Sin duda, el mercado es
un mecanismo eficiente en la asignación o utilización de los recursos escasos
disponibles en la economía, así como en la distribución de los bienes y
servicios producidos en la actividad económica.
Ahora bien, de forma
demasiado frecuente, se olvida que determinados bienes y servicios esenciales o
completamente necesarios no pueden dejarse al arbitrio del mecanismo del
mercado. En la propia teoría económica está recogida y explicada la necesidad
de la intervención o regulación del mercado por parte de la autoridad en dichos
casos. Así es defendido y justificado por multitud de prestigiosos hacendistas,
en la teoría de los Bienes Sociales (Musgrave, Samuelson y otros)
En la crisis sanitaria
que estamos sufriendo, claramente, esa necesidad está quedando de manifiesto.
La fundación Civio, una organización sin ánimo de lucro que
lucha contra la opacidad en las administraciones públicas y a favor de la
rendición de cuentas, acaba de publicar un estudio respecto a los precios de
las mascarillas, geles hidroalcohólicos, test PCR, etc.
Por citar algunos
ejemplos: las mascarillas FFP2 pasaron de un precio de 0.25 euros hasta un
precio de 8,00 euros por unidad; los test de antígenos de un precio de 4,50
euros, han llegado a alcanzar la cifra de 21,50 euros; los geles
hidroalcohólicos de 1,72 euros el litro a un precio de 40,00 euros el litro;
etc.
Mención especial merecen
las vacunas. Recientemente se ha publicado que las Administraciones Públicas
han gastado en todo el mundo alrededor de 80.000 millones de dólares en la
investigación (la inversión privada es desconocida ya que no existe transparencia
al respecto). Hay que celebrar el tremendo esfuerzo económico que,
afortunadamente, ha dado sus frutos en un corto espacio de tiempo.
Ahora bien, lo que no es
de recibo es que la industria farmacéutica esté aplicando precios distintos en
cada país o área geográfica –lo que llamamos en la teoría microeconómica “discriminación
de precios”- restringiendo la entrega a determinadas zonas donde las venden a
un precio menor en el mercado. Evidentemente, está buscando de esa forma
incrementar notoriamente sus beneficios.
Según las estadísticas
más recientes que maneja la OMS (Organización Mundial de la Salud), más de dos
millones de personas ya han fallecido a causa de la Covid en el mundo y el
número de afectados superará la cifra de cien millones. Una emergencia grave y
trascendente para la comunidad internacional. De momento, los medios para
atajarla pasan por las medidas sanitarias y sobre todo por la aplicación de las
vacunas que han conseguido elaborar los laboratorios farmacéuticos. Cualquier
maniobra especulativa que ponga en riesgo a gran parte de la humanidad,
privándola de la posibilidad de acceder a las dosis necesarias para
inmunizarse, merece el repudio moral y ético de todos los ciudadanos. El
enérgico rechazo de estas prácticas se refuerza por el hecho de que los avances
en la investigación han sido posibles gracias a la inversión de fondos públicos
como he señalado.
La especulación con el
precio de las vacunas, ofreciéndoselas al mejor postor, es una realidad obscena
que las propias empresas farmacéuticas no niegan, sino que, al contrario,
tratan de justificar invocando las llamadas “leyes del mercado”. Para colmo, gran
parte de los medios informativos y muchos gobiernos y partidos políticos
utilizan este repulsivo mercadeo como munición política para desgastar al
adversario.
En ese sentido, bastantes
lectores argumentarán que es como consecuencia del aumento de la demanda. Pero
me gustaría en este caso llamar al hecho por su nombre, que no es otro que una
enorme especulación que ha dado lugar a un aumento considerable de los
beneficios para los que la han practicado.
Soy un afortunado, ya que
tengo la suerte de disfrutar con la teoría y análisis económico, pero me parece
vergonzoso que se tenga como normal y se justifique lo ocurrido con este tipo
de bienes tan necesarios para la salud y el bienestar de las personas.
En las economías de
mercado se deja en manos de la iniciativa privada el suministro y satisfacción
de aquellos bienes y servicios que integran las necesidades humanas. Pues bien,
pocas son tan realmente necesarias como la salud y el bienestar de las
personas.
Las empresas
farmacéuticas, o las comercializadoras de este tipo de bienes y servicios, no
pueden manejar la distribución de los mismos como si se tratase de cualquier
otro producto de consumo. Como señala un prestigioso juez del Supremo, las
únicas leyes admisibles en una sociedad democrática son aquellas que emanan de
la soberanía popular representada por los respectivos poderes legislativos. Las
“leyes del mercado”, al margen de la soberanía popular, deben ser cuestionadas
en cualquier sociedad democrática que respete los valores y principios que se
recogen en sus constituciones.
Si no se actúa
enérgicamente para atajar estos desmanes, los políticos deben reconocer que
están traicionando los deberes y obligaciones que les ha encomendado el pueblo.
Las instituciones democráticas se convierten en una mera fachada y en un
instrumento ineficaz para conseguir la defensa de los intereses generales que,
en este caso, van más allá de los límites territoriales de un Estado y afectan
a toda la humanidad, sobre todo a aquellas personas que son más vulnerables,
física y económicamente.
De ahí que grandes
juristas estén reclamando que, en las circunstancias actuales, se explore la
posibilidad de evaluar si la especulación, en particular con las vacunas, pueda
incluirse en la categoría de “crímenes contra la humanidad”.
Pero es que incluso, en
un sentido puramente económico, cada paciente ingresado por Covid-19 viene
costando alrededor de 18.700 euros a la sanidad pública. ¿no hubiera sido
mejor, no sólo sanitariamente sino económicamente, distribuir mascarillas
masivamente a la población de forma gratuita, sobre todo a los sectores menos
pudientes y de mayor riesgo?
Respecto a las patentes,
la OMS ha rechazado la liberación de las patentes de las vacunas, (propuesta
inicialmente por Sudáfrica e India) poniendo de relieve que el consenso entre
los países sobre este tema está muy lejos de alcanzarse. Sin duda, la
aprobación de esa medida abarataría las vacunas y facilitaría su provisión en
las economías más pobres.
Es preciso que las
autoridades en las economías de mercado, sin dejar de serlo, tengan un papel
mucho más activo garantizando el suministro de estos bienes y servicios que son
necesidades humanas reales, y no otras, quizá, ficticias que son consideradas
como tales.
Los ciudadanos debemos
exigir ese papel a los responsables públicos.
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