jueves, 8 de abril de 2021

SITUACIÓN ECONÓMICA ESPAÑOLA Y MUNDIAL A ABRIL DE 2021: extremadamente dependiente de las vacunas.

 

La situación actual es extremadamente dependiente de las vacunas, no solo por su transcendental importancia sanitaria mundial sino también por su repercusión económica. La recuperación será más fuerte y rápida en los países que tarden menos en vacunar, y en aquellos que destinen más dinero a ayudar a familias y empresas a salir la crisis motivada por el virus.  

GLOBAL:

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, ha destacado el doble desafío al que se enfrenta la economía mundial en la recta de salida de la pandemia.

Existen indicios de mejoría económica, pero el desigual acceso de muchos países a las vacunas retrasará la salida de la crisis. Las economías más importantes han inyectado 16 billones de dólares de liquidez y, según el FMI.  “nos hallamos en un punto de inflexión, lo que hagamos ahora conformará el mundo pospandemia. En enero preveíamos un crecimiento global del 5,5% para 2021. Ahora esperamos que se acelere más, en parte por políticas públicas como el paquete fiscal de EE UU (un plan de rescate de 1,9 billones de dólares), en parte por la recuperación que habrá impulsado la vacunación en muchas economías avanzadas a finales de año. Esto permite una revisión al alza de nuestras previsiones para este año y para 2022”.

Ahora bien, se señala que las perspectivas varían no solo por países, sino incluso entre regiones y zonas. “Lo que vemos es una recuperación a toda velocidad, cada vez más impulsada por dos motores: EE UU y China. Forman parte de un grupo de países cuyo PIB estará por encima de los niveles previos a la crisis para finales de año. Pero son la excepción, no la regla”.

La pérdida de ingresos para muchos millones de personas implicará indigencia, perdida de hogares y hambre. Continúa señalando el FMI que “la pérdida acumulada en el ingreso per cápita, en relación con las proyecciones anteriores a la crisis, será del 11% en las economías avanzadas para el próximo año. Para los países emergentes y en desarrollo, excluida China, la pérdida llegará al 20%, recortando una quinta parte de sus ingresos”.

La enorme incertidumbre que provoca el desigual proceso de vacunación junto a la proliferación de nuevas cepas del virus, como en América Latina o Europa, según el FMI, “se suma al sombrío pronóstico que se cierne sobre los mercados emergentes vulnerables, de bajos ingresos, y los Estados frágiles, muchos de ellos dependientes de sectores como el turismo, muy afectado por la pandemia. Estos países tienen una potencia de fuego fiscal mucho más limitada para combatir la crisis”.

Por todo ello, Georgieva ha pedido reforzar la ayuda a los colectivos más afectados por la crisis del coronavirus: los jóvenes, las personas con menos formación, las mujeres o los trabajadores informales. “Permitir que las cicatrices persistan dará como resultado un menor potencial de crecimiento, lo que lo hará aún más difícil aumentar el empleo y reducir la desigualdad. El mundo necesita un mecanismo justo de redistribución del suero desde los países con excedentes a los deficitarios, así como financiar plenamente a la red global Covax (iniciativa de la OMS y de la Comisión Europea y Francia para tratar de acelerar el desarrollo tratamientos, pruebas y vacunas contra la Covid-19) para que acelere la inmunización en los países pobres”.

Por otro lado, los planes de estímulo aprobados para hacer frente a los efectos de la covid-19, a nivel global se espera que impulsen el comercio mundial, pero la crisis del buque encallado en el canal de Suez ha aflorado las debilidades de las cadenas globales de suministro y los límites del actual modelo de distribución. Los costes de los fletes se han triplicado, las entregas se han retrasado y el encarecimiento de los insumos amenaza con trasladarse a los precios.

Por tanto, el comercio mundial, si bien tras la caída del volumen de intercambios de mercancías del 9,2% el año pasado por los efectos de la pandemia, ha tenido una cierta recuperación, se ha visto muy amenazado por el bloqueo del canal de Suez, una de las principales rutas marítimas mundiales, tras encallar el barco Ever Given en sus aguas.

LATINOAMERICA:

América Latina y el Caribe estará entre las regiones más golpeadas del mundo, tanto en clave sanitaria, con Brasil y México entre los países más castigados, como en el ámbito económico.

En 2020 la actividad se desplomó un 6,7%, frente al 7,9% que el Banco Mundial preveía a finales de año, y este 2021 el rebote será del 4,4%, cuatro décimas más de lo previsto hasta ahora. Esa mejora le permitirá recuperar el nivel de PIB prepandemia a finales de 2022 y no a lo largo de 2023, como se esperaba.

Tanto el golpe recibido como la recuperación son muy desiguales: Paraguay y Guatemala serán las dos únicas economías de la región que conseguirán alcanzar los niveles del año 2019 este 2021.

Por el contrario, la gran mayoría de las restantes economías sólo conseguirán alcanzar por completo el nivel de actividad económica prepandemia durante el año 2023.

Argentina y Ecuador (ya rescatadas por el Fondo Monetario Internacional antes del comienzo de la crisis), Haití, Jamaica, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Santa Lucía y Surinam, según el pronóstico del Banco Mundial, aún tardaran más en recuperarse.

Según la institución, “la crisis tendrá un impacto a largo plazo sobre las economías de la región. Siendo muy probable que los menores niveles de aprendizaje y de empleo reduzcan los ingresos futuros. Es posible que el elevado nivel de endeudamiento público y privado pueda causar tensión en el sector financiero y frenar la recuperación”.

En esta ocasión, a diferencia de crisis anteriores, el grifo de la financiación se ha mantenido funcionando para la mayoría de los países del bloque. Y el gasto público adicional, en el que han incurrido, se ha destinado a lo más prioritario: fortalecer los sistemas sanitarios, proporcionar transferencias a los hogares y ayudar a las empresas a esquivar la quiebra.

Por otro lado, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha alertado respecto a la situación de “vulnerabilidad financiera”, de la región. De los 40 países que conforman América Latina y el Caribe, 14 son vulnerables según el análisis pormenorizado de los técnicos de la mayor agencia de desarrollo del mundo. Y cinco de ellos están englobados en la categoría de mayor riesgo, aquella en la que las finanzas públicas en situación de “vulnerabilidad severa”: Venezuela, Argentina, Ecuador, Belice y Granada.

Pero, además, no es solo que sus finanzas públicas estén comprometidas hasta niveles inimaginables, sino que los países de renta media (la mayoría de cuantos están en la categoría de “vulnerabilidad severa”) no están cubiertos por los mecanismos de alivio de la deuda puestos en marcha en los últimos meses. Estos centran sus esfuerzos en los más pobres, que sí se pueden acoger a estas medidas, como la moratoria de deuda desplegada del G20 o los tímidos esfuerzos de ayuda del Fondo Monetario Internacional (FMI).

ESTADOS UNIDOS:

Tanto el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, como la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, han confirmado el buen ritmo de la recuperación económica, no dejando de señalar que amplias capas de la población aún padecen los estragos causados por la pandemia.

El ambicioso plan de estímulos del presidente Joe Biden, valorado en 1,9 billones de dólares y recién aprobado por el Congreso, se espera que tenga un efecto mínimo en la inflación (la mayor amenaza sobre la economía) cuando el consumo ha recuperado prácticamente el nivel previo a la crisis sanitaria, gracias al buen ritmo de la vacunación y al descenso de la incidencia del virus. Y se espera que el presidente Biden concrete un nuevo plan económico de, nada menos, 3 billones de dólares para modernizar infraestructuras.

Ahora bien, según el presidente de la Reserva Federal, la recuperación “está lejos de ser completa, por lo que el banco central continuará ofreciendo a la economía el apoyo que necesita por el tiempo que haga falta”.

Entre los datos que empañan la salida de la crisis aparece, según la institución, “una tasa de desempleo aún alta, del 6,2%”, muy notable en sectores como la hostelería, así como los diez millones de empleos destruidos desde marzo de 2020.

La Secretaria del Tesoro, Yanet Yellen, ha señalado que la economía estadounidense “puede volver al pleno empleo en 2022”, gracias a la suma del plan de rescate del presidente Joe Biden y del proyectado plan de infraestructuras, “necesario para abordar los problemas estructurales a más largo plazo que enfrenta la economía y que han provocado una gran desigualdad de ingresos”. El plan de 3 billones de dólares contempla, además de la modernización de infraestructuras básicas y la creación de millones de empleos, partidas específicas para mejorar y extender la red de educación pública, los beneficios por hijo y la duración de las bajas médicas, y para apuntalar el Obamacare, algunas de cuyas provisiones relanza temporalmente el plan de rescate recién aprobado.

Para este 2021, la Reserva Federal ha elevado sus previsiones de crecimiento económico para el país al 6,5% para 2021, frente al 4,2% apuntado a finales de 2020, tras la aprobación del ambicioso paquete de estímulo fiscal por el Congreso. Y ha decidido mantener los tipos de interés de referencia en torno al 0%, después de un fuerte recorte en marzo de 2020 tras la declaración de la pandemia, así como un programa de multimillonarias inyecciones de liquidez a través de la compra de deuda, nada menos, que a una cantidad de 120.000 millones de dólares mensuales.

Por otro lado, el ritmo de casi 2,5 millones de dosis de vacunación diarios, la inmunización de la población adulta está avanzando más rápido de lo esperado, con el récord de 100 millones de vacunados a la semana.

El temor a un repunte de la inflación, por el previsible boom del consumo en primavera y verano, cuando teóricamente la mayoría de la población estadounidense estará vacunada (casi 2,5 millones de dosis al día) ha sembrado algunas dudas en los algunos economistas, ya que según manifiestan, un exceso de estímulos económicos podría provocar una “sobrecarga” de la economía. Han aludido a los crecientes riesgos de que la inflación vuelva a niveles no vistos desde la década de los setenta, lo que podría obligar a la Fed a subir los tipos mucho antes de lo que muchos esperan, quizá ya el año que viene. Sin embargo, la mayoría de analistas económicos piensa que tal riesgo es muy bajo o no existe.

Por otro lado, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), tal como ocurrió en la Gran Recesión, Estados Unidos repuntará más rápido y más pronto que la eurozona: Estados Unidos crecerá un 6,5%, frente al 3,9% del bloque del euro. Ello aumentará la brecha existente entre esos dos grandes bloques económicos.

Y es que casi uno de cada tres estadounidenses ya ha recibido al menos un pinchazo de la vacuna y más del 17% la pauta completa, más del doble y el triple, respectivamente, que en la Unión Europea.

Aún más relevante es la asimetría en el gasto fiscal: si a finales del año pasado Estados Unidos y la eurozona estaban prácticamente empatadas en lo que a ayudas públicas se refiere, con la llegada del demócrata Joe Biden a la Casa Blanca, ha cambiado la situación radicalmente: superada la aprobación por el Congreso del colosal plan de estímulo del demócrata (los 1,9 billones de dólares citados, el equivalente a una vez y media el PIB español), el gasto comprometido por su Gobierno casi duplica al de sus pares europeos.

Estados Unidos, incluso ha optado por entregar cheques a sus ciudadanos para reactivar el consumo por la vía rápida. En contraste, los fondos europeos están mayoritariamente enfocados a otros proyectos a largo plazo (incluso detenidos temporalmente por la sentencia del Tribunal Constitucional de Alemania). Por tanto, no solo es que el plan de estímulos sea más cuantioso en EE UU que en la eurozona, sino que además se están implementando más rápido y se está dirigiendo a los hogares directamente.

En definitiva, los buenos pronósticos se confirman y la recuperación económica estadounidense avanza a la vez que el paso firme de la vacunación contra la covid-19. Los datos de desempleo de marzo, hechos públicos por el Departamento de Trabajo, constatan una bajada de 0,2 puntos porcentuales respecto de los de febrero, lo que sitúa la tasa de paro en el 6%. El mercado de trabajo sumó 916.000 puestos el mes pasado, el mayor aumento desde agosto de 2020, si bien hay todavía 8,4 millones de empleos menos que antes de la pandemia.

El desempleo, junto con el consumo, es el termómetro más fiable para valorar la salud de la economía real.  El dato más negativo se refiere a los 4,2 millones de parados de larga duración (los inactivos durante más de 27 semanas) que prácticamente no ha registrado cambios con respecto a febrero. Hace un año, en febrero de 2020, eran poco más de un millón.

La entrega de cheques directos de 1.400 dólares a familias de rentas bajas y medias, vislumbra unas cifras de abril que podrían ser más alentadoras ya que recogerán los efectos de estos estímulos. El índice de confianza del consumidor ha registrado también en marzo su nota más alta desde antes de la pandemia: casi 110 puntos, frente al 90,4 de febrero. El mejor dato desde marzo de 2020.

REINO UNIDO;

Los tres primeros meses del Brexit han sido una lista de noticias desagradables, anécdotas desafortunadas y, más que nada, de fuerte incertidumbre. El golpe de la pandemia, que en el Reino Unido llegó justo en el momento de la separación, ha contribuido a que cunda el pesimismo.

Las exportaciones a los antiguos socios de la Unión Europea descendieron algo más del 40% durante el mes de enero.  Pero parte de las razones tuvieron que ver con un acopio de inventario de muchas empresas, la necesidad de tomarse el tiempo necesario para entender y adaptarse al nuevo papeleo de aduanas, y la hibernación sufrida por tiendas, bares y restaurantes británicos durante el estricto confinamiento que comenzó a mediados de diciembre y que aún perdura.

Los trámites en aduana, dudas de los transportistas y parones en el tráfico, han sido constantes durante las primeras semanas del Brexit. Sin embargo, más preocupantes son los gastos arancelarios fijos con los que muchos empresarios van a tener que comenzar a vivir.

Previamente al Brexit, los aranceles por importar de fuera de la Unión Europea eran un solo pago. Pero con la nueva normativa de “reglas de origen”, establecida en el acuerdo comercial firmado entre Londres y Bruselas, cualquier producto cuya composición supere en un 40% un origen extracomunitario debe volver a pagar al llegar a las islas.

Hasta el momento, el Brexit está pasando factura a sectores muy concretos, como el de los transportistas, que regresan a sus países desde el Reino Unido con los camiones vacíos. A pesar de asomarse varias veces el precipicio, ni Bruselas ni Londres acabaron despeñándose. Pero haber bordeado tanto el acantilado ya tiene un precio. La Comisión Europea estimó que el coste previo a la salida para el Reino Unido fue de entre el 1,7% y el 2,9% del PIB y, según un informe del gabinete de estrategia Centre for European Reform (CER), las exportaciones se redujeron un 10% en el agitado periodo comprendido entre el referéndum de 2016 y el final del periodo de transición, en diciembre de 2020.

Los socios europeos y el Gobierno británico llegaron a un acuerdo por el que ambas partes se comprometían a mantener sus intercambios de bienes exentos de aranceles y cuotas. Aun así, la salida tuvo impacto en la actividad comercial. Según la Oficina Nacional de Estadísticas (ONS, por sus siglas en inglés), las ventas de productos británicos hacia la UE se hundieron en enero un 40,7% respecto al mes de diciembre, hasta los 8.100 millones de libras esterlinas (casi 9.500 millones de euros), mientras que se importó un 28,8% menos desde los Veintisiete.

Fuentes comunitarias, sin embargo, piden ser cautelosas con los pocos datos disponibles hasta ahora. Los problemas burocráticos en la frontera son obvios, añaden, pero cabe esperar a que haya más datos disponibles. A pesar de que se trata del mayor retroceso de la serie histórica (parte de 1997), los datos pueden estar empañados por las restricciones impuestas por Londres por la pandemia y por la posible anticipación de compras a los meses anteriores al vencimiento del periodo transitorio. La conclusión es que la salida del Reino Unido del mercado único y de la unión aduanera supuso una caída de las exportaciones del 22%.

Las turbulencias también afectaron a los mercados financieros. Según el Financial Times, los tenedores de participaciones en una cincuentena de empresas irlandesas desplazaron sus activos, valorados en unos 100.000 millones de euros, de Londres a Bruselas. Sin embargo, los activos financieros, en especial, los derivados, están protegidos por el sistema temporal de “equivalencia” que estará vigente hasta junio de 2022. Bruselas sí trabaja para que se reduzca la dependencia del Reino Unido.

Tampoco la pesca, otro sector sensible, nota todavía las consecuencias. Fuentes diplomáticas explican que la UE espera cerrar en breve un acuerdo con el Reino Unido sobre las posibilidades pesqueras entre ambas partes. Por ahora, la UE ha decidido prorrogar sus cuotas hasta julio.

UNIÓN EUROPEA:

El Tribunal Constitucional alemán ha dejado en el aire la puesta en marcha del Fondo Europeo de Recuperación de 750.000 millones de euros. El máximo tribunal alemán ha dictado que Alemania no ratifique la ampliación del presupuesto comunitario, imprescindible para la puesta en marcha del fondo, hasta que se dirima un recurso de emergencia presentado para impedir esa ratificación. De esta forma, se bloquea sine die unos subsidios y préstamos que, en teoría, debían haber empezado a fluir desde el 1 de enero y de los que España espera obtener hasta 140.000 millones de euros.

La Comisión Europea ha reaccionado de inmediato a la decisión del Tribunal y se ha mostrado confiada en la legalidad de su proyecto presupuestario y de la novedosa creación del fondo. Pero reconoce que el proceso de ratificación del proyecto en los 27 Estados miembros ya no se completará, probablemente, hasta finales del segundo trimestre, lo que puede retrasar la llegada de las ayudas hasta finales de año o, incluso, hasta 2022. Además, mientras el acuerdo no se haya ratificado por los Veintisiete, Bruselas no puede empezar la emisión de deuda (una operación que tardará meses en ponerse en marcha desde la aprobación).

El impacto de la decisión alemana agravará la situación económica en numerosas economías europeas, de por sí muy afectadas por la pandemia. El fondo de 750.000 millones de euros estaba llamado a paliar el impacto de los primeros compases de la crisis, pero, finalmente, podría llegar en un momento económico mucho más devastador de lo previsto.

La Decisión surge de la histórica, en la que se pactó una ampliación sin precedentes de los recursos comunitarios para permitir una emisión multimillonaria de deuda con la que financiar el nuevo fondo. El acuerdo, adoptado en la cumbre europea de julio del año pasado, supuso un enorme salto en la integración presupuestaria del club, calificada por algunos analistas de “momento Hamilton” de la UE en alusión a la unión fiscal de Estados Unidos.

Bruselas confía en que, a pesar de todo, el fondo salga adelante, aunque sea más tarde de lo previsto. Pero los numerosos pleitos anteriores ante el Constitucional alemán en relación con la integración europea convierten el nuevo caso en un enorme riesgo potencial.

La Cámara Baja de Alemania, o Bundestag, había aprobado la ley que ratificaba el fondo (con una mayoría de casi el 75% de los votos). También lo había hecho la Cámara Alta, el Bundesrat.

Entre los que se oponen a que Alemania ratifique el fondo europeo, que ha sido bautizado simbólicamente como Next Generation EU (La UE de la próxima generación), está el partido de ultraderecha Alternativa para Alemania (AfD). La formación argumenta que el mecanismo viola los tratados europeos al permitir que los Estados se endeuden de forma conjunta y ha calificado a la canciller alemana, Angela Merkel, de “irresponsable” por permitirlo.

Por otro lado, según IHS Markit IHS Markit (equipo que incluye más de 5,000 analistas, científicos de datos, expertos financieros y especialistas de la industria) el principal indicador de la marcha de la economía privada, que anticipa la evolución del PIB, a finales de marzo, se situó en 53,2 puntos desde los 48,8 del mes anterior, lo que representa el mayor ritmo de crecimiento desde el pasado mes de julio, y supera los 50 puntos que dividen la contracción del crecimiento. El avance se ha sustentado en el alivio de la caída del sector servicios, cuya debilidad estaba anulando el crecimiento de la economía vinculada al sector industrial.

La actividad del sector servicios de la zona euro alivió en marzo su caída, con una lectura del PMI sectorial de 49,6 puntos, frente al 45,7 de febrero, mientras que el PMI manufacturero registró un nivel récord de 62,5 puntos desde los 57,9 del mes anterior.

Añade, igualmente IHS Markit, que la actividad comercial de la zona euro se recuperó en marzo, retornando al crecimiento después de cuatro meses de declive, y registró una expansión que superó las previsiones"

Y es que, tras seis meses de caídas, la actividad de la zona euro volvió a crecer en marzo, impulsada por un aumento histórico de la producción manufacturera a medida que la demanda mundial siguió recuperándose de la pandemia del Covid.

 El repunte manufacturero fue encabezado por la producción industrial de Alemania y, en menor medida, de Francia, si bien el sector servicios alemán marcó la primera expansión en medio año, mientras que el francés sólo moderó la contracción.

ESPAÑA:

La pandemia detuvo en seco la economía española y ha impuesto restricciones sobre la actividad. En tales circunstancias, el PIB sufrió en 2020 una caída del 10,8%, la mayor desde la Guerra Civil. Sin embargo, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), a pesar del brutal recorte de la producción, la renta disponible de las familias solo retrocedió el año pasado un 3,27%.

Las Administraciones Públicas realizaron un aumento del gasto en 53.000 millones, como consecuencia de prestaciones como los ERTE, costeando gastos médicos, contratando más y subiendo pensiones y sueldos.

Aunque las empresas redujeron un 8% lo que dedican a salarios, sus beneficios se desplomaron mucho más (un 18%). Y eso ha contribuido también algo a suavizar la disminución de rentas de los hogares.

Por primera vez ha tenido lugar una crisis sanitaria completamente global y en la que se ha restringido la actividad como nunca se había hecho en la historia. Tampoco antes había habido un Estado de bienestar para combatir una pandemia sosteniendo rentas a costa de aumentar el endeudamiento.

La cantidad que destinan las compañías a sueldos se recortó en 32.083 millones, el 8%. Pero al mismo tiempo el Estado elevó sus prestaciones a las familias en 29.847 millones, un 12%. De este incremento, unos 3.600 millones se corresponden con lo que subió el gasto en pensiones y 500 millones con la renta mínima. El resto, unos 26.000 millones, fueron a ERTE y desempleo.

Esto implica que el Estado neutralizó buena parte de la caída de rentas producida por el ajuste del coste laboral en las empresas. El conjunto de las familias apenas perdió por esto unos pocos miles de millones. Además, la partida de sueldos públicos aumentó un 4,5%, en unos 6.000 millones, porque contrataron más personal, sobre todo en los sectores sanitario y educativo por la covid, y revalorizaron los salarios un 2%.

La pérdida de ingresos de las familias también se aprecia en las rentas de la propiedad, que comprenden intereses recibidos, dividendos u otros, fundamentalmente alquileres. Estas se hunden un 21%, unos 8.000 millones. Y también se observa un fuerte deterioro de unos 20.000 millones en los beneficios recibidos, de los que buena parte pertenecen a los autónomos.

A pesar del retroceso de las rentas y el mantenimiento de los impuestos, los hogares han ahorrado un récord de 108.000 millones frente a los 48.000 de 2019. Los españoles hemos guardado un 14,8% de nuestros ingresos. Esto se explica porque con una caída de solo el 3,27% de su renta, el consumo de las familias experimentó un batacazo del 12%. Las razones: por un lado, el ahorro forzoso por no poder moverse y el miedo al contagio, que han lastrado los servicios de proximidad. Por otro, en un escenario de recesión e incertidumbre, los hogares se han pertrechado con un colchón frente a posibles adversidades.

No obstante, el Banco de España se muestra cauto respecto al aumento del ahorro, ya que apunta que ha podido concentrarse en rentas altas, que consumen menos su riqueza acumulada. Por lo que, a la salida del túnel, poco efecto tendría este ahorro acumulado que no incrementaría el consumo.

Por otro lado, se espera que la recuperación económica se produzca en la segunda mitad de este año. El Banco de España prevé que la economía española crezca este año un 6%, ocho décimas menos que el 6,8% apuntado en sus anteriores previsiones de diciembre.

Prácticamente, se da por perdida buena parte de la primera mitad del año. En el primer trimestre, el organismo pronostica que el PIB retrocederá un 0,4% en su escenario central. Sin embargo, se detectan signos de cierta reactivación según avanza el trimestre en las cifras de movilidad y de consumo de combustibles. Según el Banco de España, “los datos de movilidad, empleo y consumo fueron malos en enero y febrero. Pero en marzo están evolucionando mejor al producirse un levantamiento de las restricciones en las comunidades”.

Las restricciones de la movilidad irán retirándose poco a poco hasta su desaparición plena a finales de 2021. El turismo no recobrará una cierta normalidad hasta 2022. La tasa de ahorro, que había experimentado una considerable subida con la pandemia, descenderá hasta situarse algo por encima de su nivel precovid en 2023. Y conforme vayan desapareciendo las restricciones, el consumo registrará durante varios trimestres fuertes incrementos por encima de lo que crezcan las rentas al tirar de ese ahorro acumulado.

Según el Banco de España, el dinamismo del segundo semestre de este 2021 provocará que el PIB también registre un fuerte incremento el año que viene, (un 5,3% de aumento del PIB), lo que implica que parte del crecimiento que antes se esperaba para 2021 ahora se desplaza a 2022, en parte porque el año que viene se dará una relativa recuperación del turismo y en parte porque se prevé que la ejecución de una parte de los fondos europeos se retrase a 2022. Y al año siguiente, en 2023, el crecimiento se moderará hasta una tasa del 1,7%, una cifra que está por debajo del 2% de potencial de crecimiento que esperaba alcanzar el Gobierno con las inversiones europeas.

Sin embargo, el Banco de España cree que “hay una fuerte incertidumbre respecto a la velocidad a la que se inmunizará con las vacunas a la población y sobre las consecuencias que pueda tener esta crisis en el tejido productivo, el paro de larga duración y los cambios de hábitos”. Y plantea dos escenarios alternativos en los que sobre todo se pondera cuál será la magnitud de las secuelas a medio plazo y el comportamiento más o menos precavido de los consumidores: “en el supuesto suave, tras una rápida resolución de la crisis sanitaria y unos efectos menores, el PIB crecería un 7,5% este año y un 5,5% el que viene. En el severo se produciría un final más lento de la pandemia y las consecuencias sobre la economía serían mayores, lo que se plasmaría en unos avances de la economía más pobres: del 3,2% este año y del 4,6% en 2022”.

Mantiene el supervisor que “la recuperación de los niveles de PIB prepandemia tendría lugar en 2023 en el escenario central, y se adelantaría algo más de un año en el suave. En el severo, el nivel del PIB todavía se mantendría, al final del horizonte de proyección, algo por debajo del observado antes de la crisis sanitaria”.

Señala también, que al finalizar los ERTEs, el paro se situará en el 17% en 2021, el 15% en 2022 y el 14% en 2023. Y el déficit público quedará este año en el 7,7% del PIB y se estabilizará en torno al 4% en los siguientes. La deuda rondará el 117% del PIB.

El Banco de España prevé que la inflación alcance el 1,4% en 2021, el 0,8% en 2022 y el 1,2% en 2023, todas cifras que están lejos del 2% marcado como objetivo. Esta visión alejaría el riesgo de que un fuerte incremento del IPC obligue al BCE a frenar su política monetaria expansiva, esencial para financiar los actuales niveles de gasto público.

El Índice de Precios de Consumo (IPC) subió un 1% en marzo en relación al mes anterior y situó su tasa interanual en el 1,3%, casi 1,5 puntos por encima de la de febrero (0,0%), según los datos avanzados publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con este repunte, con el que el IPC anual encadena su tercera tasa positiva consecutiva, la inflación escala a niveles desconocidos desde hace casi dos años. De hecho, no se alcanzaba una tasa de IPC tan elevada desde abril de 2019, cuando se situó en el 1,5%.

Asimismo, la tasa interanual de la inflación no registraba una subida de golpe tan abultada (de 1,3 puntos) desde finales de 2016, cuando pasó del 1,6% en diciembre de ese año al 3% en enero de 2017.

Al fuerte incremento de los precios en marzo ha contribuido, principalmente, el encarecimiento de la electricidad y de los carburantes, en contraste con la bajada de precios que experimentaron en marzo de 2020.

En tasa mensual (marzo sobre febrero), el IPC se disparó un 1% (su mayor repunte mensual desde octubre de 2019).  El INE incorpora en el avance de datos del IPC una estimación de la inflación subyacente (sin alimentos no elaborados ni productos energéticos), que cifra para marzo en un 0,3% interanual, la misma tasa que en febrero y un punto por debajo de la tasa general.
En el tercer mes de 2021, el Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) situó su tasa interanual en el 1,2%. Si este dato se confirma, la tasa anual del IPCA aumentaría cinco 1,5 puntos respecto al mes anterior.  Por su parte, el indicador adelantado del IPCA subió un 1,9% en tasa.

En relación al mercado de trabajo, según los datos del Ministerio, el número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 59.149 desempleados en marzo (-1,5%), su mayor retroceso en este mes desde el año 2015, cuando descendió en 60.214 personas. Se trata del tercer mejor dato dentro de la serie histórica del mes de marzo.

Trabajo ha atribuido este recorte del desempleo a las menores restricciones a la actividad económica por la superación de la tercera ola de la pandemia. En marzo de 2020, justo cuando el Covid hacía aparición en el mundo, el desempleo subió en 302.365 personas, cinco veces más que en marzo de este año.

Con este retroceso del paro, que pone fin a cinco meses consecutivos de aumentos, el volumen total de parados alcanzó al finalizar el tercer mes del año la cifra de 3.949.640 desempleados, con lo que vuelve a descender por debajo de la cota de los 4 millones después de que en febrero ésta se superara por primera vez desde abril de 2016.

En marzo se registraron 1.404.107 contratos, un 11,7% más que en igual mes de 2020, de los que 207.191 fueron indefinidos, el 14,7% del total y un 42,5% más que en marzo del año pasado. Trabajo ha destacado que el dato de contratación fija es el mejor en un mes de marzo de toda la serie histórica y lo ha atribuido a la labor realizada por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

El paro aumentó en marzo en agricultura, con 2.368 desempleados más, y en el colectivo sin empleo anterior, donde se incrementó en 3.529 personas, y bajó en el resto, especialmente en los servicios, con 53.686 parados menos, seguido de la construcción (-7.685 desempleados) y la industria (-3.675 parados).

Estos datos de paro no incluyen a los trabajadores que se encuentran en suspensión de empleo o reducción horaria como consecuencia de un ERTE, ya que la definición de paro registrado no los contabiliza como desempleados.

Ahora bien, el número de trabajadores en ERTE cerró el mes de marzo en 743.628 personas, 115.913 trabajadores menos que en febrero en la serie revisada y 155.755 menos teniendo en cuenta la fecha de notificación. De media, en marzo hubo 779.562 personas en ERTE.

Trabajo ha informado además de que el gasto en prestaciones alcanzó los 2.735 millones de euros en el mes de febrero (último dato disponible), de los que 751,7 millones correspondieron a prestaciones para trabajadores en ERTE.

Por lo que respecta a número de afiliados a la Seguridad Social, creció durante marzo una media de 70.790 cotizantes respecto al mes de febrero, lo que situó el número total en 18.920.902 cotizantes, según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Por otro lado, la crisis desatada por la emergencia sanitaria elevó el déficit público (diferencia entre ingresos y gastos de las Administraciones Públicas) hasta el 10,09% del PIB en 2020 (sin incluir la ayuda financiera).

Si se incluyen las ayudas financieras, por el agujero aflorado en el banco malo (Sareb), el desfase presupuestario ascendería al 10,97% del PIB. El fuerte aumento del agujero presupuestario es el efecto directo de las medidas puestas en marcha para hacer frente a la crisis. Por un lado, la adopción de medidas para mantener las rentas y el tejido productivo y blindar los servicios, como han sido los expedientes de regulación de empleo (ERTEs), las ayudas para autónomos y el aumento del gasto sanitario, que han disparado los desembolsos. Por el otro, la caída de la recaudación y el parón de la actividad causada por los confinamientos han mermado los ingresos de las arcas públicas.

MERCADOS:

El Ibex 35, ha terminado el mes de marzo con el peor resultado mensual de su historia y ha cerrado el peor trimestre de su historia. Una caída del 22,21 % provocada por los efectos de la pandemia.

El índice de la bolsa nacional, que ha estado oscilando entre 9.000 y 5.800 puntos durante el mes de marzo, termina la última sesión del mes de marzo con una subida de 125,5 puntos, hasta 6.785,4 puntos.

Lo mismo le ha ocurrido a Wall Street que ha cerrado en rojo su peor trimestre desde la crisis de 2008. 

Según los datos de Bolsas y Mercados Españoles (BME), el Ibex cedió el 28,94 % y cierra el peor trimestre de su historia. Después de llegar a caer más del 30 % durante marzo, mientras se inyectaban billones de liquidez y se habilitaban ayudas para detener la debacle de la actividad económica.

De los grandes valores, todos han bajado en marzo: Banco Santander ha perdido el 33,44 %; BBVA, el 32,63 %; Repsol, el 25,05 %; Telefónica, el 22,8 %; Inditex, el 19,27 % e Iberdrola, el 15,6 %.

Por otro lado, en relación al mercado petrolífero, pese a la reapertura gradual de la demanda, el nivel actual de bombeo sigue casi siete millones de barriles por debajo de lo que colocaría en el mercado sin las trabas autoimpuestas para evitar un descalabro en los precios como el vivido en abril del año pasado, cuando el brent se fue por debajo de los 20 dólares por barril y el texas estadounidense llegó a cotizar en negativo.

Actualmente, el precio del crudo se encuentra de nuevo en niveles prepandemia, una recuperación que hubiera sido imposible sin la acción decidida de los exportadores. En mayo de 2020, cuando la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) acordó el mayor recorte de oferta de la historia, la reducción de los bombeos rozó los diez millones de barriles diarios para compensar el desplome (igualmente sin precedentes) en el consumo de combustibles provocado por los confinamientos estrictos.

Con todo, el incremento en la oferta mundial de petróleo será mayor del pactado en el seno del cartel. Tras el anuncio del grupo, el mayor exportador del mundo y líder indiscutible de la OPEP, Arabia Saudí, ha anunciado que volverá a inyectar de nuevo al mercado el millón de barriles diarios que en febrero decidió dejar de bombear de forma involuntaria y que incorporó a los ya de por sí drásticos recortes del cartel. Lo hará, también, en tres fases: mayo, junio y julio. Para entonces, la oferta global sumará otros 2,14 millones de barriles de crudo cada día (casi tanto como lo que consume un país del tamaño y la riqueza de Alemania).

La decisión se adoptó gracias a que Joe Biden llamó a las autoridades saudíes para pedir el mantenimiento del precio del petróleo en un nivel de precios no demasiado alto para evitar romper la recuperación económica. Se afirmó por la flamante secretaria de Energía, Jennifer Granholm, “hemos reafirmado la importancia de la cooperación internacional para asegurarnos de que los consumidores disponen de fuentes de energía asequibles y confiables”.

Pues bien, en definitiva, se ha acordado aumentar la oferta de forma gradual: 350.000 barriles diarios más en mayo y en junio, y otros 441.000 en julio. Para entonces, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus socios externos encabezados por Rusia esperan que tanto Estados Unidos como Europa (junto con China los dos consumidores de crudo por excelencia) el rebote económico haya echado raíces y que los tijeretazos aplicados en los últimos meses sobre la oferta para contener la sangría de precios sean menos necesarios que en la fase más aguda de la crisis del coronavirus.

En relación al mercado de automóviles, las ventas se dispararon en marzo si se comparan con el mismo mes del año anterior. Se matricularon 85.819 turismos, un 128% más que en 2020. Pero estos números no pueden analizarse sin recordar que a mitad de marzo del año pasado se paralizó toda la actividad no esencial para frenar el avance del coronavirus y, por tanto, los concesionarios estuvieron cerrados el resto del mes, algo más de dos semanas.

El salto es importante. Pero resulta insuficiente para compensar la caída de los dos primeros meses del año. En enero y febrero se notó el impacto de la tercera ola de la pandemia. También afectó la subida del impuesto de matriculación para uno de cada dos coches comercializados y la finalización en diciembre de las ayudas para las compras de vehículos nuevos. En este escenario, el resultado del primer trimestre del año es de una caída en las ventas de algo menos del 15%, hasta los 186.061 vehículos matriculados, según los datos de las tres patronales del sector (Anfac, Faconauto y Ganvam).

Ante la situación excepcional que afecta a la economía en el último año y para poner dimensión a lo que está sucediendo, el sector prefiere comparar estos datos con los del primer trimestre de 2019. Entonces la economía crecía a un ritmo moderado; ahora las previsiones hablan de una cierta caída en el primer trimestre del año.

Según Anfac, la recuperación de la automoción está muy ligada a la del turismo y a la confianza de los consumidores y estos indicadores dependen en gran medida del ritmo de vacunación y de la situación económica general. Además, no hay que olvidar que el impuesto de matriculación se subió de facto en enero y que el plan Renova se canceló sin haber gastado todo el presupuesto.

En el canal de ventas de las empresas de alquiler, la recuperación sobre el año anterior ha sido del 144%. Aunque, como en el conjunto del mercado, su comportamiento durante los tres primeros meses del año ha sido peor que en 2020 con un retroceso del 21,3%.

También la caída del primer trimestre en el canal de ventas a particulares (el mayor en España) supera la del conjunto del mercado. Entre enero y marzo se han vendido 76.142 vehículos, un 22,8% menos.

EMPRESAS:

El Corte Inglés y los sindicatos han resuelto rápidamente el primer ERE de la historia de la compañía. En la sexta reunión de la comisión negociadora hubo acuerdo para un plan de ajuste que afectará a 3.292 trabajadores, según confirman ambas partes. El Corte Inglés se ha movido hasta aceptar algunas de las reivindicaciones de los representantes de los trabajadores. Finalmente indemnizará las salidas (ya sean voluntarias o forzosas) con 33 días por año trabajado con un máximo de 24 mensualidades (la indemnización que contempla la ley para el caso de despido de improcedente). 

El pacto incluye además primas por la salida voluntaria. En este caso el punto de encuentro se ha situado a medias entre lo que ofrecía la cadena de grandes almacenes en la reunión previa y lo que reclamaban las organizaciones sindicales. Las primas, eso sí, no se aplicarán a las extinciones forzosas. El pago será de un 5% del salario anual para los trabajadores con una antigüedad en la empresa de entre 5 y 10 años; un 10% del sueldo para los que lleven entre 11 y 15 años y un 20% del salario para los que tengan más de 15 años de antigüedad en la cadena de grandes almacenes. Esto tiene un matiz más, ya que los empleados con más de 50 años de edad están excluidos del ERE (“aunque se podrán estudiar casos individuales”, afirman fuentes de la empresa), así como los que tienen contrato eventual o de días sueltos.

Fuentes de El Corte Inglés confían en que la mayoría de las salidas sean voluntarias. En el caso de que haya que recurrir a despidos forzosos, estos no podrán afectar a varios colectivos: los que tengan una discapacidad del 33% o superior, víctimas de violencia de género o terrorismo, que tengan al cuidado menores con discapacidad o familiares de primer grado con enfermedad grave, así como el cónyuge en matrimonios o parejas de hecho.

El acuerdo también incluye un plan de recolocación para los empleados que salgan de la plantilla de la cadena. Se hará mediante dos firmas, LHH y Manpower, que garantizan que “más del 85% de éxito en la búsqueda de empleo y especializadas en perfiles técnicos y comerciales”. El Corte Inglés se ha comprometido a contratar a estas dos empresas de prestigio (LHH y Manpower) para que ayuden a los trabajadores salientes a encontrar un nuevo empleo en función de su perfil e intereses profesionales.

miércoles, 31 de marzo de 2021

¿QUÉ PARTE DEL SALARIO DESTINAMOS AL PAGO DEL ALQUILER?

 

Según datos de Infojobs, cruzando datos del precio del alquiler con el salario medio bruto, los españoles han tenido que destinar alrededor del 40% de su nómina mensual al arrendamiento de una vivienda media, es decir, de 80 metros cuadrados.

Por otro lado, analizando los incrementos acumulados relativos a los últimos cinco años, hasta el comienzo de la pandemia, el precio medio del metro cuadrado de la vivienda en alquiler venía creciendo un 45% en España, mientras que los salarios medios en nuestro país apenas se han incrementado un 3,4% desde el año 2015.

Esta subida del precio medio de la vivienda en alquiler ha tenido lugar en casi todas las comunidades autónomas. Ello explica que los españoles han tenido que destinar un porcentaje más elevado de su salario al pago mensual del alquiler, ya que en este tiempo los sueldos, claramente, no han subido en la misma proporción.

Si bien en 2019 el Salario Mínimo profesional registró su mayor subida en 41 años (un 4,2% hasta 900 euros en catorce pagas, y un 22% respecto al existente en el año 2018), quedó por debajo de la media en Unión Europea, ya que se sitúo en una cifra equivalente al 80,6% del europeo.

Cruzando todos los datos, se deduce que, de media, el esfuerzo es de un 40% de la nómina mensual media.

Lo que ocurre es que hay sensibles diferencias de una comunidad autónoma a otra. Aquellas dónde se ha de destinar mayor porcentaje del salario a la vivienda son Cataluña, Madrid y País Vasco, donde los inquilinos han de destinar más de la mitad de su sueldo por su vivienda (56% en las dos primeras y un 51% en Euskadi).

Igualmente, el esfuerzo para pagar el alquiler es mayor en las islas: en Baleares, los arrendatarios, exactamente, destinan la mitad de su renta (el 50%) a la vivienda.

Por el contrario, Extremadura es la comunidad que disfruta de unos alquileres más económicos. Con un precio medio de 394 euros mensuales (para un piso de 80 metros) y un salario bruto promedio de 1.925 euros al mes, los extremeños tienen que destinar el 20,4% de su sueldo al pago de su vivienda de alquiler. Le siguen Castilla-La Mancha, con un 23,4% destinado al pago del alquiler y Murcia, con un 27,5% del salario. En Andalucía, Comunidad Valenciana o Aragón, el esfuerzo medio ronda el 34%.

Pero veamos que dicen muchos estudios respecto a la parte de los ingresos se debe destinar a al alquiler de la vivienda:

La mayoría de los estudios coinciden en que no se debe superar el 30 por ciento de los ingresos al alquiler de una casa. Y existen algunas conocidas reglas:

La regla 50/30/20:

En realidad, se trata de una fórmula para distribuir todo tu presupuesto mensual o anual (como gastar tus ingresos). Cada cifra está referida al porcentaje que debería suponer cada capítulo de nuestro presupuesto: el 50% para los gastos, y el 30% de gastos a nuestra elección. El 20% restante debe destinarse al ahorro.

Por tanto, el alquiler estaría, con otros, dentro de ese 50% que debes destinar de tu salario para gastos fijos.  

La regla de las 40 veces: 

Se trata de un límite. Ya que para calcular el precio máximo que una persona puede pagar por su vivienda. Se multiplica por 40 la mensualidad, de forma que, para que todo sea correcto, la cantidad resultante de dicha multiplicación no debe superar el salario bruto anual del inquilino o comprador.

La regla del 35%:

Es el propio Banco de España el que recomienda no gastar en el alquiler de vivienda más del 35% de los ingresos mensuales.

A efectos prácticos, esto quiere decir que, para una persona con un salario de 1.000 euros netos, el alquiler de la casa no debería suponer más de 350 euros mensuales.

En cualquier caso, se deben tener en cuenta otros posibles factores: por ejemplo, la proximidad de la vivienda arrendada al centro de trabajo, ya que te permitirá disminuir gastos en transporte o de comida fuera de casa.

En todo caso, es importante elaborar un presupuesto realista y cumplirlo rigurosamente.

Por otro lado, si comparamos la situación en España con el resto de Europa, tanto en España como en la Unión Europea, la demanda de alquiler en vivienda, fundamentalmente, está integrada por personas jóvenes. No solo por la inclinación de las generaciones más mayores a la seguridad que aporta una vivienda en propiedad, sino porque ofrece flexibilidad y precios a la medida de los bolsillos más reducidos.

Ambas características se adaptan perfectamente a las migraciones y búsqueda de “bajos costes” a las que se ven sometidos la gran mayoría de los jóvenes. Estos son, precisamente, los que más están sufriendo las fuertes subidas que están experimentando los precios del alquiler en toda Europa, y particularmente en España.

De acuerdo al Índice de Alquiler Europeo 2018 de la plataforma inmobiliaria HousingAnywhere, Madrid y Barcelona son las ciudades en las que más ha subido el precio del alquiler (el indicador está centrado en las 7 ciudades preferidas por los jóvenes estudiantes o trabajadores en Europa, Berlín, Bruselas, Milán, Róterdam, Viena, Madrid y Barcelona.).

El resultado del citado estudio destaca que, pese a que Madrid y Barcelona contaban tradicionalmente con los precios de alquiler más bajos de las 7 ciudades, "han experimentado fuertes subidas que las sitúan en los dos primeros puestos de las ciudades que más han aumentado el precio de alquiler".

Desde HousingAnywhere se apunta como causa del fuerte encarecimiento “una creciente escasez en las propiedades de alquiler disponibles, así como el aumento de la mayor demanda de los jóvenes profesionales para encontrar una vivienda adecuada.

También se apunta a la aparición de Airbnb (alquileres vacaciones de pisos turísticos) como causa de subida del precio de los alquileres, que ocasiona un efecto de subida en los precios de los alquileres. 

El portal Fotocasa ha realizado el estudio Radiografía del mercado de la vivienda, donde, claramente, se refleja que en la vivienda en España no es mercado que facilite el acceso a los jóvenes. Este segmento que busca piso para alquilar, en muchos casos, tienen insalvables dificultades: la subida de los alquileres y la precariedad laboral, que recortan sensiblemente su capacidad de ahorro o de poder pagar una entrada para la compra de vivienda.

De ahí, que se hable de que el número de jóvenes de entre 18 y 24 años que ha conseguido alquilar vivienda ha descendido en un 58%. Sin duda, se afirma textualmente por Fotocasa, que “les estamos expulsando del mercado pese a que por su momento personal y profesional deberían ser demandantes de vivienda".

Ahora bien, la crisis económico sanitaria que padecemos está dando lugar a que bajen los precios de los alquileres, de forma que esta se ha generalizado y ya no es un fenómeno exclusivo de la gran ciudad.

Según Fotocasa, el importe medio de los alquileres en España ha retrocedido o se ha estancado en los registros de los principales portales inmobiliarios por primera vez en años. La crisis del coronavirus ha cortado durante el mes de enero una racha de crecimiento ininterrumpido desde julio de 2015. Para otro importante portal, Idealista, ya desde un año más atrás (junio de 2014).

Las bajas en el alquiler han sido más fuertes en las grandes ciudades:  Barcelona (donde han bajado un 14,3% en un año), seguida de Madrid (-10,7%), Palma (-8,7%), Valencia (-6,3%), Sevilla (-6,1%) y Málaga (-5,3%).

Según el portal Idealista, “la pandemia ha golpeado de lleno el mercado del alquiler en España. los municipios más afectados han sido los más dinámicos, allí donde la demanda era más fuerte. El confinamiento supuso un parón de varios meses en el mercado. No se podían cerrar operaciones, pero el número de viviendas que se ponía en alquiler no dejaba de crecer. Durante este periodo la oferta se ha llegado a duplicar en algunas capitales".

Y está resultando que, abierto de nuevo el mercado, señala el informe citado, “aunque la demanda se mantiene fuerte, no es capaz de absorber todas las viviendas disponibles y los propietarios que quieren alquilar se ven obligados a bajar el precio. Por eso es de prever que, mientras se mantenga el stock existente, los precios se mantendrán con ajustes a la baja. La buena noticia para todas aquellas personas que están buscando una vivienda en alquiler es que ahora hay una oferta disponible mayor donde elegir y a unos precios muy por debajo de los que había en el mercado hace ahora un año".

Sin duda, puede repercutir en que se reduzca el porcentaje del salario a destinar al pago de los alquileres. Aunque previsiblemente, a mi juicio, no de una forma muy acusada.

¿Y qué podemos esperar respecto a la evolución futura del gasto en alquiler?

Según el citado informe del Idealista, el precio del alquiler de viviendas en España se redujo un 3,8% durante los 12 meses desde que estalló la pandemia. Lo que contribuiría a que, como he señalado, disminuyese el porcentaje de los salarios que hay que dedicar al pago del alquiler.

Ahora bien, la finalización de los ERTE,s y su posible transformación en  ERES, al contraerse la demanda, apuntan también en la dirección de bajada de los precios. Según el portal Tecnocasa, “este año la crisis económica no se va a solucionar, ojalá se solucione el sanitario, y la lógica indica que la tendencia de bajada de los precios continuará”.

Ahora bien, si esta bajada se ve acompañada de caída de los salarios reales (lo que va a depender de cómo evolucionen las subidas del IPC) no tendría ningún efecto en relación a la disminución del porcentaje de salarios dedicados al alquiler.

En todo caso, es previsible que la ansiada recuperación económica tendrá reflejo primeramente en los alquileres más que en los salarios reales.

Evidentemente, de lo analizado se desprende que es un gasto fijo que, en demasiados casos, supone un grave problema para las familias y, muy en particular, para los jóvenes que desean poder independizarse de sus hogares familiares.

APPS PARA CONTROLAR LOS INGRESOS Y LOS GASTOS: recomendaciones para controlar el presupuesto.

 

El fuerte crecimiento de las aplicaciones móviles ha llevado a que aparezca la posibilidad de llevar el clásico presupuesto individual de ingresos y gastos a través de nuestros teléfonos.

Desde luego, es más correcto hablar de controlar los gastos, aunque eso pueda mejorar la capacidad de controlar como marcha nuestro objetivo de ahorrar. Pero es importante destacar este aspecto, ya que el mero hecho de utilizar estas apps, desde luego, no implique que el usuario de la mismas vaya a ahorrar.

Cualquier sujeto racional que quiera controlar sus ingresos y gastos, lo que históricamente ha venido realizando ha sido, con “lápiz y papel en mano”, detallar en dos columnas sus ingresos en una y sus gastos en otra. Incluso distinguiendo entre gastos fijos y variables, como forma de ajustarlos a su capacidad de gasto o ingresos de la otra columna. Es decir, sencillamente, llevar o elaborar un presupuesto personal y controlar su ejecución real. 

Pues bien, estas apps lo que hacen, sencillamente, es facilitar al usuario ese trabajo. Dado hay que facilitar la app el acceso a nuestra cuenta corriente bancaria, en cualquier momento cualquiera puede saber cuál es su situación financiera.

Por tanto, debe quedar claro que no es un producto de ahorro, ni que su mero uso evite las malas prácticas. Simplemente, es una herramienta, más o menos sofisticada, que al estar sincronizada con el banco, permite facilitar, casi en tiempo real, el control y seguimiento de entradas y salidas de nuestra cuenta corriente.

Dado que para extraer los movimientos directamente de tus cuentas corrientes, el usuario debe facilitar todos los datos bancarios que permitan a la aplicación acceder a los mismos en todo momento. Es decir, el usuario ha de facilitar a la app dicho acceso a la cuenta corriente en su banco.

Aunque el sigilo y la seguridad de las mismas pueda estar garantizado, es normal que el usuario a la hora de facilitar esa información y el permanente acceso a la app, pueda desconfiar de las mismas.

Cabe la posibilidad, en algunas apps, que sea el propio usuario quien vaya introduciendo manualmente los movimientos. Consiguientemente, en este caso, se pierde la comodidad de su uso.  

¿Y en que debemos fijarnos cuando decidimos usar una de estas aplicaciones?

No existe un manual o formulario para ver cuál puede ser la mejor. Sin duda lo aconsejable es recurrir a los foros de usuarios, donde al igual que en otros productos, aparecerán reflejadas sus experiencias y valoraciones.

Existen también en la red infinidad de análisis de cada una de las muy abundantes apps existentes en el mercado.

Quizá, un aspecto a tener en cuenta, sea el número o cantidad de usuarios que tenga cada una de las ofertadas.

Lo normal es que las versiones básicas sean aplicaciones gratuitas, aunque algunas han comenzado a cobrar, de forma que los ingresos que obtiene la firma que las gestiona proceden de dos formas: la primera es ofrecernos publicidad personalizada, y la segunda es vender los datos anónimos que recopilan de los usuarios a otras empresas. Esto puede no hacerle gracia a todo el mundo, más cuando hablamos de nuestras cuentas bancarias.

Es conveniente fijarse en el diseño de las webapp, ya que algunas son muy mejorables.

Finalmente, cabe plantearse si estas Apps pude ayudar a a mejorar la educación financiera relativa al ahorro: desafortunadamente, en general, está totalmente descuidada la formación financiera y económica. Aspectos enormemente esenciales para cualquier persona que, continuamente, ha de tomar decisiones y se encuentra completamente “bombardeado” con noticias de ese carácter.

Creo que estas apps no permiten mejorar o corregir ese importante déficit formativo, ni mucho menos fomentar la cultura del ahorro.

La utilización de estas apps permiten al usuario controlar su presupuesto de gastos e ingresos con una mayor comodidad, casi en tiempo real. Ahora bien, es evidente que, si no existe previamente la intención de racionalizar sus gastos respecto a sus ingresos, no las utilizará.

Por tanto, se parte de la inquietud o cultura personal del usuario respecto a la necesidad de racionalizar el control de esas partidas, y si su situación económica lo permite ir conociendo su ahorro, o por el contrario su exceso de gasto y consiguiente endeudamiento.

jueves, 25 de marzo de 2021

MERCADO Y BIENES SOCIALES: vacunas, mascarillas, test PCR

 

Sin duda, el mercado es un mecanismo eficiente en la asignación o utilización de los recursos escasos disponibles en la economía, así como en la distribución de los bienes y servicios producidos en la actividad económica.

Ahora bien, de forma demasiado frecuente, se olvida que determinados bienes y servicios esenciales o completamente necesarios no pueden dejarse al arbitrio del mecanismo del mercado. En la propia teoría económica está recogida y explicada la necesidad de la intervención o regulación del mercado por parte de la autoridad en dichos casos. Así es defendido y justificado por multitud de prestigiosos hacendistas, en la teoría de los Bienes Sociales (Musgrave, Samuelson y otros)

En la crisis sanitaria que estamos sufriendo, claramente, esa necesidad está quedando de manifiesto.

La fundación Civio, una organización sin ánimo de lucro que lucha contra la opacidad en las administraciones públicas y a favor de la rendición de cuentas, acaba de publicar un estudio respecto a los precios de las mascarillas, geles hidroalcohólicos, test PCR, etc.

Por citar algunos ejemplos: las mascarillas FFP2 pasaron de un precio de 0.25 euros hasta un precio de 8,00 euros por unidad; los test de antígenos de un precio de 4,50 euros, han llegado a alcanzar la cifra de 21,50 euros; los geles hidroalcohólicos de 1,72 euros el litro a un precio de 40,00 euros el litro; etc.

Mención especial merecen las vacunas. Recientemente se ha publicado que las Administraciones Públicas han gastado en todo el mundo alrededor de 80.000 millones de dólares en la investigación (la inversión privada es desconocida ya que no existe transparencia al respecto). Hay que celebrar el tremendo esfuerzo económico que, afortunadamente, ha dado sus frutos en un corto espacio de tiempo.

Ahora bien, lo que no es de recibo es que la industria farmacéutica esté aplicando precios distintos en cada país o área geográfica –lo que llamamos en la teoría microeconómica “discriminación de precios”- restringiendo la entrega a determinadas zonas donde las venden a un precio menor en el mercado. Evidentemente, está buscando de esa forma incrementar notoriamente sus beneficios.

Según las estadísticas más recientes que maneja la OMS (Organización Mundial de la Salud), más de dos millones de personas ya han fallecido a causa de la Covid en el mundo y el número de afectados superará la cifra de cien millones. Una emergencia grave y trascendente para la comunidad internacional. De momento, los medios para atajarla pasan por las medidas sanitarias y sobre todo por la aplicación de las vacunas que han conseguido elaborar los laboratorios farmacéuticos. Cualquier maniobra especulativa que ponga en riesgo a gran parte de la humanidad, privándola de la posibilidad de acceder a las dosis necesarias para inmunizarse, merece el repudio moral y ético de todos los ciudadanos. El enérgico rechazo de estas prácticas se refuerza por el hecho de que los avances en la investigación han sido posibles gracias a la inversión de fondos públicos como he señalado.  

La especulación con el precio de las vacunas, ofreciéndoselas al mejor postor, es una realidad obscena que las propias empresas farmacéuticas no niegan, sino que, al contrario, tratan de justificar invocando las llamadas “leyes del mercado”. Para colmo, gran parte de los medios informativos y muchos gobiernos y partidos políticos utilizan este repulsivo mercadeo como munición política para desgastar al adversario.  

En ese sentido, bastantes lectores argumentarán que es como consecuencia del aumento de la demanda. Pero me gustaría en este caso llamar al hecho por su nombre, que no es otro que una enorme especulación que ha dado lugar a un aumento considerable de los beneficios para los que la han practicado.

Soy un afortunado, ya que tengo la suerte de disfrutar con la teoría y análisis económico, pero me parece vergonzoso que se tenga como normal y se justifique lo ocurrido con este tipo de bienes tan necesarios para la salud y el bienestar de las personas.

En las economías de mercado se deja en manos de la iniciativa privada el suministro y satisfacción de aquellos bienes y servicios que integran las necesidades humanas. Pues bien, pocas son tan realmente necesarias como la salud y el bienestar de las personas.

Las empresas farmacéuticas, o las comercializadoras de este tipo de bienes y servicios, no pueden manejar la distribución de los mismos como si se tratase de cualquier otro producto de consumo. Como señala un prestigioso juez del Supremo, las únicas leyes admisibles en una sociedad democrática son aquellas que emanan de la soberanía popular representada por los respectivos poderes legislativos. Las “leyes del mercado”, al margen de la soberanía popular, deben ser cuestionadas en cualquier sociedad democrática que respete los valores y principios que se recogen en sus constituciones.

Si no se actúa enérgicamente para atajar estos desmanes, los políticos deben reconocer que están traicionando los deberes y obligaciones que les ha encomendado el pueblo. Las instituciones democráticas se convierten en una mera fachada y en un instrumento ineficaz para conseguir la defensa de los intereses generales que, en este caso, van más allá de los límites territoriales de un Estado y afectan a toda la humanidad, sobre todo a aquellas personas que son más vulnerables, física y económicamente.

De ahí que grandes juristas estén reclamando que, en las circunstancias actuales, se explore la posibilidad de evaluar si la especulación, en particular con las vacunas, pueda incluirse en la categoría de “crímenes contra la humanidad”.

Pero es que incluso, en un sentido puramente económico, cada paciente ingresado por Covid-19 viene costando alrededor de 18.700 euros a la sanidad pública. ¿no hubiera sido mejor, no sólo sanitariamente sino económicamente, distribuir mascarillas masivamente a la población de forma gratuita, sobre todo a los sectores menos pudientes y de mayor riesgo?

Respecto a las patentes, la OMS ha rechazado la liberación de las patentes de las vacunas, (propuesta inicialmente por Sudáfrica e India) poniendo de relieve que el consenso entre los países sobre este tema está muy lejos de alcanzarse. Sin duda, la aprobación de esa medida abarataría las vacunas y facilitaría su provisión en las economías más pobres.

Es preciso que las autoridades en las economías de mercado, sin dejar de serlo, tengan un papel mucho más activo garantizando el suministro de estos bienes y servicios que son necesidades humanas reales, y no otras, quizá, ficticias que son consideradas como tales.

Los ciudadanos debemos exigir ese papel a los responsables públicos.