lunes, 18 de diciembre de 2017

LA ECONOMÍA DEL COMPORTAMIENTO O CONDUCTUAL

Con ocasión del Premio Nobel de economía de 2017, Richard Thaler, se habla frecuentemente de la economía del comportamiento o conductual. Comenzaré señalando que, en mi opinión, el termino no es muy afortunado ya que toda la teoría económica estudia el comportamiento de cada agente, tanto individualmente como de forma colectiva.

Ahora bien, sin duda, su gran novedad es que pretende relacionar más estrechamente a la teoría económica con la psicología, e incluso con la neurología.

Tradicionalmente, en la mayor parte de la teoría económica, los modelos suponen que los sujetos tienen un comportamiento completamente racional y, en todo momento, optimizan sus decisiones y estrategias.

Pues bien, la economía del comportamiento no viene a revolucionar a los planteamientos y postulados clásicos - como alguien ha declarado la Ley de la Demanda sigue siendo la misma- pero pone de relieve que, la mayoría de las veces, los sujetos tomamos las decisiones de forma emocional, compulsiva, e irracionalmente. Por tanto, no decidimos las estrategias adecuadas o correctas.

Se deduce de dichos planteamientos, que las limitaciones cognitivas, nos hacen vulnerables a nuestros propios impulsos y a la manipulación de otros. Nuestro cerebro es incapaz de manejar tanta información, por lo que, además en muchas ocasiones, se decide instintivamente. Esta es, sin duda, la razón de que esté encontrando tanto eco en el ámbito del marketing.

El peligro es lo que se ha llamado “paternalismo libertario”, ya que el propio Thaler llega a afirmar que los Gobiernos y autoridades no sólo pueden, sino que deben manipular, de forma más o menos sutil, a los sujetos a fin de inducirles a tomar aquellas decisiones en los ámbitos de pensiones, sanidad, educación, etc., que les beneficien a largo plazo.

Thaler postula los que denomina nudges o empujones que, siguiendo esta economía conductual o mezcla de economía y psicología, conduzcan a los sujetos a cambiar o alterar su comportamiento en determinada dirección. Todo ello, afirma, respetando la libertad de expresión.


Evidentemente, los debates en torno al paternalismo libertario y al nudge no están cerrados, de forma que la economía del comportamiento, o behavioural economic, de ser una rareza, puede situarse en una de las corrientes principales de los debates económicos actuales. Sin duda, aún más aupada por la concesión del Nobel a este profesor de la Universidad de Chicago.

Comparar el sistema y modo de vida actual en España con el de la época franquista es de una ignorancia supina, o de una notoria “mala intencionalidad”

El año 2017 nos ha dejado, como no podía ser de otra forma, multitud de noticias en todos los ámbitos. Y una sorpresa: los que pensábamos que la Constitución de 1978 había abierto el campo de la libertad, la igualdad y nos había puesto en el camino del progreso tras superar con sufrimiento y esfuerzo la amarga dictadura ¡estábamos muy equivocados…! Si no fuera tan serio, daría risa… Prefiero pensar que quienes hablan con desprecio del régimen del 78 carecen de la formación necesaria para evaluar la situación. O quizás de la madurez. Desde luego, lo que no tienen es razón.
Es evidente que no existe la razón absoluta. Al menos no siempre, porque desde luego en este caso hay una serie de verdades objetivas que lo avalan.
Bien es cierto que, como cualquier democracia, la española precisa de una constante vigilancia y revisión, sobre todo en problemas de tal gravedad como la corrupción y el desempleo, por citar algunos, que motivan la necesidad de profundizar en temas cruciales para lograr la mejora y profundización de las libertades e igualdad de oportunidades.
Pero la realidad, es que comparar el sistema y modo de vida actual en España con el de la época franquista es de una ignorancia supina, o de una notoria “mala intencionalidad”. El final de un régimen dictatorial de tantos años, y la posterior elaboración de la Constitución de 1978, supuso la llegada de los valores democráticos que, lógicamente, han incidido en casi todos los ámbitos de la sociedad de nuestro país.
Analizar esa enorme transformación en tantos aspectos, requiere un espacio y tiempo mayor. De forma que, obviando la libertad de asociación, expresión y manifestación existentes, resaltaré aquellos que, a mi juicio, son más gráficos, en contraste con la España de aquel régimen autoritario.
Respecto a los derechos de la mujer, hasta 1981 las mujeres debían pedir permiso a su marido para poder trabajar, cobrar su salario, ejercer el comercio, abrir cuentas corrientes en bancos, sacar su pasaporte, el carné de conducir... La mujer casada seguía la condición de su marido en cuanto a su nacionalidad y vecindad civil. El marido podía disponer de los bienes comunes sin su consentimiento, con la sola excepción de los inmuebles y establecimientos mercantiles.
Hasta el año 1981 la mujer soltera se equiparaba al menor, y no podía abandonar la casa sin el consentimiento paterno.
Ejemplo de la subordinación de las mujeres, es el hecho de que el adulterio de la mujer constituyera causa legítima de separación para el hombre, en cualquier caso. Sin embargo, en el caso del marido, solamente cuando existiera escándalo público o menosprecio para la mujer.
Respecto a temas políticos o de libertad de expresión: criticar al gobierno, implicaba cárcel, muchas veces tortura y hasta en determinados casos pena de muerte. Es notorio, que, si hoy estuviéramos en aquella dictadura, Twitter y las redes sociales estarían vacías. O sus autores en circunstancias muy diferentes a sus entrevistas en los platós de televisión, las emisoras de radio o incluso en sus “exilios voluntarios”.
La policía podía irrumpir en un domicilio sin orden judicial. El proceso era meramente rutinario. Las leyes dictadas en el ámbito de orden público tenían efecto retroactivo, es decir se podía condenar por alguna circunstancia que era legal en el momento que se realizó.
Pasar una noche con tu pareja en un hotel sin estar casados, era un delito. De la misma forma, abrazarse o besarse en un parque público, podía acarrear una llamada al orden por el correspondiente agente de la autoridad, o incluso ser sancionado con una multa.
No se podía hablar o cantar en público en otra lengua que no fuese el castellano.
El hecho de ser homosexual conllevaba pena de cárcel. Con la ley de vagos y maleantes, si no tenías un domicilio fijo y un empleo te podían enviar a un campo de trabajos forzados.
El hecho de reunirse en la calle, aunque fueran tres o cuatro personas, podía ser sancionado. 
En fin, podríamos pasar horas hablando de la brigada político-social...
Por citar otros aspectos cruciales en el contexto social, hay que recordar a la Ley del Divorcio de 1981. Desde ese año, más de 600.000 parejas se han divorciado en España y la ruptura del matrimonio se ha vuelto algo totalmente natural.
En la década de 1980, la mayoría de parejas alegaba ludopatía, alcoholismo, infidelidad o incluso maltrato en el momento de pedir el divorcio. Hoy, casi todas las separaciones se justifican por la “infelicidad” de la pareja.
Por otro lado, hay que añadir la participación y normalización social del colectivo homosexual, con opción al matrimonio desde 2005.
Otro aspecto a destacar, ha sido la Ley de Despenalización parcial del aborto de 1985La interrupción del embarazo era un delito castigado en el Código Penal sin excepciones hasta 1985. La llamada popularmente como “ley del aborto”, ha establecido unos supuestos en los que, por concurrir determinadas circunstancias, la interrupción no es punible.
España ocupa la novena plaza en el ranking de economías desarrolladas, y en renta per cápita ocupamos una situación media-alta, siendo la sexta economía mundial en inversión exterior. Es indudable que es el fruto del esfuerzo y trabajo de su población, y está íntimamente ligado al llamado, en mi caso “de forma elogiosa”, régimen del 78.
Comparar las situaciones que hemos vivido este año con ocasión de la crisis catalana -si bien algunas han sido desagradables, independientemente de quiénes fueran los responsables- con la represión franquista, hace daño a los oídos de los que hemos vivido esa etapa o incluso de quienes hemos escuchado lo que ocurrió. Bien es cierto que no hay régimen político ni económico perfecto, todos son mejorables y esa ha de ser nuestra meta y la de nuestros políticos. Pero solo se puede aprender y comprender a través de los errores. Y para este fin, el primero de ellos sería desconocer, de forma voluntaria o malévola, nuestro pasado. La lucha de tantos españoles durante los largos años de la dictadura y de los artífices de la casi impecable transición no merece ese olvido.
Propongámonos como propósito de cara al nuevo año buscar, a través de la solidaridad, el respeto y el entendimiento, nuevas vías de solución a los problemas políticos. Reformando lo que haya que reformar. Pero siempre en democracia.

jueves, 14 de diciembre de 2017

SITUACIÓN ECONÓMICA ESPAÑOLA Y MUNDIAL A DICIEMBRE 2017: es necesario subir los salarios

La Comisión Europea ha elevado sus previsiones de crecimiento del PIB de España para este año del 2,8% al 3,1%, y para 2018 del 2,4% al 2,5%, con una moderación del 2,1% en 2019. Eso sí, hay un peligro para el crecimiento y se llama Cataluña, si bien evita ponerle cifras al impacto que provocaría.
En sus previsiones de otoño, la institución cree que el conflicto catalán puede ser un “riesgo” para el PIB en el futuro. “La reacción de los mercados a los acontecimientos recientes en Cataluña ha sido contenida, pero hay un riesgo de que los acontecimientos del futuro puedan tener un impacto en el crecimiento”.

GLOBAL:

La OPEP, el cartel de 14 productores de petróleo, ha acordado prorrogar durante nueves meses, hasta finales de 2018, los recortes en la producción que, premeditadamente, han logrado subir los precios. De no haberlo renovado, este pacto habría vencido el próximo mes de marzo. A esta decisión se han adherido otros diez productores, entre ellos Rusia, no miembros de la OPEP.
La decisión prorroga la retirada del mercado, que se acordó desde principios de 2016, de casi 1,8 millones de barriles diarios. La medida ha dado lugar a que el precio del brent se haya elevado más del doble, hasta llegar a los 63 dólares actuales por barril.
Rusia ha aceptado por primera vez reducir su producción, pero ha mostrado cierta disconformidad, ya que alega que la política de recortes de la oferta beneficia a los rivales que en Estados Unidos se dedican al fracking. 

UNIÓN EUROPEA:

Alemania ha cerrado el tercer trimestre de este año creciendo su PIB al 0,8%. El impulso viene favorecido por las exportaciones que han aumentado alrededor de un 1,7%.
La economía germana suma ya tres mejores trimestres consecutivos desde antes de la crisis.
El PIB alemán ha crecido a un ritmo interanual del 2,8% entre julio y septiembre, su mejor cifra desde el primer trimestre de 2014. Este crecimiento empuja a la economía de la zona euro, junto a otros países, como España que va a crecer por encima del 3%.
En contraste, Francia e Italia, la segunda y tercera economía del euro, se encuentran a la cola de esa recuperación. Ambas economías, en un momento delicado, crecerán poco en 2017 y 2018 (alrededor del 1,5%).
Italia tiene un problema de sobreendeudamiento y va a entrar en unas elecciones políticas inciertas; y la Francia de Macron se enfrenta a protestas por las calles como consecuencia de las reformas que no acaban de cuajarse.
La Comisión Europea elevó para la eurozona sus previsiones de crecimiento económico este 2017 hasta el 2,2%, el mayor aumento en una década, en tanto que para 2018 anunció un incremento del PIB del 2,1%.
En el tercer trimestre, la eurozona creció al 0,8%, el mejor ritmo en seis años, desde 2011 y, según las previsiones de otoño de la Comisión Europea, el crecimiento se mantendrá algo más bajo, pero en torno al 2%, en 2018 y 2019. Bruselas ha destacado que continua "el ajuste de los desequilibrios" previos a la crisis, y subraya que el paro bajará por debajo del 8% en 2019, aunque con grandes diferencias entre los Estados miembros.
Según la Comisión Europea, la recuperación es aún "incompleta" y está plagada de fenómenos "atípicos. La inversión no termina de recuperarse y no hay incrementos salariales dignos de ese nombre”.
Señala que existen muchos riesgos: en el exterior, las tensiones geopolíticas y el endurecimiento de las condiciones financieras por el cambio de sesgo de las políticas monetarias, especialmente en Estados Unidos; en Europa, la complicación del Brexit; la apreciación del euro (que dificulta las exportaciones continentales); y la aparición de burbujas inmobiliarias y tensiones políticas como el desafío independentista catalán.
Bruselas cree que Cataluña no sólo puede tener impacto en el crecimiento de España, sino que también traslada ese riesgo para el conjunto de la economía europea.
Aunque las recetas tradicionales no han cambiado (reformas y contención de gastos), el informe contiene alguna novedad con algún rasgo marcadamente keynesiano: elevar los salarios "sería importante para la sostenibilidad de la expansión económica" de la zona euro.
Bruselas critica el bajo crecimiento de la productividad, y porque el subempleo es la norma desde Alemania (con los minijobs) hasta España. Pero añade una dinámica más preocupante: los agentes económicos están incorporando a sus expectativas la bajísima inflación.
Finalmente, se especifica que “aunque las tensiones deflacionistas han desaparecido por las políticas extraordinarias de Mario Draghi y su BCE, los índices de precios malviven en una extraña anemia que impide una recuperación completa”.
Por otro lado, el Banco Central Europeo va a comenzar a retirar algunas de las medidas históricamente extraordinarias de política monetaria. Mario Draghi, ha asegurado que ese proceso será gradual para no poner en peligro la reactivación, pero ha pedido a los agentes sociales que den prioridad a las subidas salariales respecto a las medidas de seguridad en el empleo. “Europa necesita incrementos de sueldos”.
Tanto la Comisión Europea, el FMI y el BCE tradicionalmente durante muchos años, vienen postulando reformas laborales que, lo que realmente han conseguido, ha sido quitar poder de negociación a los sindicatos y provocar fuertes devaluaciones internas (bajadas de los salarios) en el Sur de Europa: caídas de los costes laborales con el objetivo de recuperar competitividad.
Pero parece que los tiempos han cambiado: el presidente del Banco Central Europeo lleva meses reclamando subidas salariales ante la constatación de que la inflación no termina de recuperarse a pesar de toda la munición monetaria.
Esa posible situación de agotamiento de la munición de la política monetaria, le lleva a declarar que "la mejoría en los mercados laborales aún debe traducirse en subidas salariales". De forma que ha reclamado la prioridad de los incrementos de los salarios, frente a otras demandas en el mercado de trabajo.
Mario Draghi cree que una parte del problema es que los agentes sociales han incorporado a las expectativas los “animal spirits keynesianos” (la emociones o afectos que influyen en el comportamiento humano y que se puede medir en términos de la confianza de los consumidores): el largo periodo de inflación cero (trampa de liquidez a la japonesa), incluso de riesgo de deflación en el que se ha metido la economía europea.
Según Draghi, "la recuperación de la eurozona es una historia de éxito". El mérito se debe al histórico programa de compra de deuda (la versión europea del QE o programa de expansión cuantitativa) de la mayor parte de la situación.
Igualmente, señala Draghi que no ve riesgos sistémicos para la estabilidad financiera: no contempla una segunda Gran Recesión, a pesar de que avisa algunas burbujas hipotecarias en determinados mercados locales.
No obstante, advierte de que la enfermedad económica europea sigue ahí, en algunas macrovariables: las dificultades de conseguir una aumento de los precios, obligan al BCE a una larga salida del QE, y a dejar los tipos de interés próximos al 0% o, aún durante años, incluso en negativo.
La realidad, es que como se ha citado anteriormente, “la política monetaria ha agotado su munición” (no da para más). En contraste, siguiendo la ideología económica imperante, Europa continúa negándose a acompañar a la política monetaria con estímulos fiscales.
Por esa razón, Draghi, propone una última posibilidad: subidas salariales nada fáciles de imponer, ya que también dependen de la evolución de la productividad y de los agentes sociales.
España es una de las economías donde, dentro del paquete de las reformas laborales, se ha dado prioridad a salarios bajos, con incrementos nulos, o incluso propiciando bajadas salariales.
Por otro lado, para completar la unión monetaria y evitar que el euro salte por los aires en la próxima crisis. Bruselas va a proponer a principios de este mes de diciembre un fondo de estabilización. Algo así como la versión europea del FMI. La Comisión Europea quiere aprovechar la recuperación. Según ha declarado, hay que "completar el euro” (hace casi 16 años desde que las primeras monedas y billetes de euro entraron en circulación en la región).
El borrador de la Propuesta sobre la creación del Fondo Monetario (FME). (podría acabar llamándose Fondo Europeo de Estabilización si cuaja la denominación que prefiere Mario Draghi), tiene en cuenta la sensibilidad alemana, y se inicia con las propuestas del francés Emmanuel Macron, alineado con el jefe de la Comisión, Jean-Claude Juncker, en la necesidad de activar una reforma más ambiciosa. Las medidas permitirían dar un salto adelante en la Unión Bancaria, al permitir que el FME actúe como cortafuego común cuando se cierre un banco.
Estos son los principales rasgos del nuevo fondo propuesto:
La conversión del Mede (mecanismo de rescate europeo), ya que el nuevo FME será clave para “salvaguardar la estabilidad financiera”.
Contaría con Medio billón más un 20%, para rescatar países "a cambio de una estricta política de condiciones", como ocurrió en el rescate español.
El Mede está formado por los países del euro, que lo financian directamente, mientras que el nuevo FME será más amplio: la Comisión le otorga un papel fundamental en la culminación de la unión bancaria, por lo que el abanico de países que formarán parte de ese nuevo fondo de estabilización incluye los socios que forman parte de la unión bancaria.
El FME apoyará "en el futuro" la función de estabilización de la eurozona: un presupuesto del euro para luchar contra shocks asimétricos, contra crisis en un solo país. La oposición alemana gana la partida en este capítulo: solo se usará después de cada país use sus estabilizadores automáticos (el seguro de desempleo, por ejemplo) y las políticas fiscales discrecionales. "Si eso no es suficiente se podrá activar la función de estabilización", dice la propuesta.
En todo caso, desafortunadamente, el veto alemán sigue presente:  el nuevo FME tendrá un consejo de gobernadores (los ministros) y un consejo de dirección, con un director general, el alemán Klaus Regling. Las decisiones más importantes (elevar el capital o rescatar a un país) se tomarán por unanimidad; los desembolsos de los rescates se aprobarán por mayoría cualificada, con el 85% de los votos (frente al 80% actual). Eso da derecho de veto a Alemania, a Francia y a Italia: cualquiera de esos países puede bloquear una decisión por sí solo. España, con un 12%, sigue sin poder de veto.
Finalmente, en este apartado destinado a la Unión Europea, hay que señalar que en este momento se ha avanzado en la negociación del Brexit. No obstante, la falta de cohesión en el Reino Unido para acudir con una sola voz a las negociaciones, ha impedido el acuerdo: en este caso por la frontera irlandesa.
En las reuniones celebradas, la primera Ministro May aseguró que sólo quedan un par de divergencias pendientes, esperando un próximo acuerdo: “aún confío en que concluiremos esto de manera positiva”.  
La llamada “factura de salida” (cantidades que Londres deberá a Bruselas como consecuencia de la salida del RU) ha dejado de ser un obstáculo insalvable y la solución al problema de la frontera de Irlanda parece cercana. Al cabo, en Bruselas queda la convicción de que el resultado dependerá en buena medida de la capacidad que tenga la líder británica para atraerse el apoyo de su partido y de la formación unionista de Irlanda del Norte que la apoya en el Gobierno. El rechazo de ese partido, la DUP, al encaje único que pretendían certificar Bruselas y Londres fue decisivo para que se frustrara. Y en ese debate los socios europeos poco pueden hacer.  
Los problemas de la frontera entre la República de Irlanda, miembro de la UE, y su vecina Irlanda del Norte, territorio británico que abandonará el club británico con Reino Unido. Londres había rehusado hasta ahora ofrecer salidas concretas ante la evidencia de que, si el país sale de la UE, resulta imposible mantener la frontera invisible que existe ahora entre Irlanda y sus vecinos británicos del norte. Al mismo tiempo, los temores a que cualquier tipo de linde en ese territorio pudiera avivar el conflicto que se prolongó durante 30 años, hasta 1998, han impulsado a todas las partes a prometer que evitarán una frontera física. Pero las alternativas son limitadas.
La presunta solución que parece haber encontrado Londres y Dublín reside en el compromiso británico de que mantendrá su regulación (por ejemplo, en materia fitosanitaria) alineada con la de la Unión Europea para permitir que bienes y servicios sigan circulando sin controles por ese punto norirlandés que, tras marzo de 2019, se convertirá en frontera exterior de la UE.
Pero la convergencia en Irlanda del Norte debe garantizarse permanentemente y en todos los dominios. Y resulta difícil de explicar a las empresas por qué entre Belfast y Dublín no deben someter los intercambios de mercancías a la correspondiente inspección aduanera, mientras que entre Londres y Dublín sí. Está por ver, además, qué ocurriría con el tráfico de personas.
Paradójicamente, la solución para el problema irlandés parece depender de que Reino Unido acepte cumplir con la regulación europea a perpetuidad (las normas que quiso rechazar la ciudadanía al votar no a la permanencia en la Unión Europea).

ESPAÑA:

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) se ha sumado a las alertas sobre Cataluña: "la persistencia de tensiones en Cataluña podría hacer disminuir la confianza de los consumidores y las empresas, frenando la demanda doméstica más de lo proyectado".
La OCDE deja la previsión de crecimiento de la economía española para el año que viene en el 2,3%, justo la misma tasa de aumento del PIB que remitió el Gobierno a Bruselas. Entonces advirtió de que se podrían perder en 2018 unas 3 décimas por Cataluña, esto es, unos 3.000 millones de euros. En junio, la OCDE había pronosticado un 2,4% para 2018, apenas una décima más.
La Autoridad Fiscal cifró el posible efecto en una pérdida entre 3.000 y más de 12.000 millones, y el Banco de España, entre 3.000 y 27.000 millones en dos años. Todos estos eran escenarios hipotéticos que dependían de cuánto se perpetuaba el problema. "Las tensiones políticas en Cataluña han elevado la incertidumbre", apunta la OCDE.
Hasta ahora solo se han registrado pequeñas caídas en el comercio, el desempleo, las pernoctaciones hoteleras y las ventas de viviendas y automóviles, todas ellas rúbricas afectadas por la incertidumbre tras el referéndum ilegal del 1 de octubre.
Cosa distinta será comprobar si los traslados de empresas terminan restando inversiones y, por lo tanto, capacidad de crecimiento de la economía catalana a medio y largo plazo.
Respecto a 2018 y 2019, el llamado club de los países ricos augura una moderación del crecimiento, si bien permanecerá en niveles robustos: el 2,3% en 2018 y el 2,1% en 2019. "La demanda doméstica se suavizará, conforme se disipe el impulso proporcionado por los precios del petróleo y los impuestos más bajos", sostiene la OCDE. Por otro lado, añade que la creación de empleo sostendrá la demanda interna, y que las ganancias de competitividad seguirán favoreciendo las exportaciones incluso si la demanda externa se ralentiza. Además, la política monetaria continuará apoyando el crecimiento de España.
Eso permitirá bajar la tasa de paro hasta el 15,4% en 2018 y el 14% en 2019. A finales de 2019 se colocará en el 13,5%, avanza el organismo. Sin embargo, esta tasa estará "muy por encima de la de la zona euro" y afecta mucho a jóvenes y desempleados de larga duración. De ahí que recomiende reformas. "Para mejorar el crecimiento de la productividad de España, se deberían priorizar reformas estructurales adicionales que fomenten la inversión y la innovación y mejoren las capacidades de la fuerza laboral", explica. Y pone un mayor énfasis en el habitual recetario para atajar el exceso de temporalidad en el empleo.  
También se insiste en mejorar las políticas activas de empleo para recolocar parados y en reforzar la formación profesional, lo que en su opinión "podría mejorar las perspectivas laborales de los menos cualificados reduciendo la desigualdad".
Por último, aunque la deuda de empresas y familias ha descendido en 55 puntos porcentuales de PIB, la OCDE advierte de que este proceso de desapalancamiento o desendeudamiento no ha terminado. Sobre todo, en las empresas de la construcción y las familias con ingresos bajos. Pese a que reconoce que el sistema financiero español es ahora más fuerte, subraya que todavía se enfrenta a retos en el medio plazo debido a "la baja demanda de crédito y rentabilidad. Incluso si la morosidad ha bajado mucho, permanece relativamente alta en unas pocas instituciones financieras", resalta. Por eso, anima a reforzar todavía más los balances de las entidades.
En cuanto al entorno global, la OCDE destaca la recuperación generalizada de los países. Sin embargo, hace mucho hincapié en que el crecimiento no es todavía lo robusto que debería ser, y se encuentra amenazado por el exceso de deuda y los altos precios de los mercados financieros.
Por lo que respecta al mercado de trabajo, el empleo ha caído y ha aumentado el paro: la hostelería pierde fuelle y no hay otro sector que en temporada alta que lo compense. El paro subió en 7.255 personas, hasta los 3,47 millones, y la Seguridad Social perdió 12.733 afiliados.
Los datos podrían haber sido mejores, si no hubiera sido porque noviembre acumula más indicios de que la crisis política catalana ha enfriado algo su buena marcha económica: el paro registrado subió en 7.391 personas, el peor dato desde 2009.
En noviembre la Seguridad Social perdió 4.038 afiliados, un dato que empeora sensiblemente lo sucedido el año anterior. Otras señales apuntan a que el procés se está cobrando su factura económica: las reservas hoteleras menguan y el comercio minorista vende menos. Y esto acaba por llegar al mercado laboral. En noviembre la Seguridad Social perdió 4.038 afiliados, un dato que empeora sensiblemente lo sucedido el año anterior.
Pero si hay un dato que muestra que las cosas se han deteriorado es el paro registrado. El mes pasado las oficinas de empleo catalanas contaron 7.391. Es el peor noviembre desde 2009. También Baleares tuvo un comportamiento muy negativo. No obstante, si se compara lo sucedido este año con la media registrada desde 2008, se aprecia que el aumento del desempleo en Cataluña supera en un 48% ese promedio. En cambio, en Baleares, donde el final del verano y la temporada turística convierten en habitual una muy pronunciada subida del paro al llegar el otoño (12.500 parados más el mes pasado), el incremento empeoró en un 25% lo sucedido en los últimos nueve años.
Este enfriamiento no se ha trasladado al resto de España, donde el mercado laboral ha seguido mejorando a un ritmo alto. Los datos mensuales han sido negativos, pero por debajo del año pasado. Y, además, cuando se observa los números limpios de los efectos de la estacionalidad ambas cifras se convierten en positivas.
Un aspecto positivo que se repite, es la buena marcha del régimen general, con el que cotizan a la Seguridad Social los asalariados. Su crecimiento supera holgadamente el del conjunto del sistema. En el último año, el incremento es del 4,7%. La cifra absoluta, 625.956 afiliados más en este régimen, casi iguala a la de todo el instituto previsor, en el que también se agregan los autónomos y los regímenes especiales (mar, carbón, hogar o agrario).
Pese a este incremento del régimen general, el volumen total de empleo de peor calidad continúa creciendo y ganando peso en el conjunto del mercado laboral. Según los datos de la Seguridad Social, los afiliados que tenían un contrato temporal y/o a tiempo parcial suponen un 41,3%.
En otro orden, hay que resaltar que en noviembre los precios han registrado una subida interanual del 1,6 %, sin duda debido al incremento de los precios de la gasolina y gasoil. No obstante, esa subida ha sido compensada en parte por la ralentización de otros componentes de la cesta de la compra.
El indicador adelantado del índice de precios de consumo (IPC), que ha publicado el Instituto Nacional de Estadística (INE), muestra una tasa positiva de inflación por quinto mes consecutivo, pero mucho más moderada que la contabilizada a comienzos de año, cuando se disparó al 3 %.
De confirmarse esta tasa el próximo 14 de diciembre, aún estaría por encima del 1 % que, según las previsiones del Gobierno, marcará al cierre de año, de forma que la inflación media de 2017 se sitúe por debajo del 2 %.
Asimismo, el indicador adelantado del índice de precios de consumo armonizado (IPCA que mide la evolución de los precios con el mismo método en todos los países de la zona euro) se situó en noviembre en el 1,7% interanual, la misma que en octubre.
En cuanto a la evolución mensual, los precios de consumo subieron un 0,4% en noviembre con respecto a octubre, y un 0,3% en el caso del indicador armonizado.
En otro orden, según ha informado el Banco de España, las empresas siguen manteniendo congelados a los salarios. El dato proviene de la Central de Balances de las empresas no financieras que elabora el Banco de España.
La remuneración media por asalariado entre las grandes empresas disminuyó un 0,2% hasta septiembre, mientras que en 2016 se recortó un 0,1% cogiendo el total de compañías. Al analizar los tamaños de las firmas, las medianas empresas subieron un 0,9% sus salarios hasta septiembre mientras que las grandes los recortaron un 0,2%. Como las mayores compañías del país tienen un peso mayor en la muestra, la media final trimestral da una bajada del 0,2%. En 2016 se dio la misma tendencia: si las pequeñas empresas subieron los sueldos un 0,8% y las medianas los elevaron un 1%, las grandes los recortaron un 0,3%.
Los empleados que entran al mercado laboral cobran menos que los que ya están, lo que presiona a la baja la estadística de remuneración media. Un factor que alimenta este fenómeno es la dualidad laboral entre fijos y eventuales cuya brecha sigue aumentando.
En cuanto a los beneficios han aumentado un 68,5%, y las condiciones de financiación han mejorado, ya que los costes financieros continuaron bajando (un 11,6%).
Una negativa noticia, según datos del INE, es que la inversión en I+D sigue perdiendo peso en España. Y es que, a pesar de la recuperación económica, la inversión en Investigación y Desarrollo ha caído aún más. Aunque el gasto aumentó un 0,7% en 2016, la economía creció un 3,3%. Así que el desembolso se situó en el 1,19% del PIB frente al 1,22% de 2015. Es decir, la proporción de I+D en la economía retrocede.
Pese a que este aspecto tiene un papel fundamental para beneficiarse de la revolución tecnológica, España continúa perdiendo puestos en el ranking europeo.

MERCADOS:

Las tensiones geopolíticas han aflorado. A primeros de diciembre, Las Bolsas europeas, replicando las caídas de Wall Street y el frenazo registrado en Asia, han caído por debajo de los 13.000 puntos del Dax alemán y los 10.200 del Ibex.
Los inversores en Bolsa se decantan por la recogida de parte de los beneficios cosechados en el ejercicio que está a punto de finalizar.
El temor a un recrudecimiento de la tensión en Israel mantiene en guardia a los mercados. El freno de las tecnológicas y los temores a una escalada de la tensión en Corea del Norte, debido a las maniobras militares de EEUU en la zona, han desinflado al Nikkei japonés.
Las Bolsas europeas no logran hacer frente a las presiones bajistas, y los números rojos se generalizaron a principios de este diciembre.
Por otro lado, el Tribunal Supremo español ha dictaminado la nulidad parcial de una hipoteca multidivisa por la falta de transparencia con la que la comercializó el banco, al entender que la entidad no detalló debidamente a su cliente de los riesgos que asumía.
La sentencia adapta la doctrina recientemente fijada por el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), que el pasado mes de septiembre estableció los criterios mínimos de transparencia que deben cumplir los bancos para poder comercializar estos créditos.
El fallo, contra Barclays (cuyo negocio español fue asumido por CaixaBank), allana el terreno a resolver a favor de los consumidores el importante volumen de litigios en materia de hipotecas multidivisa que hay abiertos en toda España. De hecho, varios juzgados españoles se habían adelantado ya a conocer el sentido del fallo del Supremo y venían resolviendo contra la banca en base al pronunciamiento europeo.

EMPRESAS:

El sistema financiero internacional estrenará al comienzo del próximo año 2018, un nuevo método para calcular las dotaciones o provisiones frente al impago de los créditos (lo que en el ámbito contable se reconoce como deterioro de valor).
Según un informe de BBVA Research, la nueva normativa contable IFRS 9, obligará a los bancos a hacer provisiones por los quebrantos esperados, y no cuando se produce el impago, como ahora. La normativa, que en nuestro país está siendo adoptada a través de una nueva circular del Banco de España, obligará a la banca española en su conjunto a elevar un 21% su nivel de provisiones en el momento de adopción del cambio. Esto, según cálculos propios, implicará un esfuerzo adicional de 5.200 millones de euros en dotaciones.
Las provisiones acumuladas por el sector financiero español ascienden actualmente a 48.200 millones de euros aproximadamente, según datos sectoriales. Por tanto, un incremento del 21% supondría elevarlas a 58.300.
Así, el conjunto de entidades tendría que afrontar un aumento en los requisitos obligatorios de 10.100 millones. Teniendo en cuenta que los bancos nacionales tienen ya un colchón de provisiones por encima de los requisitos exigidos de unos 4.900 millones, las necesidades finales se reducen a unos 5.200 millones.
El Servicio de Estudios del BBVA, en su informe mensual de noviembre “Situación Banca”, señala que “a pesar de que el impacto parece reducido para el sistema en conjunto, es muy heterogéneo entre los bancos”. Se calcula que ese incremento del 21% en las provisiones equivale a una caída del nivel de capital de máxima calidad del sector (CET1 establecido por el Comité de Basilea) de 67 puntos básicos.
Tanto el Banco de España como la propia industria bancaria han reiterado en numerosas ocasiones que el impacto de la norma en el sector no tendrá un impacto significativo en términos agregados. Ahora bien, ese aumento del 21% en las provisiones y la reducción del capital de 0,67 puntos está por encima del coste medio para la banca de la Eurozona.

El pasado mes de julio la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés) estimó en un 13% el esfuerzo adicional de saneamientos y en 45 puntos básicos la merma de los recursos propios de las entidades como consecuencia de la dotación a esas provisiones.