colas del paro. Una escena que manteníamos en el olvido durante más de diez años de crecimiento continuado. En un solo año, el paro ha crecido en más de un millón de personas, situándonos en una primera cifra histórica de parados registrados, al situarse en casi tres millones y medio de personas.
La espectacularidad de las cifras al compararse con otras crisis debe mucho al actual tamaño del mercado laboral español. A comienzos de 1985, tuvimos algo más de 3 millones, pero la tasa de paro (porcentaje de parados sobre el total de activos) fue superior, ya que entonces la población activa apenas alcanzaba los 15 millones de personas. Ahora la población activa es de 23 millones.Se trata, hasta el momento, del número de desempleados más alto de la historia (410.000 de ellos extranjeros), lo que trae consigo el aumento de quienes cobran prestaciones por desempleo. Un aspecto negativo, es que alrededor de 900.000 parados no perciben prestación alguna.
El fuerte ajuste laboral se sustenta en el mismo sector sobre el que se edificó el “milagro económico español”: la construcción. Su tremenda fortaleza fue el motor de la creación de empleo; su derrumbe, motiva una fuerte destrucción de puestos de trabajo (los parados procedentes del ladrillo se han duplicado en 2008).
Por si fuera poco, tras la construcción llegó la sequia del crédito motivada por el colapso financiero mundial. La industria y los servicios, en este orden, se han ido incorporando a la destrucción del empleo, aumentando de forma sorprendente, por su tremenda aceleración, la intensidad del ajuste.
El año 2008 se ha cerrado con una destrucción de empleo importante. Igualmente lo reflejan las cifras de afiliación a la Seguridad Social. El año pasado acabó con 18,5 millones de cotizantes, 841.465 menos que 2007. Pese a este descenso, todavía se confía en conseguir que el mencionado instituto público contabilice un superávit del 1,2% del PIB al cerrar las cuentas del ejercicio de 2008.
De cara al futuro, los analistas no prevén un cambio inmediato de tendencia. El año que hemos comenzado será "duro y difícil". Continuará la destrucción de empleo. Ahora bien, ¿lo hará con la misma intensidad? Dado que casi se da por hecho que el paro alcanzará la cifra de 4 millones, ¿llegaremos a los 5 millones de parados?

Conviene recordar cómo funciona la cobertura del desempleo en España.Hoy por hoy, la protección económica por desempleo no cubre a los autónomos, que se encuentran prácticamente desprotegidos y, dentro del colectivo de trabajadores por cuenta ajena, no todos tienen derecho a percibir económicamente el desempleo, ya que hay que cumplir determinados requisitos.Para poder percibir las prestaciones es preciso haber cotizado previamente al menos durante 12 meses. Además, el trabajo se debe haber perdido involuntariamente: despido individual, expediente de regulación de empleo (ERE), traslado de localidad, fin de contrato temporal sin que la empresa pretenda prorrogarlo, etc.

La protección por desempleo se articula en dos niveles:
Nivel "contributivo", para aquellos trabajadores por cuenta ajena, que han perdido su trabajo por causas ajenas a su voluntad, y que por lo tanto han cotizado con anterioridad.

Nivel "asistencial" destinado, entre otros, a aquellos trabajadores que o bien ya han agotado el nivel anterior y siguen sin ingresos suficientes, o bien no pueden percibir el nivel contributivo por no haber cotizado 12 meses.
El nivel contributivo consiste, fundamentalmente, en la llamada prestación por desempleo. Su cuantía depende del salario dejado de percibir por el trabajador, con un mínimo y un máximo que varía de acuerdo con el número de hijos a cargo. Se pueden percibir desde un mínimo que varía según se tengan o no hijos. Si no se tienen, la cantidad es de 492,09 euros al mes sin hijos, y si se tienen es de hasta 658,17 euros mensuales. El máximo de la prestación es de 1076,44 euros al mes si no se tienen hijos, 1230,22 con un hijo, y hasta 1383,40 euros mensuales con dos o más hijos a cargo. Cantidades a las que habría que descontar las cotizaciones a la Seguridad social y el correspondiente IRPF.
Por supuesto, el cobro de la prestación por desempleo, no es posible indefinidamente. Su duración depende del tiempo trabajado con anterioridad, percibiéndose como mínimo durante 4 meses, y como máximo durante dos años.
El nivel asistencial, es bastante más inusual que el anterior. Para tener derecho al mismo se exigen muchísimas condiciones no fáciles de cumplir. Va dirigido, básicamente, a aquellos trabajadores que después de haber agotado el nivel contributivo, siguen sin encontrar un puesto de trabajo y carecen de rentas superiores a 468 euros al mes. Deben tener, además, familiares a su cargo o bien, si no los tienen, ser mayores de 45 años. Su cuantía es igual para todos, y consiste en una cantidad de 421,79 euros mensuales durante el año 2009, y su duración varía desde 6 meses hasta 18 y en algún supuesto aislado hasta 30 meses.
Algunos sectores, han cuestionado la eficacia de la protección del desempleo, respecto a los incentivos para la búsqueda de un nuevo empleo.

Por otro lado, recientemente se ha introducido otra nueva polémica que comenzó con las declaraciones del Gobernador del Banco de España, Fernández Ordoñez, cuestionando a las indemnizaciones por desempleo. Reclamó una reforma laboral, afirmando “que los costes de despido, a cargo exclusivamente del sector privado, desincentivan la contratación y la creación de empresas”.

No está de más que recordemos la situación actual:

En este momento, para un despido individual, la Indemnización, que suele ser pagada o depositada en el Juzgado de lo Social a disposición del trabajador, es de 45 días de salario bruto por año prestado de servicio, con un tope de 42 mensualidades.Según la Jurisprudencia, se toma como salario bruto el vigente en el momento del despido. Se incluirá un prorrateo de los conceptos variables (por ejemplo de las horas extras ya que pueden variar de un mes a otro), así como el prorrateo de las pagas extraordinarias.
Un ejemplo ayudará a comprender mejor este importante asunto:Para un trabajador que, de acuerdo con el cálculo anterior, tiene un salario bruto de 1.800 euros al mes.
Pues bien, 1.800 euros al mes dividido 30 días, nos da un salario hora de 60 euros al día.
Si su antigüedad en la empresa es de 15 años, la indemnización será el resultado de la siguiente operación:
45 días x 15 años x 60 euros al día = 40.500 euros.
Y el tope de indemnización, en este caso, es:
42 mensualidades x 1.800 euros al mes = 75.600 euros.
También se podría haber calculado como:
Tope de 42 mensualidades x 30 días al mes = 1.260 días.
Por tanto:
1.260 días x 60 euros al día = 75.600 euros.
Así, si se ha trabajado en la empresa de la que es despedido, durante dos años, la indemnización será de 90 días del salario diario. Sólo cuando haya trabajado más de 28 años en esa empresa, percibirá el máximo de 1.260 días (42 mensualidades).
Pues bien, volviendo a las propuestas de modificación en este capítulo, cabe plantearse, si la situación en la que quedan los trabajadores afectados por estos despidos es, en general, equivalente a la de sus antiguos empleadores. ¿No existen asimetrías? Un ejemplo: ¿es igual la situación del señor Martín de la inmobiliaria Martin Fadesa, tras la quiebra de su inmobiliaria, que aquella en la que hayan podido quedar los trabajadores que se han visto, a consecuencia de lo anterior, a engrosar las listas del desempleo?

Por otro lado, ¿la reducción de las indemnizaciones por despido es una medida de fomento del empleo?, ¿o simplemente, se trata de un abaratamiento del despido? Desde luego, en la actual situación económica no parece que una medida de este calibre fuese a incrementar el empleo. Más bien, podría dar lugar a todo lo contrario.

La realidad, es que se trata simplemente de un abaratamiento del coste del despido, y no de una medida de fomento del empleo. Esto es irrefutable, por mucho que se empeñen en negarlo los empresarios, y algunos tertulianos, quizá de intereses poco claros, en defender esa medida. Alguno, frecuente asistente a muchas de ellas, incluso le he oído afirmar, que la causa del paro que, tradicionalmente, existe en España, se debe a ese aspecto de las indemnizaciones por despido.
Cuando en realidad, me consta que conoce que la causa no es otra que las propias características del desarrollo económico español durante los años sesenta y setenta, ya que se generaron menos empleos que los que se perdieron en la agricultura (ese excedente fue el que, precisamente, absolvió la emigración española), y que la construcción ha tenido desde, prácticamente, desde entonces, un peso demasiado elevado en nuestro mercado de trabajo.

La manipulación de la realidad, para imputar la causa del paro a las indemnizaciones por desempleo, además de falaz, es vergonzante y corrupta. Así que llamemos a las cosas por su nombre.