Durante los años del
férreo gobierno de Putin se ha incrementado la gran dependencia de Europa del
proveedor del gas y petróleo ruso. En este momento de guerra en Ucrania, las
sanciones impuestas por Estados Unidos, la UE y Reino Unido, está estrangulando
a la economía de Rusia, pero existe un “efecto búmeran” que, a su vez, ha
encarecido los precios energéticos y de determinadas materias primas y
minerales básicos.
GLOBAL:
Son impredecibles los costes
humanos y económicos de esta guerra en Europa. Las primeras estimaciones son
muy negativas humanamente y económicamente. Según la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), va a costar al mundo al menos un
punto porcentual en su crecimiento este año (alrededor de 1,4 puntos a la
eurozona) así como un incremento de, al menos, 2,5 puntos en la inflación
global.
El organismo, igualmente,
advierte de importantes consecuencias humanitarias. Por un lado, en Europa el
impacto del alto número de refugiados ucranios. De otro, un alza de los
precios de productos básicos para la población, como es el trigo.
Señala la OCDE en su
informe “Evaluación de los impactos
económicos y sociales e implicaciones políticas de la guerra en Ucrania”,
que “justo cuando la economía mundial parecía salir de dos años de crisis por
la pandemia de coronavirus, una guerra brutal y devastadora ha irrumpido en
Europa”, por lo que propone responder con medidas inmediatas, como estudiar el
establecimiento de un impuesto a los “beneficios caídos del cielo” de las
compañías eléctricas. A más largo plazo, alienta a acelerar todos aquellos
proyectos que puedan ayudar a “minimizar la dependencia de Rusia” en materia
energética.
Sin saber si el conflicto
será de larga duración, la OCDE advierte ya de que “los movimientos de los
precios de las materias primas y de los mercados financieros vistos desde el
comienzo de la guerra podrían, si se mantienen, reducir el crecimiento del PIB
global en más de un punto porcentual en el primer año, provocando una profunda
recesión en Rusia”.
El informe llama la
atención sobre el mercado energético de la Unión Europea, altamente dependiente
de Rusia tanto en sus importaciones de crudo (un 27% lo compra al mercado
ruso), como de gas natural (41%) y de combustible sólido (47%). Señala que “en las
circunstancias extremas que afronta el mercado energético europeo, se necesita
encarecidamente una mentalidad abierta a la hora de reexaminar el marco
normativo, incluyendo una revaluación de la estructura y diseño de mercado para
garantizar la seguridad y asequibilidad energética, mientras se mantienen los
objetivos de cambio climático”.
La OCDE recomienda un
“apoyo fiscal bien diseñado y cuidadosamente focalizado que permita reducir el
impacto negativo de la guerra en el crecimiento con solo un pequeño impulso a
la inflación. Algunos países, especialmente los europeos, podrían financiar estas
medidas con la tributación de los beneficios excepcionales de las
eléctricas. Hay una oportunidad de ayudar a financiar medidas temporales
dirigidas y para compartir el impacto del aumento del precio de la electricidad
en los hogares vulnerables mediante medidas temporales impositivas sobre los
beneficios excepcionales directamente ligados al actual diseño del mercado”.
Por otro lado, se ha
provocado el mayor flujo de refugiados en Europa desde la Segunda Guerra
Mundial (3 millones de ucranios ya han huido de su país y la UE calcula que podrían
superar los 6,5 millones). Se hace necesario ofrecer ayuda humanitaria de
emergencia, un alojamiento, cobertura médica y colegios para los niños, así
como ayudarles a encontrar rápidamente un trabajo para sobrevivir.
Lo anterior, implica una
carga económica que, según la OCDE, recordando los costes de la anterior crisis
de refugiados, en 2015 y 2016, la actual podría resultar en un coste directo de
al menos el 0,25% del PIB de la Unión Europea. El coste será mucho mayor en los
países que reciban a los refugiados, como Polonia que, según el organismo,
“está haciendo mucho más sin los mismos medios que otros países”.
En otro orden, muchos
analistas se plantean si estamos sufriendo un proceso de “desglobalización”.
Puede que así sea, pero sus consecuencias serían muy graves y peores si estamos
viviendo un significativo retroceso del comercio mundial. Y aunque China no ha
intervenido, al menos directamente en el conflicto, su respuesta a la covid,
también ha sido otra fuente de perturbación económica. Pekín sigue insistiendo
en utilizar vacunas de fabricación nacional que no han funcionado demasiado
bien y en responder a los brotes con confinamientos draconianos que están
causando problemas no solo a China, sino al resto del mundo.
ESTADOS UNIDOS:
Una guerra situada a
miles de kilómetros de Estados Unidos está amenazando con sacudir las carteras
de inversión y ralentizar la recuperación económica, que avanzaba tras la
pandemia pese a las turbulencias del atasco global en las cadenas de
suministro. La suma de todos los factores (aumento de los precios, volatilidad
bursátil, escasez de materias esenciales en la industria, además de una
energía cada vez más cara) constituye un desafío mayúsculo para la economía
norteamericana tras dos años de tensión extrema. Algunos analistas han comenzado
a contemplar el posible riesgo de estanflación (alta inflación y bajo
crecimiento) si la guerra se prolongara en el tiempo.
La Reserva Federal de
Estados Unidos ya ha aumentado los tipos de interés por primera vez desde 2018.
Ha incrementado en 0,25 puntos porcentuales las tasas, que han quedado en un
rango de entre 0,25% a 0,5%.
La medida busca amortiguar el rápido aumento de una inflación que ha
escalado a un 7,9%, el nivel más alto en ese país desde 1982, y los
economistas prevén que pueda alcanzar una tasa en torno al 9% en los próximos
meses.
No obstante, la Reserva
Federal ha insistido en que el banco se moverá “con cuidado” a la hora de
endurecer su política monetaria. Los indicadores económicos estadounidenses son
contradictorios. Para la agencia de calificación Moody´s, para Estados Unidos formula
una previsión de su PIB ligeramente inferior a la esperada este año (un 3,5%
frente al 3,7% esperado). El exceso de ahorro en los hogares
por la inyección de estímulos del Gobierno federal para contrarrestar la
pandemia puede amortiguar la fuerte subida de la energía. Pero no solo
suben los combustibles y la luz: también, de manera desbocada, los alquileres;
los coches usados, las tarifas de avión… por no hablar de la cesta de la
compra.
Aquellos analistas que
ven una inflación del 5% al 7% como alta
y un crecimiento económico inferior al 2% como bajo, hablan del
riesgo de estanflación (inflación junto a estancamiento económico).
La volatilidad de otras materias
primas tendrá en el caso de Estados Unidos especial impacto en la cadena
de suministros, ya tensada desde la aparición de la variante delta del
coronavirus. Materiales como el níquel, el aluminio o el gas neón, por no citar
el tungsteno, cuyas reservas mundiales se reparten China y Rusia, son
esenciales en la fabricación de láseres, baterías electrónicas,
semiconductores, instalaciones de energías limpias e industria automovilística.
También en el sector
primario, los agricultores esperan un aumento en el precio de los
fertilizantes, ya en niveles récord antes del conflicto. Rusia, productor
mundial de abonos de bajo costo y gran volumen, es el segundo mayor productor
del mundo de potasa después de Canadá, un nutriente clave utilizado en los
principales cultivos, lo que tendrá consecuencias directas en el precio de
algunos alimentos.
Si la economía
estadounidense siente los efectos negativos de la guerra de Ucrania en términos
de inflación, ingresos familiares disponibles y políticas monetarias inestables
del banco central, se podría producir una débil recesión a finales de 2022. Aunque
los efectos de la guerra serán menores que los que se sienten en Europa. Hay
que esperar a que se publiquen los datos de crecimiento estadounidense
correspondientes a este primer trimestre de este año.
REINO UNIDO:
El Banco de Inglaterra ha
subido los tipos de interés desde el 0,5% al 0,75%. Se trata de la tercera
subida en cuatro meses. Y es que su tasa de inflación se sitúa ya en el 5,5%,
muy por encima del objetivo del 2%. El precio del dinero ha regresado al nivel
prepandémico de marzo de 2020, antes de que la actividad británica se hundiera
por la aparición del coronavirus.
El Comité de Política
Monetaria del Banco de Inglaterra ha sugerido que, provocará alguna nueva
subida de los tipos, pero no será una tendencia firmemente sostenida en el tiempo.
Ha señalado que, “con el análisis de la situación económica actual, se estima
que pueden ser necesarios ajustes modestos de la política monetaria en los
próximos meses, pero existen riesgos en uno y otro lado del análisis que
dependen de cómo evolucione la inflación a medio plazo. El comité revisará los
datos que vayan surgiendo, incluidas las implicaciones económicas de los
acontecimientos geopolíticos recientes”.
El aumento de los tipos en
el Reino Unido se produce en un momento en el que los precios energéticos
y el coste de los alimentos están escalando a nivel nacional y global, al
tiempo que existe la preocupación de que la guerra en Ucrania los impulse
todavía más. Para justificar la medida, el comité de política monetaria del Banco
de Inglaterra, ha señalado que, aunque en el pasado enero el alza del Producto
Interior Bruto (PIB) fue más fuerte de lo previsto, el crecimiento de la
economía británica “probablemente se ralentice” a causa de las presiones
ocasionadas por la escalada bélica.
Alerta el informe del
Banco de Inglaterra, que “probablemente, los efectos de la invasión de
Rusia en Ucrania acentuarán tanto un repunte en la inflación como su
impacto adverso en la actividad, intensificando las presiones en los ingresos
de los hogares”. También se alerta sobre el golpe para las finanzas de los
hogares que suponen los elevados costes energéticos.
La Oficina Nacional de
Estadísticas (ONS, por sus siglas en inglés) del Reino Unido indicó que la tasa
de la inflación aumentó en un 5,5% en enero, mientras que el Banco había
señalado previamente que podría repuntar hasta llegar al 7,25% y ahora está
alertando de que ese aumento podría ser incluso más acusado. Señala este
organismo, que “se espera que la inflación aumente más en los próximos meses,
hasta alrededor del 8% en 2022, y quizás incluso más para finales de este año”.
UNIÓN EUROPEA:
Según la oficina
estadística Eurostat, el IPC (incremento de los precios de consumo) de los 19
países de la moneda única, durante el pasado mes de marzo, ha superado una
nueva barrera al subir hasta el 7,5% en tasa interanual. El incremento de los
precios, que venía ya lanzado por el gran atasco global derivado de
la pandemia, alcanza de nuevo este mes cotas nunca vistas desde la creación del
euro por el efecto de la invasión rusa de Ucrania, que comenzó hace cinco
semanas y cuyos efectos se han extendido en la economía europea a través del
coste de la energía.
Y es que se está dejando
sentir notablemente el impacto del auge de los precios de la energía, y de las
cuatro rondas de sanciones de la Unión Europea a Rusia, además de las
represalias del resto de aliados occidentales contra el régimen de Putin.
El ritmo de la inflación
sigue una tendencia ascendente que ya había dado en febrero señales de estar fibrilado
(contracción espontánea e incontrolada), durante febrero se elevó hasta un
5,8%. En marzo ha sido unos 1,6 puntos más alta. Es ya el cuarto registro
histórico consecutivo para la zona euro. Y, con un 2,5%, se trata también de la
mayor subida intermensual desde que la creación del euro en 1999.
La energía es el
principal responsable de la escalada de los precios, con una tremenda subida,
nada menos, del 44,7% interanual en
marzo, casi 13 puntos más que en febrero. La enconada relación con Rusia, que
aporta en torno al 40% del gas que importa la Unión Europea, se deja sentir así
en los bolsillos europeos y en unos mercados energéticos tensionados por la
contienda y la escasez de oferta que se arrastraba tras la pandemia.
Siguen en las alzas a los
precios de la energía, la de los alimentos, el alcohol y el tabaco, con una
subida del 5% (el 4,3% en febrero), entre los que destacan los alimentos sin
procesar, con un alza del 7,8%. Mientras, los bienes desvinculados de la industria
energética suben, pero mucho menos, un 3,4% (un 3,1% en febrero).
El impacto de la guerra
se está dejando sentir en todas las economías. En Alemania, con un alza del
7,6% con respecto a marzo del 2021 y una subida de 2,5 puntos respecto a
febrero (hay que remontarse a hace 40 años, antes de la reunificación, para
encontrar una cifra semejante).
La inflación está
apareciendo de forma muy intensa en las economías que comparten fronteras de
Rusia: Lituania (15,6%) y Estonia (14,8%) encabezan la tabla, seguidos de
Países Bajos (que llegó al 11,9%, casi 5 puntos porcentuales más respecto a
febrero) y Letonia (11,2%). Malta, en cambio, se queda en el otro lado de la
tabla, con un incremento del 4,6%, seguido de Francia, donde el incremento de
precios se limita al 5,1%. Para algunos analistas, con la inflación de la zona
euro aumentando por encima de las previsiones del Banco Central Europeo, y
teniendo en cuenta que probablemente se mantenga muy alta durante el resto del
año, no tardará mucho el BCE en incrementar los tipos de interés.
Pues bien, el Gobierno
alemán ha tomado el control de la filial alemana de la empresa de gas rusa
Gazprom. En una decisión sin precedentes, el Ministerio de Economía y Clima ha
ordenado a la Agencia Federal de Redes que asuma la tutela de Gazprom Germania
de forma temporal, hasta el próximo septiembre. El objetivo: asegurar el
suministro de energía en el país.
La decisión se enmarca en
los esfuerzos que en los últimos meses está haciendo el Gobierno del
socialdemócrata Olaf Scholz para tratar de librarse de su dependencia de los
hidrocarburos rusos; no solo de su suministro, también de su almacenamiento,
especialmente en lo que respecta al gas. Después de años cediendo poder a las
empresas públicas controladas por Moscú, Berlín trata ahora de recuperar el
control de sus infraestructuras energéticas críticas.
Se había publicado que Gazprom
había intentado traspasar la filial alemana a otras sociedades con sede en la
ciudad rusa de San Petersburgo, supuestamente para evitar la expropiación por
parte del Gobierno alemán. Ante la falta de transparencia sobre la propiedad de
Gazprom Germania, el Ejecutivo alemán la ha puesto bajo tutela de la agencia
pública que regula el sector energético. “El Gobierno está haciendo todo lo
necesario para garantizar la seguridad del suministro en Alemania. Esto también
significa que no vamos a exponer las infraestructuras energéticas alemanas a
decisiones arbitrarias del Kremlin”, ha señalado en un comunicado el gobierno
germano.
El depósito de la ciudad
de Rehden, gestionado por Astora (una de las filiales de Gazprom Germania) juega
un papel decisivo en Alemania ya que gestiona el mayor almacén de gas del país,
(una de las instalaciones con mayor capacidad de toda Europa, con 4.000
millones de metros cúbicos). Pues bien, este depósito de Rehden ha estado en el
punto de mira ya que ha permanecido casi vacío durante todo el invierno. Berlín
y Bruselas sospechan que Gazprom ha estado manteniendo unos niveles de
almacenamiento artificialmente bajos para alimentar la crisis del suministro de
gas y elevar los precios.
Sin duda, también ha
influido la disputa con Vladímir Putin, que exigió el pago en rublos del
gas y amenazó con cerrar el grifo. Alemania, junto con los otros miembros
del G7, se negó en redondo a pagar los suministros en otra cosa que no fueran
euros o dólares, las monedas que figuran en los contratos. Por ahora, el gas
sigue fluyendo, tanto por el gasoducto del Báltico, el Nord Stream 1, como por
el Yamal, que cruza Bielorrusia y Polonia hasta llegar a territorio alemán.
Alemania sigue bloqueando
un embargo de los hidrocarburos rusos ya que cortar el suministro ruso afectaría
más a la economía alemana que a Putin. Prescindir de golpe del gas ruso
supondría entrar en recesión y pondría en peligro centenares de miles de
puestos de trabajo germano.
Berlín trabaja a marchas
forzadas para reducir la dependencia de los hidrocarburos rusos. En unos meses
ha conseguido reducir del 55% al 40% el porcentaje de gas de Moscú que utiliza
su industria y con el que alimenta las calefacciones de sus 83 millones de
habitantes. El Gobierno ha anunciado que podrá prescindir del carbón y el
petróleo rusos a finales de este año, pero asegura que con el gas es más
complicado y que necesita mantener los gasoductos abiertos hasta mediados de
2024.
En ese sentido, Estados
Unidos se ha comprometido a incrementar en un 68% sus exportaciones de gas
natural a la Unión Europea para que el bloque pueda acelerar su
desconexión con Rusia. Washington auxilia a sus socios y, además, abre un
potente negocio, consolidando su liderazgo como principal exportador mundial
del gas natural licuado.
Todo esto abre una
profunda contradicción. La mayor parte de ese gas procedente de Estados Unidos,
procede del fracking (fracturación hidráulica), o
extracción de hidrocarburos cuyo uso se disparó en Estados Unidos a partir del
año 2010, y que le ha situado como el primer productor mundial y exportador
neto de crudo y de gas, pero que no ha calado en la Unión Europea y el Reino
Unido por su menor rentabilidad, su elevado impacto ambiental y las
protestas sociales.
Por otro lado, la mayoría
de analistas apuestan por una subida de tipos suave y gradual en el tiempo. Así
se desprende del Consenso Económico y Empresarial, correspondiente al primer
trimestre de 2022, que elabora PwC desde 1999, a partir de la opinión de un
panel de más de 450 expertos, en el que tengo el honor de participar.
Los resultados del
Consenso validan la estrategia del BCE de acelerar el calendario de reducción
de compra de activos y analizar su cancelación en el tercer trimestre del año,
para iniciar después una fase de subida.
La opinión mayoritaria
(44,7%) sostiene que el BCE hará uno o dos movimientos al alza cada año durante
los próximos tres e, incluso, el 31,7% contempla una opción más relajada y que
el precio del dinero se sitúe, simplemente, en terreno positivo.
En línea con estas
opiniones, los encuestados creen que el tipo de intervención, actualmente en el
0%, se situará a finales de este año entre el 0,25% (para el 38%) y el 0,5%
(para el 25,6%). De cara a 2024, son más los que piensan que los tipos no
llegarán al 1% (un 43,8%) que los que los colocan en una banda entre el 1% y el
1,5% (un 40,5%). En promedio, se puede decir que una mayoría significativa de los
expertos cree que los tipos de interés rondarán el 1% en 2024.
ESPAÑA:
Según el dato adelantado
del Instituto Nacional de Estadística, la guerra en Ucrania ha tenido un considerable
impacto en los precios. De forma que la inflación ha subido durante el pasado
mes de marzo un 9,8% respecto al año pasado, frente al 7,6% de febrero. Es la
cifra más alta desde mayo de 1985.
Hace casi 37 años que no
se producían estos aumentos de precios en España. Y la persistencia del
fenómeno, que afecta al volumen del ahorro, disolviéndolo al perder su valor
adquisitivo, está superando todas las expectativas, en las que no aparecía la
hipótesis de una contienda militar en Europa.
El Ministerio de Asuntos
Económicos ha detallado que un 73% del aumento de precios se debe al impacto de
la invasión de Ucrania sobre la energía y los alimentos no elaborados, y ve
urgente, “para revertir esta tendencia alcista”, desplegar cuanto antes el
paquete de ayudas, de hasta 16.000 millones (6.000 millones en ayudas directas
y rebajas de impuestos, y otros 10.000 millones en créditos ICO). Entre
sus medidas incluye un límite del 2% en las subidas del alquiler y un
descuento de 20 céntimos en el precio del combustible, que ya ha entrado en
vigor, aunque con algunos problemas en su interpretación y aplicación.
El Índice de Precios de
Consumo (IPC) hace ya un año que se ha situado por encima del 2% objetivo del
Banco Central Europeo, arrastrado por dos fuerzas que actúan como aceleradores
de la subida de precios: por un lado, una demanda que estaba aumentando alentada
por los estímulos públicos, el fin de las restricciones y la salida de ahorro
acumulado en la pandemia. Y por el otro, una oferta con múltiples problemas,
sobre todo en el suministro de energía.
En el ámbito
doméstico, la huelga del transporte ha reducido la oferta y tensionado las
cadenas de suministro de numerosas empresas e industrias, lo que ha favorecido
a la inflación. Por otro lado, internacionalmente, los confinamientos de
Shenzhen (el polo tecnológico más importante de China); Shanghái (el
epicentro financiero del país, con 26 millones de habitantes); y otras
ciudades, dentro de la estricta estrategia de “covid cero” aplicadas por Pekín,
han generado nuevos desajustes logísticos y retrasos en las entregas debido al
cierre de fábricas y la obligación de los camioneros de someterse a test para
poder trabajar. Paradójicamente, los cierres impulsan una tendencia opuesta que
forcejea con el resto: a más restricciones, menos consumo de petróleo, lo que
ha propiciado caídas puntuales de su cotización por una posible ralentización
de la demanda china.
El comercio global
tampoco trae buenas noticias: un estudio del Fondo Monetario Internacional
(FMI) respecto el transporte marítimo que supone más del 80% del comercio
global, señala que el impacto inflacionario de los elevados fletes, que suele
trasladarse a los precios con retraso, seguirá aumentando hasta finales de este
año. Señala el organismo que “el aumento en los costes de envío observado en
2021 podría aumentar la inflación en aproximadamente 1,5 puntos porcentuales en
2022″.
El FMI se muestra
pesimista acerca de una solución rápida del problema. “Es probable que la
guerra en Ucrania provoque más interrupciones en las cadenas de suministro, lo
que podría mantener los costes de envío globales, y sus efectos inflacionarios,
más altos por más tiempo”. La realidad
es más dinero para las relucientes cuentas de resultados de las navieras, que
viven una etapa dorada que se prolonga aún más en el tiempo, y unas mercancías
con unos precios más elevados para el resto de agentes y sectores.
Además, la invasión de
Ucrania ha disparado el precio de metales como el níquel, esenciales para la producción
de baterías eléctricas, los fertilizantes antes importados de Rusia que hacen
falta para los cultivos. Y con la dependencia de las cosechas de Ucrania, de
donde España y Europa traían buena parte del trigo y el maíz necesario para los
piensos, cuya carencia ha encarecido la alimentación del ganado.
En el lado energético, el
litro de gasolina y gasóleo han alcanzado precios de hasta los 2 euros por
litro. El precio medio de la electricidad también ha superado al de febrero. Si
el mes pasado fue de 200,23 euros por megavatio hora en el mercado mayorista,
en marzo se han batido todos los récords con 283,30 euros, y un máximo
histórico de 545 euros.
La inflación subyacente,
que descuenta la evolución de los componentes más volátiles, como la energía o
los alimentos frescos, subió en marzo cuatro décimas hasta el 3,4%. La diferencia
entre la inflación del índice general, y el de la subyacente nunca había sido
mayor que ahora en toda la serie histórica, aunque la subyacente no empezó a
calcularse hasta 1986.
El problema fundamental,
es que podemos estar asistiendo a un proceso autentico de inflación, y no una
mera subida de precios: “un proceso de alza persistente y notable del nivel
general de precios, iniciado por alguna variación (en este caso un aumento de
los precios de la energía y materias primas), y propagado por la economía por
las reacciones de los diversos agentes económicos. En este caso, se trataría de
una “inflación de costes”.
La inflación española ha
estado manteniéndose ligeramente por debajo de la de Estados Unidos, pero casi
dos puntos por encima de la de sus socios europeos. Los salarios no están
acompañando ese movimiento, lo cual está provocando una pérdida generalizada de
poder adquisitivo. Para el BCE, eso tiene una parte positiva, al evitar la llamada
“espiral de precios- salarios o beneficios- salarios” que genera bastante temor:
si los sueldos suben como respuesta a la inflación sufrida, los costes de las
empresas también lo hacen, lo que les lleva a aumentar los precios para mantener
o mejorar sus márgenes. Al sufrir esa nueva subida de precios, los empleados
vuelven a reclamar actualizaciones salariales para protegerse frente al
incremento del coste de la vida o disminución de su “salario real”. De esta
forma, una y otra vez, en el peor escenario, seguirían retroalimentándose fuera
de control. Frente a esta espiral, sufrida en la crisis de los años setenta del
siglo pasado, se aplicó la llamada “política de rentas”, que, dicho sin ningún
eufemismo, no es otra cosa que el control de los salarios. Esta espiral, al
final, a quien más perjudica es a aquellos agentes que tienen menor poder o
capacidad, para exigir actualizaciones en el precio de los factores que ellos
controlan, Es decir en sus rentas.
La realidad, es que hasta
este momento los salarios en España, ha venido creciendo en los convenios
colectivos, levemente, por encima del 2%.
Por su lado, el Banco
Central Europeo, espera que, en los próximos años 2023 y 2024, la inflación
europea volverá a niveles más normales y rondará el 2%.
En todo caso, el panel de
previsiones marzo realizado por Funcas (centro de análisis o “think tank”
dedicado a la investigación económica y social), elaborado a partir de una
encuesta realizada entre 19 servicios de análisis, el agravamiento de las
tensiones inflacionistas y el temor al desabastecimiento como consecuencia
de la guerra en Ucrania ponen cada vez más en peligro la recuperación tras la
pandemia. Según Funcas, la economía española crecerá este año un 4,8% (ocho
décimas menos de lo esperado) ante la elevada incertidumbre resultante de la
guerra en Ucrania.
Las previsiones varían
desde la mayor, un 6%, para Analistas Financieros Internacionales, y la mínima,
un 2,9%, de la consultora Metyis. Estas diferencias ponen de manifiesto las
diferencias en las hipótesis de partida sobre las que se sustentan las
estimaciones de los panelistas.
La economía vive
pendiente de los efectos originados por la devastadora guerra de Ucrania.
Sin embargo, según los datos del Paro Registrado correspondientes al mes de
marzo, el mercado laboral ha logrado aislarse, de momento, resguardado de las
consecuencias del conflicto. El paro bajó con respecto a febrero hasta situarse
en 3.108.763 personas (disminuyó en 2.921 personas), la cifra más baja para
este mes desde 2008; y el número de afiliados a la Seguridad Social se
incrementó en algo más de 140.000 trabajadores, hasta llegar a los 19.834.504,
la cifra más alta para este periodo del año desde 2001.
Lo más destacable, sin
duda, ha sido que por primera vez desde que comenzó la serie histórica, se han
firmado más de medio millón de indefinidos en un mes (513.677 trabajadores),
casi uno de cada tres.
Desde que se aprobó la
reforma laboral, en el primer trimestre de este año se han realizado más de un
millón de contratos fijos (1.069.190), y su porcentaje respecto del total no ha
hecho más que aumentar: en enero fue del 15%, en febrero subió hasta el 21,9%;
y en marzo se ha duplicado respecto a cómo comenzó el año, 30,7%; todos ellos
superan ampliamente la media de 2021 (10,87%). Aunque los contratos temporales
siguen siendo la modalidad principal (1.158.164 en el último mes), los fijos
están cerca de representar un tercio del total, una representatividad sin antecedentes
en las estadísticas.
Se persigue atajar a la
temporalidad. En ese sentido, de enero a marzo de este año, se han reducido
considerablemente, pasando de suponer un tercio entre 2017 y 2019 (31,8% los de
un solo día, y 30,7% para los de 2 a 7), a casi la mitad (13,1% y 17,3%, respectivamente).
Detrás de esta rebaja también se esconde la reforma laboral, puesto que para
aquellos contratos temporales que no superen los 30 días de duración se
contempla una sanción para las empresas en forma de cotización adicional de
26,57 euros.
En todo caso, la huelga
de transportistas ha impactado negativamente en las afiliaciones a la Seguridad
Social. Los datos muestran un importante crecimiento durante la primera mitad
de marzo, hasta el comienzo del parón, donde hubo una desaceleración en sectores
como el transporte, la industria manufacturera o la construcción.
La cifra de afectados por
un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) marcó en marzo un nuevo
mínimo: 26.142 trabajadores, de los cuales 23.662 estaban acogidos bajo la
modalidad Covid. Dentro de este grupo vuelven a representar un porcentaje
amplio los empleados de agencias de viajes (9.175 trabajadores).
Por otro lado, es
importante resaltar un aspecto clave: los salarios pactados por convenio
subieron de media un 2,26% hasta febrero, según los datos de la estadística de
negociación colectiva del Ministerio de Trabajo. Se trata de un aumento de dos
décimas con respecto a los datos de enero, y de casi ocho décimas con respecto
a la media de 2021 (1,47%). Sin embargo, la distancia con respecto a la
inflación de ese mes, es de casi cinco puntos por debajo (7,4%).
MERCADOS:
El Ibex 35 ha retrocedido
un 0,4% en marzo y un 3,08% en el primer trimestre de 2022. Todo ello, como
consecuencia de la escalada de la inflación, las políticas de tipos de interés
y la invasión rusa en Ucrania.
Tras estrenar abril con
dudas, las Bolsas europeas parecen inclinarse por ligeras ganancias.
Las expectativas de un alto los fuegos a corto plazo se han diluido.
Por otro lado, el euríbor
lleva años en negativo y ha llegado a superar la barrera del -0,5% en varias
ocasiones. Esta circunstancia pudo provocar que hubiera entidades que tuvieran
que pagar a sus clientes por prestarles dinero. Sin embargo, esta anomalía
ya tiene los días contados como consecuencia de la evolución al alza del
Euribor al que están referenciadas el 80% de las hipotecas en España.
El interés de la hipoteca
variable, por lo general, se calcula sumando un diferencial (que es fijo) al Euríbor. Como es sabido, llegó a darse
el caso de que esa suma resultaba negativa. Es decir, que el banco no solo no
cobraba intereses, sino que de hecho debería pagarlos.
Por otro lado, se
mantiene la volatilidad en el mercado de los hidrocarburos. El precio del
petróleo Brent ha rondado los 100 dólares por barril. En el contexto de las
preocupaciones por las restricciones a la movilidad en China, el crudo ha
reanudado cierta caída tras haberse disparado. Los futuros del Brent, por su
parte, anticipan ahora que el precio del Brent se mantendrá por encima de los
100 dólares por lo menos hasta agosto de 2022.
El conflicto en Ucrania
ha empeorado sensiblemente los precios en las gasolineras españolas. Con el
crudo y los refinados disparados en las cotizaciones internacionales, los
precios de la gasolina y el gasóleo no han dejado de batir récords en las
estaciones de servicio. De acuerdo con los datos del geoportal del Ministerio
para la Transición Ecológica, que monitoriza los importes en más de 11.500
establecimientos de toda España, la gasolina y gasóleo ha alcanzado dos euros
por litro en muchas gasolineras (superando por primera vez el gasóleo a la
gasolina).
EMPRESAS:
Cepsa regresó a números positivos
durante el pasado año, el primer año de la recuperación económica y en plena
escalada de precios de los combustibles fósiles. La petrolera española, que es
propiedad (63%) de Mubadala Investment (el vehículo de inversión del emirato de
Abu Dabi), y del fondo estadounidense Carlyle (37%), vivió un
beneficio neto de 661 millones el ejercicio pasado, dejando atrás las pérdidas
de 919 millones de 2020, cuando el barril llegó a cotizar en negativo. Una
mejoría que la propia empresa achaca a la “recuperación de la demanda” y al
“aumento de los precios del crudo”. El beneficio neto de 2021 fue el segundo
mayor en más de una década, tras los 743 millones ganados en 2017.
El año pasado, la inversión
acometida por la compañía cayó un 27%, hasta los 473 millones, un descenso que
justifica por el exhaustivo control para mantener la generación de caja.
Tras la invasión rusa de
Ucrania, la petrolera dejó de comprar crudo, gas natural y productos petrolíferos
rusos. Lo hizo, afirma la propia empresa el mismo día en que empezó la guerra.
“La compañía no prevé que esta postura vaya a cambiar en un futuro próximo”,
subraya. “Cepsa ha tenido tradicionalmente una actividad comercial muy limitada
en Rusia y actualmente ha dejado de vender productos en este país”.
El resultado bruto de
explotación ajustado, o EBITDA ajustado, de Cepsa ascendió el año pasado a
1.815 millones de euros, un 53% más que 12 meses antes, lo que permitió una
reducción de la ratio de endeudamiento sobre Ebitda, que pasó de 2,7 a 1,6
veces. Según las cifras publicadas por la petrolera, su liquidez asciende a
3.476 millones, una cantidad suficiente para cubrir cuatro años y medio de
vencimientos de deuda.
Por áreas de negocio, la
mayor contribución al Ebitda ajustado provino de la rama de Exploración y
Producción de crudo, que prácticamente duplicó su resultado bruto, hasta los
905 millones de euros. Esto se debe, reconoce Cepsa, al “incremento de los
precios del crudo, sustancialmente más altos que en 2020 (más del 70%), gracias
a la recuperación de la demanda”.
La unidad de Refino logró
una mejora aún mayor, al pasar de un Ebitda ajustado de 10 millones en 2020 a
uno de 93 millones en 2021, con un incremento del margen de ganancias pese al
encarecimiento del gas natural, una de las principales materias primas
necesarias en ese proceso. Y la división de Química (que la empresa lleva meses
sopesando vender), logró un beneficio bruto ajustado de 461 millones en 2021,
casi un 30% más que un año antes, por una confluencia de mayores volúmenes (más
de un 5%), mejor margenes y precios más altos.
