miércoles, 5 de septiembre de 2012

SITUACIÓN ECONÓMICA ESPAÑOLA Y MUNDIAL A SEPTIEMBRE 2012: la desconfianza e incertidumbre crecen por el retraso y la falta de decisiones claras y contundentes.


Hace alrededor de cinco años que  hizo acto de presencia la desconfianza en la escena financiera mundial. A principios de agosto comenzó el crédit crunch y la crisis más grave desde la Gran Depresión.
Ha transcurrido bastante tiempo, y al comienzo del sexto año siguen dominando los mismos rasgos: desaceleración global sincronizada, dudas sobre la viabilidad de la eurozona, incertidumbre creciente, y una economía española frustrada y deprimida.
A todo ello hay que añadir, quizá, lo más grave: la impotencia e inoperancia política para abordar las exigencias más urgentes, con el consiguiente deterioro y desafección de los ciudadanos.

EUROZONA:

Aunque la catástrofe del euro se trate de un desenlace poco probable en el escenario actual, no puede descartarse, ya que se ve propiciada por la pasividad dominante en todas las instancias comunitarias. Las continuas declaraciones de personalidades políticas y expertos, principalmente alemanes, acerca de la refundación de la eurozona, basándola en un núcleo mucho más selectivo de economías, han alimentado esos temores.
Frente al desconcierto dominante en la eurozona desde hace meses y a la incapacidad de las autoridades comunitarias y nacionales para gestionar la crisis de deuda pública, los directivos de las empresas ha elaborado posibles escenarios de ruptura del euro: el valor de los activos, el potencial de generación de resultados o la simple evolución de los tipos de interés están seriamente condicionados por las probabilidades asignadas a esa contingencia de reversibilidad o fragmentación de la moneda única.
En numerosas ocasiones se nos pregunta a los economistas respecto a las consecuencias posibles de la fractura de la eurozona. La realidad es que no somos brujos y, desafortunadamente, no disponemos de esa capacidad de predicción. La realidad es que aunque solo fuera una economía la que quedara fuera del euro, las convulsiones serían de suficiente envergadura como para que el valor de numerosas empresas registrara caídas importantes. La capacidad operativa, fundamentalmente comercial y financiera, de las empresas más internacionalizadas quedaría seriamente limitada, al menos a corto plazo.
Las consecuencias serían mucho mayores si se desencadenasen los abandonos de economías como la italiana o la española: aparición del riesgo de cambio al pasar a distintas monedas; fuerte devaluación de las monedas domésticas recuperadas;  posibles impagos o moratorias de deudas públicas y privadas; limitaciones sobre la movilidad internacional de los capitales… etc.
En general, daños y deterioro en las condiciones de vida de los ciudadanos, que, en el mejor de los escenarios, tardarían muchos años en recuperarse.
La realidad es que dependiendo de a quién preguntemos, la probabilidad de resquebrajamiento del euro es grande o, por el contrario, muy reducida, pero nadie puede descartar por completo la salida de la eurozona de uno o más países.
La Unión Europea se enfrenta en los próximos meses a decisiones vitales que definirán el futuro de la unión monetaria y de todo el proyecto europeo: un nuevo rescate para España —y quizás para Italia— en el que el BCE y el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF) se aliarían para comprar deuda soberana; otra ronda de recortes del Gobierno de Mariano Rajoy para asegurar el cumplimiento del sacrosanto objetivo de déficit del 6,3% para este año; la enésima reestructuración del sector financiero español, ahora con la posibilidad de liquidar entidades insolventes y la creación de un banco malo; un empujón definitivo a reformas de las instituciones europeas tan importantes como la unión bancaria, fiscal y política; y, como siempre, el problema de Grecia sobrevolando todos los demás.
La troika (Comisión, BCE y Fondo Monetario Internacional) deberá presentar a finales de septiembre o principios de octubre el informe que servirá como base para que los líderes decidan si rompen la baraja y expulsan de hecho a Atenas del proyecto europeo. Esta decisión para la mayoría de analistas es la más urgente.
España deberá hacer malabarismos para poner en marcha el rescate de su banca de hasta 100.000 millones de euros y, al mismo tiempo, anunciar que pide otra ayuda de miles de millones de euros de  para calmar las tensiones que amenazan con empujar al país a la bancarrota.
Es la hora de las decisiones europeas. La tradicional desidia o incapacidad de sus líderes para tomar decisiones radicales ya no es posible.
En la eurozona ya hay siete países en recesión (caídas del PIB), Francia continua estancada,  y la desaceleración económica de Alemania, con un débil crecimiento de 0,3 por ciento del producto germano, muestran una situación económica en el Viejo Continente muy complicada.
El Producto Interior Bruto (PIB) de la economía de la Eurozona retrocedió un 0,2 por ciento en el segundo trimestre de este año, según datos publicados por Eurostat  (oficina de estadísticas europea), y los pronósticos para el tercer trimestre no arrojan la ansiada luz al final del túnel.
En tasa interanual, el Producto Interior  Bruto (PIB) de la Eurozona cayó de manera más marcada, hasta el 0,4 por ciento.
El retroceso de la economía europea se debe, según esas estimaciones, a que países como España, Italia, Portugal, Grecia y Chipre suman dos o más trimestres consecutivos a la baja. A nivel de la Unión Europea, de los 27 países miembros, siete se encuentran en recesión, mientras que seis de ellos –Reino Unido, Portugal, Chipre, Italia, España y República Checa– empeoraron sus expectativas por tercer trimestre consecutivo. Algunos economistas advierten incluso que el crecimiento económico podría caer aún más en el transcurso del año, ya que no se vislumbra el final de la desaceleración.
Francia evita a duras penas caer en recesión (ha registrado el tercer trimestre de estancamiento económico), principalmente, como consecuencia del retroceso del consumo de los hogares (un 0,2 por ciento) y al empeoramiento de su balanza comercial (las importaciones crecieron un 1,8 por ciento frente a la subida del 0,2 por ciento de sus exportaciones).
La locomotora alemana ha reducido fuertemente su ritmo de crecimiento (en el segundo trimestre del año ha sido del 0,3 por ciento). Su economía consiguió hacer frente a la crisis que atenaza a gran parte de la Eurozona, gracias a impulsos procedentes del comercio con países externos a la Zona Euro y del consumo interno alemán, que compensaron una caída en las inversiones de sectores claves como el de la maquinaria pesada.
Además, otros datos señalan que no son, precisamente, buenas las perspectivas alemanas. Se espera un aumento del PIB en el tercer trimestre de tan sólo un 0,1 por ciento.
Muy negativa ha sido la evolución de la economía portuguesa, ya que se ha contraído un 3,3 por ciento interanual en el segundo trimestre del año. Se trata de los peores resultados trimestrales registrados desde 2009.  Estas malas cifras han venido motivadas por una fuerte caída del consumo en la economía lusa, ya que en sólo tres años, el consumo ha descendido hasta el nivel que se encontraba en el año 1999.
Lisboa ha implantado todas las reformas exigidas por Bruselas y, la realidad es que tiene que hacer frente al crecimiento de su tasa de paro que ha alcanzado una cifra record del 15 % durante el pasado mes de junio.
Por otro lado, frente a los problemas de las primas de riesgo española  e italiana, el presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, a principios de septiembre, defendió la competencia actual del Banco Central Europeo para comprar cierto tipo de deuda soberana en los mercados secundarios, lo que le permitiría actuar de inmediato para aliviar la presión sobre las altas primas de riesgo.
"Las intervenciones en el mercado secundario a tres años no contravienen a los tratados europeos", según señaló en una reunión a puerta cerrada de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo (los mercados secundarios son aquellos en los que inversores, privados y públicos, negocian con los bonos ya emitidos por el Tesoro).
Ahora bien, Draghi apostilló que los países ayudados tendrán que cumplir más exigencias: "una nueva intervención en el mercado de deuda estará ligada a más condiciones".
Habrá que ver que resulta finalmente, de la decisión que adopte la institución que preside Draghi en la primera quincena de septiembre.

ESPAÑA:

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), las políticas de austeridad del Gobierno y el desplome del consumo de los hogares han agravado la crisis, ya que el producto interior bruto (PIB) descendió un 0,4% en el segundo trimestre (una décima más negativa que en el trimestre anterior). Se trata del cuarto trimestre consecutivo en cifras negativas,  y además, el Gobierno ha reconocido “que no espera que volvamos a una senda de leve crecimiento hasta los primeros trimestres de 2013”.
Los datos de contabilidad nacional  publicados señalan  que la demanda interna española tiene una influencia negativa muy grande sobre la producción española. El consumo de los hogares ha caído un 1% en tasa trimestral (supone uno de los mayores problemas de la crisis, tras varios trimestres de fuertes caídas). La elevada tasa de paro (casi un 25%), el miedo y las dificultades para conseguir créditos bancarios han retraído fuertemente el consumo de los españoles.
También están pasando factura los recortes llevados a cabo por el Gobierno para cumplir con las exigencias de déficit público de Europa: el gasto de las Administraciones Públicas cayó un 0,7% y enlaza su quinto trimestre consecutivo negativo. Las inversiones descendieron otro 3%. Según FEDEA (Fundación de Estudios de Economía Aplicada), “la demanda interna cada vez contribuye menos al crecimiento, tanto la privada como la pública, por la caída del consumo de los hogares y la consolidación fiscal a la que está siendo obligado el Gobierno”, advirtiendo que durante la segunda mitad de este 2012 va a ser peor.
En total, la demanda nacional restó al crecimiento 3,9 puntos en el segundo trimestre (siete décimas más negativa que en el trimestre anterior). En compensación, las exportaciones lograron salir del parón del primer trimestre, y han vuelto a convertirse en la única fuente de crecimiento en el PIB entre los meses de abril y junio, ya que han registrado una subida del 1,6%, con lo que mantienen su aportación al PIB trimestral en la misma cuantía que en el trimestre pasado (2,6 puntos).
Por otro lado, respecto a las cuentas públicas, El déficit del Estado en los primeros siete meses del año ascendió a 48.517 millones de euros, lo que representa el 4,62% del PIB. De este modo, la Administración central agota ya el margen del 4,5% que había acordado con la UE para 2012. Hacienda restó importancia a esta desviación, justificada por las transferencias a otras Administraciones, y aseguró que se cumplirá la meta pactada con Bruselas.
El IVA sigue sin remontar y la recaudación cayó el 9,2% (un -8,7% ajustadas las devoluciones). En junio la reducción fue del 10%, por lo que el Gobierno ha afirmado que se está "amortiguando" el descenso en los ingresos y que la previsión oficial de caída del 3,3% se cumplirá. La recaudación por impuestos especiales también cedió un 5,9% por el menor consumo de labores de tabaco (-7,2%) e hidrocarburos (-6,6%).
En el lado de los gastos, entre enero y julio subieron un 20,9%. El mayor avance se produjo en los gastos financieros, con una subida del 115,9% hasta los 20.032 millones, provocada por la mala evolución de los tipos de interés.
En otro orden,  el crecimiento del desempleo y el consiguiente incremento de parados con derecho a prestaciones, tanto contributivas como no contributivas, sigue introduciendo presión a las deterioradas cuentas de la Seguridad Social. Hasta julio registraron un superávit de 2.375,15 millones de euros, lo que representa un descenso del 32,3% con respecto al mismo periodo de 2011, según los datos hechos públicos por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Este saldo positivo fue el resultado de unos ingresos que alcanzaron los 72.651 millones de euros, con un aumento del 1,71% respecto al año pasado, frente a unos gastos de 70.275,86 millones, que crecieron el 3,47%.
Este recorte del superávit habría sido superior de no ser por las mayores transferencias del Estado. A 31 de julio, la Seguridad Social había recibido el 82,44% del total de las aportaciones contempladas en los Presupuestos. Sin la inyección del Estado, el resultado presupuestario del sistema en los siete primeros meses sería de 1.046,59 millones de euros, un 70,1% inferior respecto al mismo periodo de 2011.
Especialmente preocupante, han sido los datos publicados por el Banco de España correspondientes a Junio (cuando el Gobierno solicitó un préstamo de hasta 100.000 millones de euros a los socios europeos)  que señalan que la tasa de préstamos morosos o de difícil recuperación alcanzó en esa fecha el 9,42% del total, el equivalente a 164.360 millones de euros. La entrada de España en su segunda recesión en tres años, y el persistente deterioro del mercado laboral es la causa de que el deterioro de los créditos vaya más allá de su cartera inmobiliaria, que en cualquiera de los casos sigue siendo el responsable de las dos terceras partes de su morosidad.
Tal vez no sea políticamente incorrecto afirmarlo, pero salvo intenciones inconfesables –perdón por la afirmación-, es inexplicable que continuemos sin conocer con el detalle preciso la verdadera situación del sistema bancario español en su conjunto.
De forma que lo que era un “goteo” de familias y empresas retirando sus depósitos de la banca española, en los últimos meses se ha convertido en una “riada”, como consecuencia de las dudas crecientes sobre el futuro de la economía y del sistema financiero.
Según datos del propio BCE, los depósitos dentro de la categoría otros sectores residentes (integra a todos, excepto al Estado central y a las propias entidades bancarias) retiraron durante el mes de julio pasado 74.228 millones de euros de los bancos españoles (el 4,69% del total). Se trata de la mayor pérdida habida desde septiembre del año 1997.
Tanto el Ministerio de Economía como el Banco de España relativizaron la importancia de la caída, considerándola “estacional”.
La avalancha de retiradas ha hecho caer el volumen total de dinero ingresado en los bancos españoles hasta 2,336 billones de euros (59.800 millones menos que hace un mes).
Según un portavoz del Banco de España, las familias y empresas solo han sacado un tercio de los 74.200 millones retirados, y en gran parte por motivos estacionales. “En julio muchas empresas pagan sus impuestos”, dijo el portavoz, y “muchas familias retiran el dinero que tenían ahorrado para las vacaciones”.
Esta disminución de los depósitos supone igualmente un riesgo para el  Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), (la garantía prevista para los  depositantes en caso de insolvencias).
De la misma forma, las dudas sobre España y la desconfianza en su banca, tanto desde el exterior del país como entre las propias entidades, ha convertido al Banco Central Europeo en la única vía de financiación para el sector. Además, la dependencia de los bancos y cajas a la ventanilla de liquidez del organismo presidido por Mario Draghi no ha parado de aumentar desde el pasado septiembre y, en julio, el dinero prestado desde Fráncfort a la banca española ha marcado un nuevo récord con 375.549 millones de euros. Además, la parte de estos fondos que se han solicitado a corto plazo aumenta considerablemente con un repunte del 54% hasta los 69.300 millones (24.400 millones de euros más).
Según los datos publicados por el Banco de España, la banca española aumentó en julio un 11% (38.343 millones) su apelación al crédito del BCE con respecto a junio. Frente al mismo mes de 2011, la media mensual de julio supone multiplicar por siete la de hace un año, lo que se explica por el fuerte aumento de la desconfianza en el sistema financiero español. En este sentido, el dato también recoge el efecto que tuvo entre los inversores la decisión del Gobierno de solicitar el rescate europeo para la banca a principios de junio.
Otro signo que pone en evidencia las mayores dudas que pesan sobre la banca española es que el sector acaparó el 50% del total de la financiación al eurosistema. Con este dato, España se mantiene al frente de los otros países del euro, como país que más dinero tiene pendiente de devolver al BCE. Solo las entidades italianas se acercan, con 283.300 millones.
España acapara el 33% del total de la financiación bruta, lo que en cualquier caso está por encima del peso del país en el conjunto del eurosistema, que ronda el 12%.
La abundante liquidez de la que goza el sector financiero es una consecuencia de la barra libre que el BCE puso en marcha entre diciembre y febrero. Con estas operaciones extraordinarias, Draghi inundó el sistema con un billón de euros de dinero barato  a devolver en tres años. Se trata de  fondos que permanecen en los balances en las entidades (tienen pendiente de devolver 1,08 billones a largo plazo). Las españolas tienen una cifra de 332.847 millones de euros.
El dinero, en gran medida, se ha destinado a comprar deuda pública de los países en los que residen los bancos, sobre todo en el caso de los socios del sur del euro como España, Italia y Portugal, que pagan unos intereses mayores de lo que les cuesta a las entidades pedirlo en la ventanilla del BCE. Mientras el instituto emisor les cobra un 0,75% desde julio por los créditos, la banca puede obtener unos rendimientos que, solo en el caso español, ya se van al 2,6% en las letras a tres meses del Tesoro.
Además, las entidades españolas tampoco se fían unas de otras. Según los últimos datos sobre la balanza de pagos publicados por el Banco de España, la fuga de capitales desde España al exterior aumentó en mayo tras el estallido de la crisis de Bankia. Y no solo por los movimientos de los inversores extranjeros, ya que también los propios bancos españoles optaron por invertir su liquidez en otros mercados interbancarios.
Con este panorama, el Gobierno aprobó la tercera reforma financiera de la legislatura y la quinta desde el comienzo de la crisis. El Real Decreto Ley de Reestructuración y Resolución de Entidades de Crédito no es otra reforma más, sino que pretende ser la llave maestra que abre la puerta al rescate del sector bancario español y sienta las bases de su futuro. Con ese objetivo, el texto ha tenido que incorporar las exigencias plasmadas en el Memorándum de Entendimiento (MoU, por sus siglas en inglés) que Bruselas impuso a España como condición para acceder al crédito de 100.000 millones de euros del fondo de rescate.
Se prevén tres niveles de intervención:  el primer nivel está pensado únicamente para entidades con problemas puntuales y solucionables; el segundo se aplicará a aquellas que sean viables, pero que necesiten recapitalizarse con recursos que puedan devolver; mientras que el tercero constituirá un tratamiento definitivo cuando no existan visos de viabilidad a medio o largo plazo. Un tratamiento que incluye, entre otras medidas, la venta del negocio y la separación de los activos buenos y de los dañados a través de la figura del “banco malo”.
Otra de las finalidades pretendidas es conseguir dinamizar al mercado inmobiliario, propiciando bajadas de precios de los inmuebles que hasta ahora las entidades acumulan en sus balances.
En definitiva,  la reforma aprobada está dirigida a recuperar la confianza de los mercados financieros en España y en su sistema bancario. Se trata de un aspecto imprescindible para que nuestro país pueda rebajar hasta un coste razonable la factura que está pagando por financiarse en los mercados (la prima de riesgo).
Con el Real Decreto se dota al FROB, como el vehículo a través del cual se inyectará el capital, con una capacidad de endeudamiento de 120.000 millones de euros, que incluye los 100.000 del rescate europeo, más el endeudamiento del propio FROB, que tendrá su dotación en los Presupuestos del Estado.
Por otro lado, el Fondo de Garantía de Depósitos se limitará a garantizar las cuentas a la vista y las imposiciones a plazo en entidades de crédito hasta 100.000 euros por cliente.  
Respecto al desempleo, el mayor problema de la economía española, el número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo se situó al finalizar agosto en 4.625.634 personas, tras subir en el mes en 38.179 desempleados, con un aumento porcentual del 0,83%. De esta forma se ha acabado con la racha de descensos que llevaba registrando el paro en los últimos cuatro meses.
Aún así, la subida de agosto, mes en el que suele aumentar el desempleo por el fin de la campaña de verano, es menos pronunciada que la registrada hace un año, cuando el paro aumentó en 51.185 personas, mientras que en 2009, en un contexto de recesión económica semejante al actual, se registró un incremento de 84.985 desempleados. El incremento del paro en el mes de agosto es el menor registrado desde el año 2006, cuando aumentó en 28.693 personas, y se sitúa por debajo de la media de los últimos diez años. Desde agosto de 2011, el desempleo se ha incrementado en 494.707 personas, un 11,98%.
La temporalidad del empleo español crece: por cada 94 contratos que se firman por tiempo determinado, solo se rubrican seis indefinidos
El supuesto efecto que la reforma laboral iba a tener para reducir la temporalidad del empleo no parece estar surtiendo efecto. De los 1,02 millones de contratos de agosto (el 3,7% menos que en 2011), solo 91.200 eran indefinidos. Esta modalidad de un año para otro ha bajado el 6,54%, mientras que los acuerdos temporales caían el 3,54%. De hecho, solo en un mes, los indefinidos bajan el 32%, frente al 23% de bajada de los que tienen fecha de finalización. La temporalidad del empleo español crece: por cada 94 contratos que se firman por tiempo determinado, solo se rubrican seis indefinidos.
La Seguridad Social registró un descenso medio de 136.762 afiliados respecto a julio, con lo que se sitúa en un total de 16.895.977 ocupados al finalizar el mes, informó este martes el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Este dato es sumamente preocupante, ya que si bien hasta el momento no ha habido problemas con el pago de las pensiones, está disminuyendo el número de cotizantes por pensionista.
El eventual rescate, suave o duro, parece inminente, y sólo está por ver qué condiciones comporta: fuentes del Gobierno admiten que el gasto en pensiones, lo único considerado intocable hasta ahora, ya no lo es; y que los impuestos podrían volver a subir en breve, para tratar de cerrar el déficit en una cifra equivalente al 6,3% del PIB.

MERCADOS:

Las grandes empresas españolas han cerrado el peor semestre desde que comenzó la crisis y uno de los más negativos de su historia.
Sin contar con las pérdidas de Bankia, que no cotizó en el primer semestre del 2011, el beneficio neto de los grupos españoles se ha desplomado un 46,5%, hasta 12.358 millones. Con Bankia, el desplome sería del 65,75%.
La debilidad del negocio en España, las provisiones de la banca y la caída del consumo han perjudicado a las cuentas de las empresas cotizadas. El desplome del beneficio semestral es el peor desde el pinchazo de la burbuja puntocom en 2002, cuando Telefónica y otras compañías se anotaron provisiones multimillonarias para sanear sus balances.
En relación a la Prima de Riesgo, tras la tregua de los primeros días de agosto -llegó a caer a 458 puntos- ha finalizado el pasado mes en 552. La desconfianza sobre España, y la situación sobre su economía, el sector financiero y las comunidades autónomas vuelven a ser temas candentes.
Bankia presentó los resultados del primer semestre del año, que arrojan unas pérdidas de 4.448 millones de euros. Esta cifra obliga al FROB a inyectar dinero en la entidad, antes de que lleguen incluso los fondos de Bruselas, con el fin de garantizar su solvencia.
Respecto al mercado de trabajo, se ha sabido que  la negociación colectiva sigue bajo mínimos a tenor de los convenios registrados hasta finales de julio. Según el recuento del Ministerio de Empleo, el número de acuerdos en los siete primeros meses del año entre trabajadores y empresarios (1.209) se mantiene en el nivel más bajo desde 1981, inicio de la serie estadística.
La moderación salarial se ha impuesto, ya que el incremento medio de los sueldos ha sido del 0,47% (el nivel bajo de toda la serie estadística).
Los nuevos convenios de empresa recogen una subida salarial por debajo del objetivo fijado por sindicatos y patronal, en su pacto salarial (0,5% en 2013). En aquel acuerdo entre CEOE, CC OO y UGT (que también minimizó el uso de las cláusulas de garantía, tan denostadas por el Banco Central Europeo), los representantes de los trabajadores aceptaron menores salarios reales (una pérdida de poder adquisitivo) para permitir a empresas en crisis que no optaran por despidos.
Firmado el pacto llegó la reforma laboral, que trastocó las condiciones del mercado de trabajo y congeló la negociación colectiva. La reforma laboral facilita el despido barato, da la opción al empresario de descolgarse de los convenios para bajar sueldos, consagra la supremacía de los convenios de empresa sobre el resto y limita a un año la prórroga para llegar a un acuerdo cuando el convenio caduca. Todo ello redunda en un mayor poder en la negociación a los empresarios, de forma que puedan rebajar los sueldos en la situación de crisis actual.
Ahora bien, las subidas de precios por IVA, Tasas, etc. unidas a la moderación salarial suponen una gran pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores.
El BCE ha pedido “recortes adicionales en los costes laborales unitarios”. En España han bajado desde el año 2010 a un ritmo del 2,5% anual. Ahora bien, “rebajar los sueldos tiende a incrementar la competitividad, pero también puede dañar el crecimiento económico al deprimir el consumo”, como textualmente ha advertido la OIT (Organización Internacional del Trabajo).

EMPRESAS:

El miedo a la subida del IVA ha provocado la carrera por la compra de turismos y todoterrenos durante la última semana de agosto. Sin embargo se acrecientan los temores del sector al mantenimiento de las caídas en sus ventas superado el efecto señalado.
Desde luego en épocas de apretarse el cinturón, los banqueros no están predicando con el ejemplo: según el diario Expansión los consejeros ejecutivos de las grandes entidades financieras españolas atesoran más de 380 millones en sus fondos de pensiones para cuando decidan jubilarse.
Más del 80% de esa cantidad está concentrada en los directivos de Grupo Santander. Alfredo Sáenz, consejero delegado de esta entidad, suma más de 87 millones, convirtiéndose así en el banquero con la mayor pensión en España, mejor incluso que la de su presidente, Emilio Botín, que acumula 25 millones.
Francisco González, presidente de BBVA, es el segundo del ranking, con más de 79 millones. Varias de las pensiones de los banqueros españoles están muy por encima de la media de 25 millones de sus homólogos británicos.
Los directivos del Ibex reciben 16 millones en fondos de pensiones. La mitad de las grandes cotizadas españolas cuentan con planes de ahorro millonarios para asegurar la jubilación de sus presidentes y consejeros delegados, que pueden llegar a cobrar hasta diez veces su salario anual al cumplir los 65 años.