miércoles, 10 de junio de 2020

SITUACIÓN ECONÓMICA ESPAÑOLA Y MUNDIAL A JUNIO DE 2020: fuerte incertidumbre


La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) ha advertido, en una sesión de la ONU, de una posible ola de bancarrotas en bancos “débiles” por la crisis de la covid-19, señalando la “necesidad de medidas fiscales para construir un puente sobre el parón” de la actividad económica, destacando que la contracción de la economía global será más grave del 3 % estimado inicialmente por el organismo.

GLOBAL:

El Fondo Monetario Internacional ha alabado todas las acciones acometidas por los grandes bancos centrales comprando activos por valor de alrededor de, nada menos, que 4 billones de dólares para “reducir masivamente la presión en los mercados financieros”: Ha asegurado que el mundo financiero “aún no está fuera de peligro, ya que Las condiciones financieras siguen dependiendo de desarrollos económicos y sanitarios inciertos y los países se enfrentan ahora a la perspectiva de un aumento de bancarrotas que podría afectar a los bancos, particularmente a los bancos con colchones de capital débiles”.
De nuevo, el FMI ha subrayado “la necesidad de medidas fiscales para seguir construyendo un puente sobre el parón económico, y especialmente para ayudar a los trabajadores de las pequeñas y medianas empresas.
Por otro lado, el Banco Mundial ha resaltado en un informe que los grandes impactados económicamente por la pandemia pueden ser los países de renta media y baja, que parten de una situación notablemente más frágil, ya que han recibido un golpe devastador.
“El alcance y la velocidad en la que la pandemia de la covid-19 y los confinamientos que han asolado a los pobres de todo el mundo no tiene precedentes en tiempos modernos”. Según las cifras del Banco Mundial, solo en este año “60 millones de personas podrían caer por debajo del umbral de la pobreza extrema. Y estas estimaciones podrían crecer aún más, con la reapertura de las economías avanzadas como principal determinante”.
Señala el Banco Mundial, que “los países emergentes y en vías de desarrollo con sistemas sanitarios débiles, fuertemente dependientes del comercio mundial, el turismo o las remesas, así como aquellos que necesitan de las exportaciones de materias primas, será particularmente golpeados. Y se transmitirán a través de varios canales: bajos niveles de inversión e innovación, erosión del capital humano de los desempleados y repliegue del comercio mundial y de las cadenas trasnacionales de valor. Estos efectos bien pueden disminuir el crecimiento potencial y la productividad del factor trabajo”.
Sin antes de la crisis las entradas de las remesas de los emigrantes fluían con normalidad, mejorando la calidad de vida de las familias de los emigrados, la parálisis de los mercados laborales de los países ricos ha frenado en seco la tendencia: sin trabajo o con uno peor remunerado es difícil poder enviar dinero de vuelta a casa. En paralelo, y con los inversores apretando el botón del pánico, las salidas de capitales de estos mercados, por mucho los más volátiles, se han convertido en una constante en las últimas semanas.
Según los economistas del Banco Mundial, “la recesión prolongará una década de crecimiento decepcionante en los emergentes, con un daño especialmente severo en aquellas economías que sufran crisis financieras y en los países exportadores de energía”.
Las consecuencias son particularmente graves para los emergentes que dependen de las exportaciones de petróleo, para los que el Banco Mundial señala que “incluso si los precios del petróleo repuntasen a medida que la demanda mundial se recupera, el reciente desplome es un recordatorio de la urgencia de los países exportadoras de poner en marcha reformas que diversifiquen sus economías”.

JAPON:

La economía de Japón se contrajo un 0,9% en el primer trimestre del año con respecto a los tres meses anteriores. El Covid ha agravado un escenario que ya de por sí era preocupante para la tercera economía mundial. La actividad se había contraído en 2019 a causa de la entrada en vigor de una subida del IVA postergada hasta en dos ocasiones; los daños causados por los tifones Faxai y Habigis; y la onda expansiva de la guerra comercial entre China y Estados Unidos.
La situación previa a la pandemia, ya había llevado al primer ministro Shinzo Abe a presentar un programa inicial de estímulos por valor de 13,2 billones de yenes (casi 110.000 millones de euros), un 1,9% del PIB, en diciembre del año pasado.
El consumo privado, que representa más de la mitad de la economía japonesa, perdió un 0,7% en marzo a pesar de que el gobierno no decretó el estado de emergencia (confinamientos y cierres de negocios) hasta finales de mes. Y los meses de abril y mayo, seguro que han sido peores, por lo que se estima una caída intertrimestral del 12% para el siguiente periodo.
Las exportaciones, otro de los pilares del país nipón y que representan hasta el 16% de su PIB, también retrocedieron un 6% en los tres primeros meses del año, a consecuencia de las alteraciones en las cadenas de producción globales y los obstáculos al comercio internacional. Se trata del peor dato para el sector desde 2011, año del fatídico tsunami que provocó el desastre nuclear de Fukushima.
Por todo ello, el Ejecutivo japonés ha puesto en marcha un paquete de estímulos.  El Plan movilizará casi un billón de euros (casi el 20% de su PIB).
Por otro lado, el Banco de Japón ha anunciado que va a “adquirir tanta deuda pública como sea necesario con el objetivo de mantener bajo control los costes de financiación del país”.

ESTADOS UNIDOS:

En un principio se había anunciado que la tasa de paro estadounidense, sorprendentemente, había caído en mayo al 13,3% (se esperaba, como máximo, un 20%). Sin embargo, posteriormente, la Oficina de Estadísticas Laborales anunció que se había producido “un error importante” señalando que la tasa de desempleo probablemente debería ser mayor: “si no se hubiera producido este error de clasificación incorrecta, la tasa de desempleo general habría sido aproximadamente 3 puntos porcentuales más alta que la reportada (un 16,3%)".
Por algunos analistas, no se descarta que el presidente Trump, o alguien de su equipo, puedan haber manipulado para mejorar los datos, ya la mayoría de los especialistas esperaban una tasa de desempleo cercana al 20 por ciento en mayo.
Otros analistas, señalan como muy poco probable la manipulación, ya que la Oficina de Estadísticas cuenta con 2.400 empleados de carrera de enorme integridad.  

EUROZONA:

Si bien la economía de la eurozona parece haber tocado fondo, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, la ha definido como “una contracción sin precedentes” en Europa. Y es que el FMI prevé que el Producto Interior Bruto (PIB) de la zona euro caiga este 2020 un 8,7%. La recuperación empezará en el segundo tramo del año, pero llevará al menos dos años recuperar los niveles anteriores al inicio de la pandemia. Las previsiones de la institución apuntan a que los países de la moneda única crecerán el año que viene el 5,2%, y en 2022 lo harán el 3,3%.
Lagarde explicó que “los indicadores apuntan hacia una contracción aguda de la economía de la zona euro, con un deterioro rápido del mercado laboral. La pandemia del coronavirus y las medidas de contención necesarias han afectado gravemente a los sectores industrial y servicios, haciendo estragos en la capacidad productiva de la economía de la zona euro y en la demanda doméstica. Todo ello acompañado de una gran incertidumbre.
El grado de contracción y de recuperación dependerán de forma crucial de la efectividad de las medidas de contención, del éxito de las políticas para mitigar el impacto adverso en los ingresos y el empleo y la medida en la que la capacidad de suministro y la demanda doméstica queden afectados de forma permanente”.
Por otro lado, respecto a los precios, según la oficina estadística Eurostat, la subida de precios, en el conjunto de la zona euro, bajó al 0,1% en el mes de mayo, en especial a causa de los bajos precios de la energía. El BCE prevé que este año la tasa de inflación se sitúe en el 0,3%; en 2021, en el 0,8%, y en 2022, en el 1,3%.
La realidad, es que el aumento de la preocupación por la creciente amenaza de deflación de la zona euro, justifica la decisión de la institución presidida por Christine Lagarde de aumentar la potencia de sus medidas de estímulo.
El propio Gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha resaltado textualmente que “los riesgos deflacionarios han aumentado y esa es una de las razones por las que el BCE está tomando las medidas que está tomando, para garantizar que el riesgo no se materialice”.
Y es que existe el riesgo de que la pandemia pueda llevar a la zona euro a una espiral de caída de precios similar a la depresión, y arrastre también a los salarios si no se contrarresta el golpe a la economía. El gobernador del Banco de España ha señalado, que “cuando la incertidumbre es muy alta, por ejemplo, cuando existe el riesgo de baja inflación o incluso deflación, la respuesta de la política monetaria debe ser aún más contundente e incluso más rápida. No tiene sentido dudar hasta el último minuto. Cuanto antes se intervenga mejor”.
El Gobernador, Hernández de Cos, apuntó que “la demanda seguirá siendo débil en los próximos meses, incluso cuando se levanten las medidas de confinamiento. Es probable que los consumidores se mantengan cautelosos y sigan ahorrando mientras se preocupan por perder sus empleos o la amenaza de un nuevo brote de coronavirus”. Llegó a citar una alta correlación entre paro y ahorro en España.
En este contexto de ralentización, riesgo e incertidumbre, el BCE ha aumentado su programa de compra de bonos pandémicos en 600.000 millones de euros hasta los 1,35 billones de euros, y lo alargó, al menos, hasta junio de 2021. Esas compras tratarán de absorber las enormes cargas de deuda que los Gobiernos están acumulando.
El BCE ha sacado más artillería de la esperada, ya que la zona euro se halla en el peor trimestre que haya registrado cualquier serie histórica desde el nacimiento del proyecto europeo. La economía de los países de la moneda única se habrá desplomado un 13% entre abril y junio. Y eso que, por ahora, parece que lo peor ha pasado (no se sabe si habrá rebrotes, ni cuando vayamos a disponer de una vacuna).
Debido al coste de la crisis sanitaria, la factura de las prestaciones de desempleo o las ayudas a sus empresas, Bruselas prevé, de momento, que la deuda suba del 84,1% al 102,7% del PIB en el conjunto de la zona euro.
El Programa de Compras de Emergencia Pandémica (PEPP, por sus siglas en inglés), nació dotado con 750.000 millones de euros, de los que, durante la hibernación económica, se emplearon 234.665 millones (el 31% del total). Ello motivó que se agotara el programa rápidamente, por lo que BCE ha vuelto a anunciar su ampliación en 600.000 euros más.
Por tanto, el programa de compra de deuda dispone en estos momentos de 1,35 billones de euros. Se irán empleado hasta “al menos” junio de 2021 o, en cualquier caso, cuando el Consejo de Gobierno del BCE juzgue que la pandemia ha acabado. A partir de entonces, y al menos hasta finales de 2022, los vencimientos de la deuda se seguirán reinvirtiendo. Todo se ha defendido por Lagarde por “la necesidad de apoyar la economía durante la reapertura gradual y proteger la estabilidad de precios a medio y largo plazo”, cuando la zona euro bordea la deflación.
Ante un desplome del PIB del 8.7% en 2020 (que tardará dos años en remontar) y una inflación que a finales de este año estará en el 0,3%, el BCE apuesta por otra oleada expansiva hasta haber apuntalado de nuevo la economía europea. Además de incrementar la potencia del PEPP, el BCE decidió seguir con el programa de compra de activos (APP, por sus siglas en inglés), de 120.000 millones de euros, y mantener los tipos de interés intactos.
En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno del BCE, Christine Lagarde indicó que el órgano rector del banco central no había discutido la posibilidad de adquirir en sus programas 'bonos basura', aunque señaló que la institución seguirá observando la evolución de la situación y adoptando las medidas que considere apropiadas y proporcionadas.
En relación a la situación en la economía germana, el Gobierno de coalición de ese país ha acordado impulsar un programa de gasto público de 130.000 millones de euros., con el que hacer frente a las consecuencias del coronavirus.
Las medidas, que serán aplicadas este año y el próximo, incluyen ayudas a las familias, una reducción del impuesto sobre el valor añadido y varios miles de millones en ayudas a las empresas. El Gobierno concederá una prima única de 300 euros por hijo, que se pagará junto con el subsidio familiar.
El plan anunciado se añade a los 156.00 millones de otro conjunto de medidas aprobado en marzo, al inicio de la pandemia. Su alcance es mayor de lo avanzado en los últimos días.
Del 1 de julio al 31 de diciembre de 2020, el tipo normal del IVA se reducirá del 19% al 16%; y el reducido pasa del 7% al 5%. También se libera a ciudadanos y empresas de la carga de los costes de la electricidad.
También destaca una ayuda para los municipios, que recibirán miles de millones de euros en ayudas del Gobierno.
Los líderes de la coalición también acordaron un apoyo adicional de miles de millones para las industrias que se han visto particularmente afectadas por la crisis. Según un documento de resolución, se prevé una “ayuda puente” de un máximo de 25.000 millones de euros.
Otros 50.000 millones de euros se destinarán a inversiones en tecnologías de futuro, incluida la promoción de automóviles eléctricos y más estaciones de carga. También se promoverá la tecnología del hidrógeno y la inteligencia artificial. Las pérdidas en los ingresos de los impuestos de las empresas locales deben ser compensadas por el Gobierno federal y los länder.
En relación a la economía francesa, el Instituto Nacional de Estadísticas (Insee) ha señalado que el PIB francés podría caer este segundo trimestre del año hasta un 20% para acabar 2020 con una caída probablemente mayor al 8% proyectado por el Gobierno.
Apunta el Instituto que “haciendo la hipótesis que en el mes de junio la economía francesa salve el tercio de la diferencia que la separa todavía de su nivel antes de la crisis, el PIB trimestral podría disminuir alrededor de 20% en el segundo trimestre de 2020, tras un primer trimestre en el que registró un primer descenso de -5,8%”.
Subraya la institución, que “una vuelta a la normalidad parece poco realista a corto plazo. Por lo que el PIB francés cerrará el año con una caída de al menos 8%. Y ese es un valor que todavía podría caer más, ya que el impacto global de la crisis sanitaria en 2020 será ciertamente superior, y la reactivación económica en Francia y en el mundo continuará siendo, en el mejor de los casos, progresiva en el segundo semestre del año”.
Se apoya ese pesimismo, en que a pesar de los “masivos apoyos monetarios y presupuestarios, las razones para que la economía no vuelva a la normalidad en bastantes meses son numerosas: la fuerte perturbación de las cadenas de valor internacionales, el posible peso en la productividad que supondrá la imposición de nuevos protocolos sanitarios o la destrucción de empleo. De acuerdo con sus estimaciones, la disminución de la actividad respecto a la normal fue del 35% en abril de media, del 25% en mayo y será del 14% en junio”.
Nuestro país, como segunda economía receptora, podría captar unos 140.000 millones de euros del Plan aprobado por la Comisión Europea frente a la pandemia, cifrado en 750.000 millones de euros. El Plan ha sido bautizado simbólicamente como Next Generation EU (La UE de la próxima generación).
Una importantísima novedad, es que las ayudas contra la crisis se materializaran mayoritariamente a base de subsidios y no solo de préstamos. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, se reivindica así ante un Parlamento Europeo que la acusaba de falta de ambición. Pero abre una dura batalla entre los Estados miembros, con Países Bajos al frente de los que se niegan a un trasvase financiero.
La presidenta está convencida de que la escena política, social y económica se puede volver aún más apocalíptica sin una intervención financiera masiva que evite el resquebrajamiento definitivo de una Unión Europea.
“Lo que empezó como un virus tan diminuto que no se ve, se ha convertido en una crisis tan grande que no se puede ignorar. Nuestro modelo sin parangón, construido durante 70 años, se enfrenta a un desafío como nunca antes en la historia de nuestra Unión”. La frase, revela una realidad que, desde luego, no puede estar mejor reflejada.
Bruselas calcula que el gasto sanitario adicional en los países de la UE ascenderá, al menos, a 70.000 millones de euros. Y que las necesidades de financiación, como consecuencia de mayor gasto público y menos ingresos, se dispararán en 1,7 billones, hasta alcanzar los 5,4 billones. Además, en el sector privado, la Comisión cree que las empresas de más de 20 empleados sufrirán pérdidas por valor de 720.000 millones de euros, como mínimo, hasta final de año.
Von der Leyen quiere superar el tremendo batacazo “con un concepto nuevo, un salto adelante”. La Comisión Europea propone elevar temporalmente el techo de los recursos propios de la Unión hasta el 2% de la Renta Nacional Bruta. Y utilizar el margen disponible entre el gasto real, que rara vez llega al 1% de la RNB, y el nuevo techo, para lanzar la mayor emisión de deuda conjunta en la historia de la UE.
El margen adicional, de más de 100.000 millones de euros, se utilizaría en forma de avales de los Estados para la emisión de deuda conjunta. El objetivo es captar 750.000 millones de euros para financiar la recuperación en los próximos años. De esta cantidad, 500.000 millones de euros corresponden a subsidios a fondo perdido, y 250.000 millones a préstamos.
Bruselas propondrá a los países amortizar esa cantidad y devolver los intereses con un conjunto de impuestos propios: la tasa al carbono en frontera (que estima que podría generar entre 5.000 y 14.000 millones), los derechos de emisión (unos 10.000 millones), la tasa digital (1.300 millones) o un impuesto a las grandes corporaciones (10.000 millones).
El plan llevará a la Unión Europea a endeudarse masivamente en los mercados financieros por primera vez en 60 años. Y, sobre todo, por primera vez en la historia de la Comunidad Europea, se transferirá una parte de esos recursos en forma de subsidios a fondo perdido.
Los subsidios tendrán una asignación por país en un reparto que colocaría a España, unos 77.000 millones de euros, como el país más beneficiado por detrás de Italia. Y los préstamos serían sin cuotas, pero con salvaguardas para garantizar que llegan a los países más necesitados. De esa partida, a España le podrían corresponder unos 63.000 millones.
El plan cuenta con la bendición por adelantado de la canciller alemana, Angela Merkel, y del presidente francés, Emmanuel Macron, que ya adelantaron la semana pasada su disposición a apoyar un plan de subsidios de hasta medio billón de euros.
El plan, sin embargo, tiene todavía por delante un largo y espinoso camino, entre otras cosas, porque está vinculado al nuevo Marco Financiero Plurianual (2021-2027), que la Comisión también ha revisado. Von der Leyen propone ahora un presupuesto de 1,1 billones de euros, muy por encima de lo que desean los llamados socios “frugales”, es decir, Países Bajos, Suecia, Austria y Dinamarca. Estos países también se resisten a que la ayuda se canalice a través de subsidios y reclaman que sean siempre préstamos reembolsables.
Pero Bruselas tiene varias bazas para convencer a los cuatro frugales. La primera, que serían los más perjudicados por la ruptura de un mercado interior que, según la Comisión, les reporta una riqueza de unos 1.500 euros per cápita, el doble que a Italia (763 euros) y casi el triple que a España (589 euros). El plan presupuestario les ofrece, además, mantener los cheques de rebaja en su contribución anual a las arcas de la Unión, una prebenda que se quería suprimir después del Brexit. Y Bruselas vincula los desembolsos del Fondo de Recuperación a una condicionalidad ligada a los planes nacionales de reforma, para garantizar que el gasto redundará en beneficio de la competitividad y la modernización de los países auxiliados.
El proyecto de Von der Leyen ha recibido, en cambio, los parabienes del Parlamento Europeo, con un respaldo mayoritario de derecha a izquierda. “Ha vuelto la solidaridad europea”, según el líder del grupo Popular, Manfred Weber. E Iratxe García, cabeza del grupo Socialista, ha descrito el plan como “ambicioso, europeísta y en la dirección de lo que habíamos reclamado”.
Von der Leyen plantea un diseño del fondo de recuperación con tres grandes pilares. El primero, un Fondo de Resistencia y Recuperación para sufragar reformas e inversiones vinculadas al mecanismo de vigilancia del Semestre Europeo, que contará con 560.000 millones de euros (310.000 millones en ayudas y 250.000 en préstamos). A ese instrumento se le añade un complemento al fondo de cohesión (llamado React-EU) de 55.000 millones de euros, disponible este mismo año y que tendrá en cuenta sobre todo el impacto de la crisis.
El segundo pilar se centra en el reinicio de la actividad económica a través del estímulo de la inversión privada. Esta parte consta de dos fondos: un Instrumento de Apoyo a la Solvencia para respaldar a empresas en apuros por la pandemia que estará operativo en 2020 y al que se inyectarán 31.000 millones de euros para poder movilizar más de 300.000 millones; y un Fondo de Inversión Estratégica, con 15.000 millones de euros que deben permitir llegar a 150.000 para incrementar la fortaleza y la autonomía estratégica de las cadenas de valor. Además, la Comisión actualizará el programa InvestEU para más que duplicar su capacidad. El tercer pilar, llamado EU4Health, iría a fines sanitarios y de protección civil y tendría un presupuesto de 9.400 millones de euros.
Además, la Comisión propone añadir 55 000 millones de euros a los actuales programas de política de cohesión para ser usados por las regiones lo antes posible, a partir de ahora mismo y durante los próximos dos años, en las regiones donde de la gravedad de los efectos socioeconómicos de la crisis, incluido el nivel de desempleo juvenil, está siendo más acuciante. La propuesta de Von der Leyen añade 40.000 millones de euros adicionales al Fondo de Transición energética Justa y otros 15.000 millones para el Fondo de Desarrollo Rural, que se añadirían al presupuesto de este año.
El resto del presupuesto comunitario para los próximos siete años lo mantiene en los niveles que se habían quedado las negociaciones en febrero, es decir, dentro de los 1,1 billones de euros para los próximos siete años, de modo que por ahora los países no deberán aportar más dinero de lo previsto y el fondo de recuperación permanece aparte, como una excepción única que no crea precedentes.
Para pagar la parte del fondo que no va a ser devuelta, la Comisión propone que los Gobiernos le habiliten para establecer nuevos impuestos con los que recaudar ingresos nuevos que no necesitarían tampoco del auxilio de los países miembros. La presidenta ha dicho que no quiere que sean impuestos individuales, es decir, que no los paguen los ciudadanos en persona, sino que pretende explorar nuevos territorios fiscales como los impuestos al carbono, a la aviación, a las grandes digitales, o al uso de plástico. En 30 años, que es el periodo de amortización que se ha previsto, la Comisión espera haber liquidado esta operación, que no pretende ser permanente sino todo lo contrario.

ESPAÑA:

Los precios cayeron un 1% en mayo por el descenso de los carburantes, en el mayor retroceso de la tasa anual del índice de precios de consumo (IPC) desde hace cuatro años en mitad de la pandemia del COVID-19.
Según el indicador adelantado del IPC publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la tasa de variación anual recorta tres décimas más la de abril, del -0,7 %, y refleja el descenso de los precios de los carburantes y combustibles mientras siguen al alza los alimentos.
El Instituto Nacional de Estadística (INE) recuerda que, a raíz de la situación generada por el COVID, en el cálculo de la variación de precios se han creado dos grupos especiales:
Uno que incluye los productos de alimentación, bebidas, tabaco, limpieza y artículos no duraderos para el hogar, productos farmacéuticos, comida para animales y artículos para el cuidado personal. Los precios de este grupo subieron el 2,8 % en mayo frente al mismo mes del año pasado, tres décimas menos que en el mes de abril.
En detalle, en alimentación y bebidas no alcohólicas la subida en mayo es del 3,5 %, frente al 4 % de abril; con un incremento del 5,4 % para los frescos, también por debajo de la tasa de abril, y del 2,3 % en envasados.
El otro grupo contiene los servicios de alquiler de vivienda y garaje, la distribución de agua, alcantarillado, recogida de basuras, gastos comunitarios, electricidad, gas, gasóleo para calefacción, servicios de telefonía, música y televisión en streaming, seguros, comisiones bancarias y servicios funerarios. En estos servicios, los precios caen un 4,2 %, dos décimas por encima de la registrada en abril.
En la evolución mensual, los productos incluidos en el grupo especial bienes COVID-19 han aumentado sus precios en mayo un 0,1 %; mientras que los servicios caen un 0,2 %.
El INE explica que la recogida de precios se ha realizado de nuevo íntegramente por medios telemáticos y que parte de la cesta de productos del IPC han tenido que ser estimados, ya que continúan sin estar disponible para su adquisición por los hogares.
Así, para el cálculo del IPC del mes de mayo se han tenido que estimar el 18,6 % de los precios, lo que se corresponde con un 21 % de la ponderación del índice.
Con este desplome de tres décimas, el IPC interanual encadena cuatro meses de retrocesos y suma dos meses en tasas negativas.
Estadística destaca el comportamiento de los precios de los alimentos, cuya tasa anual pasa del 4% en abril al 3,5% en mayo.
Aparte del grave problema, dado su peso en el PIB español, del turismo, preocupa la negativa evolución de la industria. El cierre de Nissan en Barcelona dejará a unos 3.000 trabajadores en la calle. El fabricante de aluminio Alcoa despedirá a 534 en su planta de San Cibrao (Lugo) después de vender las de A Coruña y Avilés. Continental se deshará de su planta de Rubí (Barcelona), con una plantilla de 760 personas. Ninguno de esos anuncios está vinculado a la crisis del coronavirus, sino al imparable empequeñecimiento que sufre la industria en España. Antes llegaron los cierres de Vestas en León, de Siemens Gamesa (Miranda de Ebro), de La Naval (Sestao) y de otras muchas compañías que pasaron más desapercibidas.
La Comisión Europea fijó un objetivo para que la industria pesara un 20% este año en el PIB, pero España, según los datos del Ministerio de Industria, lejos de acercarse, se aleja con apenas un 16% (incluida la generación de energía) en 2018.
La encuesta de población activa (EPA) certifica una pérdida de 132.000 trabajadores en el sector durante la última década. Pese a no estar tras los efectos de esa destrucción, la covid-19 sí amenaza con hacer estragos en el mercado y acelerar el proceso de desaparición de actividad industrial, por lo que la Unión Europea ha doblado su apuesta con una nueva estrategia para un sector que es imprescindible para el futuro.
Nadie sabe si el actual proceso responde a una tercera oleada de deslocalizaciones, como ocurrió a principios de los años noventa tras la entrada en el Mercado Único Europeo, o a principios de este siglo, fruto de la ampliación de la Unión Europea. Pero, entre otros factores, el cierre de Alcoa se explica por la competencia asiática, y Nissan prevé trasladar a otras instalaciones su producción de Cataluña.
Para destacados analistas, la industria española cuenta con todos los elementos formales de una política industrial si no fuera por dos problemas: “tendría que dedicar recursos en cuantía suficiente y no tiene un verdadero ecosistema de innovación entre negocios industriales y entre sector público y sector privado. Eso sucede porque España no tiene conciencia clara de que es un país industrial y no ha fomentado esa cultura. El País Vasco sí lo ha hecho”.
Pero la realidad es muy dura: tras los servicios y el turismo (cero llegadas de visitantes extranjeros en abril) la producción industrial española se desplomó un 33,6% en el cuarto mes del año respecto al mismo periodo de un año antes. La cifra suena gruesa por sí sola, pero lo es mucho más cuando se pone en contexto: es el descenso interanual más acusado desde el inicio de la serie que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE), en 1976. Y revela un problema de calado en la cuarta economía del euro: con el sector terciario parado desde el día cero de la pandemia y las manufacturas a medio gas (siendo generosos), el campo y, sobre todo, los programas públicos de sostenimiento del empleo y del tejido empresarial han quedado durante semanas como los únicos resortes.
El dato es consecuencia directa de la crisis sanitaria y de la paralización casi total del sector industrial durante la primera quincena de abril. España, un país en el que la actividad manufacturera no ha dejado de perder fuelle en las últimas décadas, se suma así al resto de grandes socios europeos, en los que la industria tiene un peso mayor y donde los confinamientos han provocado descensos igualmente profundos.
Sin embargo, frente a las voces más pesimistas, la actividad está regresando a la nueva normalidad a una velocidad mayor de la prevista, aunque el sector industrial lo tiene más difícil que el resto en el retorno a la actividad: con la industria automotriz en riesgo desde mucho antes de la pandemia, las dudas son máximas.
La producción industrial encadena ya dos meses seguidos en tasas negativas tras la caída del 10,2% de marzo, un mes en el que el estado de alarma hizo mella en la segunda quincena pero que apenas afectó en sus primeros compases. Abril es, en cambio, un mes íntegramente afectado por las medidas de restricción social que han provocado el cierre de las fábricas no esenciales. La electricidad, uno de los mejores indicadores adelantados de la actividad industrial, ya se había hundido desde el inicio del estado de alarma.
En términos intermensuales (respecto a marzo, y ya corregida por los efectos estacionales y de calendario), la producción industrial general también experimentó un retroceso de dos dígitos, en este caso del 21,8%, frente a la caída del 13,2%. El INE subraya que la declaración del estado de alarma y la entrada en vigor del permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no prestaban servicios esenciales han provocado una paralización casi total de la mayor parte del tejido productivo industrial durante la primera parte de abril y una posterior reincorporación paulatina y escalonada de la actividad.
El hundimiento de la industria automotriz, por mucho, el principal en el entramado manufacturero español, es el más importante y el que hace saltar todas las alarmas ante lo que puede estar por venir en un momento en el que el cerrojazo de Nissan en Barcelona ha puesto en jaque a todo el sector. Con las cadenas globales de valor sufriendo también los rigores de la crisis sanitaria, el desplome de ese segmento llegó hasta el 92% interanual en abril. También se vio especialmente afectado el sector de confección, cuero, calzado y muebles, que sufrió una merma del 70%. Y los alimentos, pese al buen momento que están viviendo en los lineales de los supermercados (no salir de casa o salir menos implica necesariamente una sustitución del gasto en bares y restaurantes por el consumo en el hogar) también bajó, aunque muy ligeramente: 7,3% frente al repunte del 3,6% registrado el mes anterior. En pleno auge del gasto sanitario, los productos de farmacia han sido los que mejor han capeado el temporal: cerraron el cuarto mes del año prácticamente planos, con un mínimo descenso del 0,4%.
Por comunidades autónomas los descensos también son generalizados: ninguna se escapa. Con todo, los mayores desplomes interanuales en abril se registraron en Galicia, Aragón, Castilla y León, Navarra y el País Vasco: todas ellas sufrieron retrocesos superiores al 40% respecto a abril de 2019. En el lado contrario, Murcia (-15%), Extremadura (-23%), Canarias (-24%), Madrid (-26%) y Andalucía (-27%), todas ellas con una evolución claramente mejor que la media nacional.
El Gobierno acepta alargar los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) más allá del 30 de junio. La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha abierto la puerta a la posibilidad de aplazarlos en aquellos sectores que lo necesiten.
Sin embargo, en el pasado mes de mayo, subió la afiliación a la Seguridad Social en casi 190.000 cotizantes entre el final de abril y el de mayo. Y en ese mismo periodo habrían salido de los ERTE 387.815 afectados, según los datos de los Ministerios de Seguridad Social y de Trabajo. Pero el impacto de la pandemia todavía es muy evidente: el paro aún sube (26.573 el mes pasado); desde el 12 de marzo se han esfumado unos 760.000 puestos de trabajo y hay tres millones de afectados por regulaciones temporales de empleo.
Ha aumentado la afiliación al campo, que en los diferentes regímenes de cotización contó con unos 45.000 afiliados más. La construcción incluso mostró más vigor pues aumentó en unos 57.000 la cifra de cotizantes. Y tras ellas la hostelería, que ganó unos 30.000 ocupados.
Respecto al paro registrado, el aumento de 26.573 personas puede parecer paradójico al comparar estos datos con los de empleo. En cambio, no tienen por qué tener un comportamiento exactamente contrario como se ha visto el mes pasado. En este caso, un elemento que puede haber sido decisivo es uno meramente administrativo provocado por la pandemia: el cierre de las Oficinas de Empleo. Durante los meses de marzo y abril cayó el empleo en esos 950.000 afiliados, para muchos de estos trabajadores fue muy difícil apuntarse como demandantes de empleo porque no tenían una oficina a la que acudir y los teléfonos y las páginas web estaban saturadas. Además, con el estado de alarma, los plazos administrativos estaban suspendidos para que los ciudadanos no se vieran perjudicados. Todo esto puede suponer que haya un retraso entre el momento en que se perdió el empleo y la inscripción del parado en la oficina pública.

MERCADOS:

El mensaje emitido por los mercados desde mediados de mayo destierra en gran medida el temor a que a la crisis sanitaria y económica se añada un descalabro financiero que postergue la recuperación. Sin estar, como se dice en mercado, out of the woods, la percepción sí es de clara mejoría.
Sorprende que, con la situación descrita, las Bolsas hayan encontrado nuevos estímulos para acelerar su escalada. El Ibex ha sumado un 4,04% hasta 7.872,60 puntos, su nivel más alto en tres meses. Con esta subida, el selectivo español se ha revalorizado un 10,94% en su mejor semana desde 2008.
Detrás de este resurgir del optimismo sobresalen los nuevos estímulos billonarios lanzados para paliar los efectos de la crisis. Europa ha acaparado todo el protagonismo en las últimas fechas.
Santander y BBVA se colaron entre los cinco mejores valores del Ibex. Los estímulos adicionales del BCE, sumados a los propuestos en el fondo europeo de reconstrucción, suponen una inyección de confianza para los sectores cíclicos. Además de fomentar una recuperación económica más rápida, podrían ayudar a contener el temido repunte en la morosidad.
La crisis desatada por el coronavirus ha convertido a las aerolíneas en uno de los sectores más castigados, y entre sus consecuencias figura también la de la exclusión de Lufthansa del índice selectivo alemán, el Dax. El derrumbe bursátil de la aerolínea alemana, a pesar del aire otorgado por los 9.000 millones recibidos de ayudas públicas, sacará a Lufthansa del Dax después de más de 30 años. Sus títulos se han revalorizado hoy un 5,5%.
En todo caso, se debe extremar la prudencia, ya que cunde le especulación en el mercado
Por lo que se refiere al mercado de divisas, el euro se ha llegado a acercar a los 1,14 dólares, al borde ya de sus máximos anuales, fruto de la mayor racha de subidas desde 2004.
En relación al petróleo, el barril de Brent ronda los 42 dólares, y el barril tipo West Texas, de referencia en EEUU, supera los 39 dólares.
La magnitud de esta crisis se puede medir por muchas variables macroeconómicas, pero una buena forma de saber cómo está afectando a los ciudadanos y a las familias es conocer las peticiones de moratoria en los créditos. Hasta el 31 de mayo, las entidades financieras españolas han concedido 787.921 moratorias hipotecarias y no hipotecarias (al consumo) a los afectados por la crisis del coronavirus, con un saldo vivo pendiente de amortización de casi 33.000 millones, según los datos publicados por el Banco de España.
Por otro lado, el tipo de interés del bono a 10 años se ha situado a la fecha en el 0,56% y la prima de riesgo en 83 puntos básicos. Un nivel que tenía el 27 de febrero. Lo que aleja el riesgo de no poder pagar la deuda, con la consiguiente quiebra: la mejora es drástica en la prima de riesgo de España. A la caída en el interés exigido al bono español se suman las ventas de deuda alemana provocadas por la menor aversión al riesgo. Las tasas negativas en el bund alemán se repliegan al 0,40%.
El resultado es una caída en la prima de riesgo hasta el entorno de la barrera de los 100 puntos básicos. Una barrera de la que no baja desde finales de marzo. En menos de dos semanas, desde el cierre previo a la propuesta de Alemania y Francia de un fondo europeo de ayuda, la prima de riesgo de España acumula un descenso superior a los 30 puntos básicos. El pasado 15 de mayo cotizaba en 137 puntos.
La firma Goldman Sachs ha pronosticado una caída en la prima de riesgo de España hasta los 90 puntos básicos.

EMPRESAS:

Según ha informado en un comunicado, Renault recurrirá a los despidos para asumir la actual situación económica. Recortará 4.600 empleos en Francia y otros 10.000 en el resto del mundo en un plan que persigue una agresiva reducción de su capacidad de producción. El grupo, que ha pedido un crédito de 5.000 millones al Gobierno francés para resolver sus problemas de liquidez después de que en 2019 entrará en números rojos por primera vez en una década, ha asegurado que sus planes no afectarán a España. “No reduciremos capacidad de producción en España”, ha dicho la consejera delegada de Renault, Clotilde Delbos.
El objetivo principal de Renault se basa en recortar sus costes anuales en 2.000 millones de euros, para lo que invertirá en torno a 1.200 millones de euros. El grupo prevé reducir su capacidad de producción de los cuatro millones de vehículos posibles actuales a 3,3 millones en 2024. “Si no lo hacemos nos vamos a encontrar rápidamente con problemas”, ha defendido el presidente del grupo, Jean-Dominique Senard.
Se suspenden los proyectos de ampliación de Marruecos y Rumania y se analizará cómo reducir exposición en Rusia. Los futuros proyectos de coches eléctricos se quedarán en Francia, en sendos centros de excelencia ubicados en Douai y Mauberge. Se reconvertirá la planta de Dieppe, mientras que en el centro de Flins, al oeste de París, se plantea un centro de economía circular y se hará una revisión estratégica de las instalaciones de Fonderie de Bretagne.

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